Familiares de las víctimas del desplome de un jet registrado el 15 de diciembre cerca del Aeropuerto de Toluca acudieron este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar los avances de la investigación. Señalaron que, a más de un mes del accidente que dejó 10 muertos, la empresa relacionada con la aeronave no se ha puesto en contacto con ellos ni ha asumido responsabilidad, a pesar de que sigue operando con normalidad.
De acuerdo con la defensa legal de la familia, la investigación ya superó una primera etapa y la caja negra de la aeronave fue enviada a Estados Unidos para su análisis especializado.
A las afueras de la Fiscalía, Janine Gómez, familiar directa de las víctimas, señaló que desde el día del accidente la empresa relacionada con la aeronave no ha tenido ningún acercamiento con los deudos, ni siquiera para brindar información básica o apoyo.
Explicó que varios integrantes de su familia regresarían en ese mismo avión, que debía volver a Acapulco tras arribar a Toluca, pero nunca fueron contactados.
“Siguen operando de una manera normal y no sabemos realmente por qué está pasando esto. La aerolínea sabe cuál es, pero no nos ha dado la cara. Nosotros regresábamos en ese mismo avión y ni siquiera se acercaron para preguntarnos cómo nos íbamos a regresar; tuvimos que hacerlo por nuestros propios medios”.
Gómez subrayó que el principal reclamo no es económico, sino que se activen los protocolos de seguridad correspondientes y se investigue porqué la empresa opera sin que se conozcan públicamente las causas del desplome ni se haya informado sobre revisiones técnicas a sus aeronaves.
“Fallecieron 10 personas y la empresa sigue trabajando como si no hubiera pasado nada. Lo que buscamos es que se revisen los aviones y que nadie más vuelva a pasar por algo así”, dijo.
El abogado de la familia, Adrián Vargas González, explicó que la Fiscalía General de la República ya cuenta con información técnica relevante para la investigación.
“La caja negra llegó el 7 de enero a Washington D.C., Estados Unidos, a la junta especializada que se encarga de este tipo de análisis. Ya se tienen también los reportes meteorológicos y las comunicaciones con el controlador aéreo; ahora lo que sigue es procesar toda esa información”, señaló.
El litigante aclaró que los resultados del peritaje podrían tardar varios meses debido a la complejidad del análisis técnico, y que será hasta entonces cuando se determine si el caso se mantiene en el ámbito federal o se remite a una fiscalía local.
“Habrá que esperar a tener toda la información. En su momento se determinará si existe alguna responsabilidad penal y si corresponde ejercer algún tipo de acción”, indicó.
La defensa legal explicó que la investigación también se enfoca en identificar con precisión a las personas morales y físicas relacionadas con la operación del jet.
Vargas González señaló que podrían estar involucradas dos personas morales y una persona física, por lo que será necesario revisar actas constitutivas, domicilios y documentación legal para definir contra quién proceder legalmente.
“Tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos dar un nombre sin tener certeza de cuál es la persona moral correcta, porque eso podría entorpecer el proceso”.
A cuatro días del accidente que dejó diez personas sin vida, la FGR y autoridades estatales continúan los peritajes para esclarecer las causas del siniestro, mientras los deudos esperan los resultados y realizan trámites legales.
Añadió que, al momento del accidente, la autorización para operar la aeronave se encontraba vigente, aunque algunos permisos vencían en enero, información que también forma parte de la indagatoria.
Respecto a la continuidad de las operaciones, reconoció que no cuentan con bitácoras oficiales pero que, hasta donde saben, la empresa sigue volando.
El jet tipo Cessna 650 Citation II se desplomó el 15 de diciembre cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de Toluca. El impacto provocó una explosión que descartó la existencia de sobrevivientes y obligó a la intervención de autoridades federales.
A casi un mes del siniestro, las familias insistieron en que la falta de contacto por parte de la empresa y la continuidad de sus operaciones representaría una irregularidad grave.
Por ello, reiteraron su exigencia de justicia y de que se esclarezcan las causas del desplome antes de que ocurra una tragedia similar.