El Estado de México es la entidad con mayor número de mujeres sobrevivientes a agresiones con ácido y otras sustancias corrosivas, una violencia que se mantiene entre el silencio institucional y la falta de registros oficiales.
Las cifras de la Fundación Carmen Sánchez confirman que los casos se repiten en municipios como Ixtapaluca, Chalco, Toluca, Naucalpan y Chimalhuacán, donde las víctimas enfrentan procesos lentos, cirugías costosas y una justicia que no alcanza.
La organización encabezada por Carmen Sánchez, primera sobreviviente visible en el Estado de México, advirtió que aunque la entidad fue de las primeras en reformar su Código Penal para reconocer este tipo de violencia en 2018, los ataques se tratan como una agravante del delito de lesiones y no como una forma extrema de violencia feminicida.
Las mujeres agredidas, dijo la ahora también activista, no solo luchan por vivir, también por recuperar su rostro, su salud y su derecho a una vida digna.
Carmen fue atacada en 2014 en Ixtapaluca por su expareja, quien le arrojó ácido en el rostro y el cuerpo. Pasó ocho meses hospitalizada y desde entonces ha sido sometida a más de 30 cirugías reconstructivas.
En ese momento el delito no existía en el Código Penal y las instituciones no sabían cómo actuar. Nadie sabía cómo nombrar lo que había pasado, lamentó. Sin embargo, de esa experiencia nació la fundación que hoy lleva su nombre.
“Nosotras, las víctimas, iniciamos este camino sin recursos ni respaldo político, pero con la convicción de que esta violencia se reconociera, se castigara y nunca más se repitiera”, dijo Carmen, quien consiguió una sentencia de 46 años y ocho meses contra su agresor, una de las más altas por tentativa de feminicidio en el país.
Ayer lunes, Carmen Sánchez acudió al Congreso del Estado de México para entregar una iniciativa ciudadana elaborada junto con otras sobrevivientes.
Explicó que la propuesta busca tipificar la violencia química como un delito autónomo dentro del Código Penal, con sanciones más severas y sin beneficios judiciales para los agresores.
Dijo que también plantea una atención integral para las víctimas, que incluya cirugías reconstructivas, rehabilitación, terapias y acompañamiento psicológico, además de la reparación del daño como un derecho garantizado y no como un trámite excepcional.
La fundación ha documentado tres casos en Ixtapaluca, dos en Chalco, dos más en Toluca y otros en Naucalpan y Chimalhuacán, esto pese a que no existen registros oficiales, pero los datos internos de la organización confirman que el Estado de México es la entidad con más sobrevivientes.
En entrevista, Carmen explicó que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre 20 y 30 años y que los ataques provienen casi siempre del entorno más cercano.
En siete de cada 10 casos, los agresores son parejas, exparejas o personas conocidas. El rostro es el principal blanco y, por el escurrimiento del líquido, las quemaduras alcanzan cuello, pecho y brazos.
La cofundadora de la fundación, Ximena Reyes Canseco, señaló que en el país la violencia química tiene un patrón que se repite y que los estados con mayor concentración de casos son el Estado de México, la Ciudad de México y Puebla.
Advirtió que aunque en 2020 el Congreso mexiquense incorporó la agravante por ataque con ácido, los casos siguen investigándose sin perspectiva de género y las víctimas continúan sin acceso gratuito a atención médica ni psicológica.
“En muchos casos hay órdenes de aprehensión giradas, pero no se cumplen y las víctimas seguimos sin reconocimiento, sin atención médica gratuita y sin la posibilidad de reintegrarnos plenamente a la vida”, explicó Carmen, quien actualmente acompaña a 19 mujeres en distintas entidades del país, varias de ellas mexiquenses.
Durante la presentación del libro Revelaciones de un crimen de Estado. Impunidad, corrupción y complicidad, de la periodista Soledad Jarquín Edgar, especialistas y activistas denunciaron que más del 70% de los feminicidios en México quedan impunes. En el país se registran cerca de tres mil feminicidios al año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La sentencia que obtuvo marcó un precedente judicial, pero no borró la deuda del Estado, consideró la sobreviviente, por ello, 11 años después, sigue con cirugías programadas, sigue en tratamiento y con la exigencia de justicia.
Además, lamentó que su historia se repite en otras mujeres que intentan sobrevivir a una violencia que no solo destruye el cuerpo, también el proyecto de vida.
El Estado de México concentra los números y los rostros de una violencia que quiso borrar identidades, pero que encontró en las sobrevivientes una voz colectiva.
En ellas habita la exigencia de que los registros se conviertan en leyes, las leyes en atención real y las cifras en vidas que puedan volver a empezar, porque ninguna mujer debería tener que sobrevivir dos veces.