La tipificación del transfeminicidio en el Estado de México avanza sin un registro claro de víctimas ni protocolos que permitan identificar estos crímenes como actos de odio, afirmó el secretario de Fuera del Clóset, Ernesto Montes de Oca, al señalar que la reforma legal requiere de una estructura institucional sólida para que pueda aplicarse de manera efectiva.
Explicó que la entidad enfrenta una cifra negra difícil de dimensionar porque las fiscalías no cuentan con criterios homogéneos que orienten la clasificación de los casos.
Montes de Oca señaló que, aunque organizaciones civiles reportan entre tres y cuatro crímenes de odio al mes en la entidad, esa información proviene de acompañamientos comunitarios y notas periodísticas, no de registros oficiales.
Añadió que la fiscalía carece de mecanismos que permitan identificar de inmediato si un asesinato de una mujer trans está motivado por prejuicio o discriminación, lo que limita la utilidad de la nueva tipificación.
“Sabemos que en el Estado de México ocurren crímenes de odio cada mes, pero no existe un registro formal porque no hay un protocolo estandarizado en las fiscalías y eso impide saber cuántos transfeminicidios hay realmente”, afirmó.
La activista mexiquense Tanya Vázquez, primera mujer trans en el Valle de Toluca tras realizar su cambio de identidad, reconoció avances legales como la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario, pero advirtió que la comunidad aún vive exclusión laboral, violencia y discriminación social.
El activista advirtió que, sin lineamientos precisos, la tipificación corre el riesgo de convertirse en una herramienta aislada que no transformará la manera en que las instituciones investigan estos crímenes.
En ese contexto, insistió en que la ausencia de datos confiables impide dimensionar la violencia y dificulta que el Poder Judicial reciba carpetas bien integradas.
La investigación se distorsiona desde el primer formulario
Otro de los problemas señalados es que la primera clasificación del caso suele depender de los policías municipales, quienes llenan formularios que en muchos casos no registran la identidad de la víctima de manera correcta.
Cuando en esos documentos se coloca un nombre o un pronombre distinto al que la persona usaba en vida, ese error se arrastra en toda la investigación.
“No basta con que la ley exista si quien recibe el caso no sabe reconocerlo, no sabe cómo nombrarlo y no entiende qué lo distingue de un homicidio común”, expresó Montes de Oca, al enfatizar que la capacitación debe incluir a primeros respondientes, agentes del Ministerio Público y personal pericial.
Además, comentó que, aun cuando existan servidores públicos con voluntad de aplicar la figura penal, la falta de criterios comunes provoca que cada carpeta se trate de manera distinta y que pocas lleguen a judicializarse como transfeminicidios.
Durante la presentación del libro Transfeminicidio, los periodistas Emma Landeros y Joel Aguirre compartieron hallazgos que coinciden con lo señalado por Fuera del Clóset.
Ambos explicaron que, en sus recorridos por distintos estados, encontraron expedientes donde las víctimas aparecían registradas con el nombre asignado al nacer y no con el que reconocían como propio, lo que obstaculizaba cualquier intento de clasificar los casos como crímenes de odio por lo que Aguirre señaló que esta omisión también se reproduce en medios locales.
“Cuando una nota se publica con información incorrecta, no solo se borra a la víctima, también se debilita la posibilidad de dimensionar la violencia específica que viven las mujeres trans”, dijo ante asistentes del encuentro en Calli.
Reprocharon crímenes de odio y la invalidación de sus orientaciones sexuales y expresiones de género
Landeros añadió que la falta de uniformidad en el registro de datos profundiza la cifra negra y dificulta analizar patrones regionales.
Recordó que, en varios casos acompañados por colectivas, la familia retira del expediente cualquier rastro de la identidad de la víctima, lo que también genera silencios estadísticos.
Emma Landeros y Joel Aguirre señalaron que persisten expresiones incorrectas y dudas sobre identidades trans, lo que deriva en coberturas sin perspectiva de diversidad y afecta la forma en que se reportan los crímenes de odio.
Los autores relataron que aún se escuchan en juntas editoriales comentarios que minimizan o confunden identidades trans. Aunque algunos medios aplican lineamientos, muchas veces lo hacen solo para evitar críticas públicas.
Advirtieron que el lenguaje influye en cómo se comprende la violencia. En varios estados aún se publican notas que describen transfeminicidios como el asesinato de “un hombre vestido de mujer”, lo que borra identidades y desfigura el contexto.
El registro oficial suele usar nombres asignados al nacer y pronombres masculinos, información que muchas redacciones replican sin cuestionar, lo que alimenta el subregistro y la percepción de casos aislados.
Periodistas y activistas pidieron capacitación permanente y la creación de protocolos editoriales con perspectiva de género, además de vínculos con organizaciones que acompañan estos casos, para evitar que el periodismo reproduzca la violencia.
Montes de Oca sostuvo que la tipificación del transfeminicidio es un paso necesario, aunque incompleto si no se atiende la estructura que permitirá aplicarla.
Explicó que la fiscalía debe emitir lineamientos operativos y garantizar que el personal reciba formación específica sobre identidades y violencias basadas en prejuicio, de modo que cada carpeta sea integrada con elementos suficientes.
“El Estado debe reconocer la magnitud de esta violencia y construir mecanismos que den garantías reales a la población trans. Si no hay protocolos, la ley se queda en el papel”.
Finalmente, el activista sostuvo que, mientras no exista un registro claro y mientras las instituciones no corrijan los vacíos que hoy impiden identificar un transfeminicidio, las organizaciones seguirán documentando casos para evitar que las víctimas queden en el olvido.
Para Fuera del Clóset, el reto consiste ahora en convertir un avance legislativo en una herramienta efectiva que reconozca la identidad de las mujeres trans y permita investigar las violencias que enfrentan sin que la primera línea de un expediente las borre desde el inicio.