Ante la ausencia de tarifas preferenciales para sectores vulnerables y por la falta de transparencia sobre los estudios técnicos que justifican el incremento de dos pesos al transporte público, los colectivos No al Tarifazo Edomex y Migala presentaron un tercer amparo contra la medida avalada por el gobierno del Estado de México.
El nuevo recurso fue ingresado este martes ante el Poder Judicial de la Federación en Toluca, mientras que el primero fue desechado por cuestiones de temporalidad y el segundo ya fue admitido por un juez federal en Nezahualcóyotl.
Según los colectivos, el gobierno estatal no ha hecho públicos los análisis técnicos elaborados por el Instituto del Transporte y el Instituto Politécnico Nacional, documentos que presuntamente sirvieron de base para autorizar el aumento aplicado desde el pasado 15 de octubre.
Dante Álvarez, integrante de No al Tarifazo Edomex, explicó que los seis amparos serán presentados en distintos distritos judiciales con el fin de ampliar la defensa ciudadana y reforzar los argumentos frente a las omisiones del Estado.
“Hasta ahora se han ingresado tres amparos y la ruta contempla seis. Cada uno perfecciona los fundamentos legales, porque no existe un solo documento público que justifique el incremento”, señaló.
Álvarez añadió que la actualización tarifaria vulnera el derecho a la movilidad y afecta con mayor fuerza a las personas de bajos ingresos que dependen del transporte público para sus traslados diarios.
De cada diez usuarios del transporte público, tres no tienen ingresos y otros tres viven en condiciones económicas precarias. Aun así, el aumento se aplicó sin descuentos ni apoyos.
A diferencia de otras ciudades, la capital mexiquense carece de un sistema de transporte masivo, lo que eleva los costos y reduce las opciones para miles de personas que viajan diariamente por motivos laborales o escolares.
“Toluca es la única entre 14 ciudades del país que no tiene un sistema de transporte público masivo. Pachuca, con la mitad de habitantes, ya opera un BRT; aquí seguimos con concesiones privadas y un servicio deficiente”, señalaron los activistas.
Aunque el gobierno estatal anunció un estudio de factibilidad de 30 millones de pesos para analizar la instalación de una línea de Mexibús en Toluca, el proyecto no aparece en el Plan Estatal de Desarrollo ni cuenta con presupuesto asignado, por lo que su ejecución sigue en incertidumbre.
Con el tercer amparo ya presentado, los colectivos prevén ingresar los tres restantes en las próximas semanas, dentro del periodo legal establecido tras la publicación del decreto en la Gaceta de Gobierno.
Su objetivo es mantener la presión jurídica y social para que la Secretaría de Movilidad transparente los estudios tarifarios y establezca criterios de equidad.
Además, adelantaron que hacia el cierre del año retomarán asambleas y actividades informativas en el Valle de Toluca para sostener el reclamo de un transporte digno y accesible.
Los amparos no son un fin en sí mismos, sino una herramienta para exigir que las decisiones sobre movilidad respondan al interés público y no a la presión de los grupos transportistas.