A seis días de que concluya el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México, el senador del PAN Mario Vázquez Robles solicitó una prórroga de 180 días, al advertir fallas en el proceso, posibles errores en la vinculación de números con la CURP y falta de certeza para millones de usuarios que podrían enfrentar la suspensión de sus servicios a partir del 1 de julio.
El legislador presentó la solicitud mediante un exhorto dirigido a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), en el que señaló inconsistencias que, dijo, deben corregirse antes de aplicar medidas masivas.
Entre las principales preocupaciones expuestas se encuentran reportes de ciudadanos que han identificado líneas telefónicas asociadas a su identidad sin haber realizado el trámite de registro, lo que podría generar afectaciones en el uso de sus servicios móviles.
El senador advirtió que el proceso requiere ajustes para evitar errores en la asignación de datos personales.
Vázquez Robles sostuvo que el teléfono celular es una herramienta esencial para actividades laborales, educativas, financieras y de comunicación, por lo que consideró necesario garantizar la confiabilidad del sistema antes de aplicar sanciones o suspensiones.
También planteó la necesidad de establecer mecanismos claros para corregir registros indebidos y transparentar el número de quejas e incidencias derivadas del proceso.
Entre las solicitudes dirigidas a la autoridad reguladora, el legislador pidió la publicación de información detallada sobre líneas registradas, reclamaciones ciudadanas, inconsistencias detectadas y acciones correctivas implementadas.
Señaló que corresponde al Estado garantizar un sistema funcional y seguro antes de aplicar medidas que impacten a los usuarios.
El tema se mantiene en discusión a nivel nacional. Mientras legisladores del PAN insisten en ampliar el plazo para evitar afectaciones a la ciudadanía, autoridades federales y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantienen la revisión del avance del proceso antes de definir si habrá cambios a la fecha límite del 30 de junio.