El Congreso del Estado de México aprobó en comisiones la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, una reforma de amplio alcance que busca enfrentar de manera integral el delito de extorsión y el llamado cobro de piso, uno de los ilícitos con mayor impacto social y económico en la entidad.
El dictamen fue avalado por mayoría en la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia y solo resta su discusión y votación en el Pleno el próximo 15 de enero durante el periodo extraordinario, así como su posterior publicación en la Gaceta de Gobierno para que entre en vigor.
La iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en concordancia con la reforma constitucional federal y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que implica una armonización del marco jurídico estatal con el nacional. Asimismo, el dictamen integró la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario del PRI, enfocada en atender de manera prioritaria y diferenciada el fenómeno del cobro de piso.
Uno de los ejes centrales de la reforma es que la extorsión se perseguirá de oficio, lo que elimina la carga para las víctimas de presentar una denuncia formal, una de las principales barreras para combatir este delito debido al miedo a represalias, por lo que los legisladores coincidieron en que esta medida es clave para reducir la cifra negra y fortalecer la capacidad del Estado para investigar y sancionar a las redes criminales.
La ley establece la creación de un Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y los Delitos Vinculados, un órgano integrado por dependencias del Poder Ejecutivo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los municipios, con el objetivo de definir estrategias, lineamientos, acciones focalizadas y mecanismos de evaluación para enfrentar el delito en distintas regiones y sectores.
Asimismo, se contempla el fortalecimiento institucional mediante la consolidación de una Fiscalía especializada en extorsión, delitos vinculados y secuestro, así como la capacitación, profesionalización y especialización de las corporaciones de seguridad. La reforma faculta a las áreas de seguridad para realizar labores de investigación e inteligencia, en coordinación con el Ministerio Público, con el fin de mejorar la prevención y el combate efectivo de estas conductas.
Como parte del proceso de armonización, el dictamen deroga los tipos penales locales de extorsión contenidos en el Código Penal del Estado de México, así como disposiciones que tipificaban delitos contra la economía con naturaleza similar, para evitar duplicidades y contradicciones con la legislación federal, ya que el tipo penal y sus sanciones son competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
Durante la discusión en comisiones, diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas coincidieron en que la extorsión es un problema estructural y de Estado, que afecta tanto a grandes empresarios como a pequeños comerciantes, transportistas, productores del campo y trabajadores informales.
También se reconoció que, aunque se ha registrado una disminución en algunos indicadores, el delito persiste con fuerza en diversas regiones de la entidad, particularmente en zonas urbanas y rurales vulnerables.
El dictamen ahora será turnado al Pleno del Congreso mexiquense para su análisis final y de ser avalado, el Ejecutivo estatal procederá a su promulgación y publicación en la Gaceta de Gobierno, con lo que entrará en vigor la nueva estrategia legal e institucional contra la extorsión en el Estado de México.