En el Estado de México, niñas y niños que viven con sus madres dentro de centros penitenciarios crecen en condiciones que no garantizan su desarrollo integral, expuestos a violencia, limitaciones materiales y ausencia de servicios adecuados, de acuerdo con una investigación realizada durante dos años en cuatro penales de la entidad.
El estudio, encabezado por Alma Liliana Díaz Martínez, doctora en Ciencias Sociales e investigadora en estancia posdoctoral de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), incluyó trabajo de campo en los centros penitenciarios de Santiaguito, en Almoloya de Juárez; Nezahualcóyotl Bordo, Nezahualcóyotl Sur y Barrientos, en Tlalnepantla, donde se entrevistó a 25 mujeres privadas de la libertad y personal penitenciario, lo que permitió documentar las condiciones en las que se desarrolla la infancia en reclusión.
Entre los principales hallazgos se encuentra la falta de condiciones materiales, psicológicas y socioemocionales para garantizar una crianza digna, incluso en aquellos espacios que han sido adaptados para la convivencia entre madres e hijos.
Aunque en algunos centros existen áreas destinadas a la maternidad, estas no aseguran entornos seguros ni adecuados para el desarrollo infantil. En el caso de Santiaguito, considerado uno de los penales con mejores instalaciones, existen espacios específicos para bebés; sin embargo, esto no se traduce en bienestar.
“Esto no solo lo dicen las madres, también lo reconoce el personal penitenciario que convive diariamente con ellas”, explicó la investigadora en entrevista.
A ello, dijo, se suma que los espacios destinados a la infancia, como las bebetecas impulsadas por organizaciones civiles, como Reinserta, no están disponibles de forma permanente y carecen de personal especializado.
“Existen estos espacios que parecieran dignificar la estancia, pero no están a disposición completa del binomio madre-hijo, hay horarios limitados y además no hay personal capacitado para atenderlos, por lo que en la práctica no pueden aprovecharse de tiempo completo”, señaló.
Uno de los aspectos más críticos identificados en la investigación es la exposición de niñas y niños a contextos de violencia dentro de los penales, particularmente en centros del Valle de México, donde las madres refirieron haber vivido motines, riñas e incluso situaciones en las que menores resultaron lesionados.
A estos riesgos, añadió la investigadora, se suma la exposición constante a dinámicas propias del entorno penitenciario, que incluyen conflictos entre internas, consumo de sustancias y actos sexuales en espacios compartidos, lo que genera preocupación entre las madres por el impacto que esto puede tener en sus hijos.
“Son infancias en riesgo, infancias cortadas, con poca estimulación, acostumbradas a entornos limitados incluso en lo sensorial, donde predominan ciertos colores y rutinas rígidas que afectan su desarrollo emocional”, advirtió Díaz Martínez.
La investigación documenta que estos niños replican dinámicas propias del encierro, desde los horarios hasta los juegos, que giran en torno a prácticas como el pase de lista, lo que evidencia la interiorización de la lógica carcelaria desde edades tempranas.
Además del entorno de violencia, las infancias en reclusión enfrentan limitaciones en el acceso a servicios médicos, educativos y de estimulación temprana, lo que impacta directamente en su desarrollo.
Aunque el sistema penitenciario intenta ofrecer algunos servicios, estos resultan insuficientes frente a las necesidades de la infancia. La falta de personal especializado agrava la situación, al no existir atención diferenciada para los infantes.
En tanto, la integrante del equipo de investigadores que analiza esa situación, resaltó que la convivencia con otros menores también es limitada, ya que muchas madres optan por restringir el contacto como una medida de protección, lo que genera aislamiento social.
“Son niños que no desarrollan habilidades sociales, que están muy adaptados a la disciplina, pero no a la convivencia, lo que se vuelve evidente cuando son externados e ingresan a otros espacios como la escuela”, explicó.
El estudio también plantea una tensión entre el derecho de las mujeres a ejercer la maternidad y el interés superior de la niñez, que en términos legales debería prevalecer.
En muchos casos, la maternidad dentro de prisión se convierte en un anclaje emocional para las mujeres, pero también en una estrategia para acceder a mejores condiciones dentro del penal o recuperar el apoyo de sus familias.
“Para ellas es un aliciente, un motivo para levantarse todos los días, pero también hay una minimización de los riesgos porque la violencia está normalizada en su entorno”.
Esta situación abre un debate sobre la pertinencia de que niñas y niños permanezcan en centros penitenciarios, así como sobre el tiempo que deberían convivir con sus madres en estos espacios.
Entre las propuestas que surgen de la investigación se encuentra la necesidad de replantear los modelos actuales de convivencia, incluyendo la posibilidad de limitar la estancia de los menores al periodo de lactancia y fortalecer alternativas de cuidado fuera del entorno penitenciario.
No obstante, esto implica enfrentar otros desafíos, como la falta de redes familiares o condiciones adecuadas en instituciones que reciben a menores externados.
“Son jurídicamente libres, pero en la práctica son niños que viven en prisión, y cualquier alternativa debe garantizar que tengan una vida digna fuera de ella”, declaró Díaz.
Los resultados parciales de la investigación ya han sido presentados ante el Poder Judicial, que ha mostrado disposición para dar seguimiento al tema ya que las infancias en reclusión permanecen poco visibilizadas.
Como parte del proyecto, se prevé una tercera etapa que buscará ir más allá del diagnóstico para plantear propuestas concretas que incidan en los marcos legales y en el modelo actual de convivencia entre madres privadas de la libertad y sus hijos.
“La intención es transitar hacia una discusión más profunda, analizar qué beneficios y perjuicios existen y revisar alternativas que realmente garanticen el interés superior de la niñez”, adelantó.
Con ello, la investigación busca abrir un debate de fondo sobre las condiciones en las que crecen estas infancias, así como sobre la responsabilidad del Estado para garantizar su desarrollo fuera de un entorno que, por definición, no está diseñado para ellas.