Las ganancias ilícitas generadas por el robo y contrabando de combustible no solo financian las operaciones de los cárteles del narcotráfico, sino que también son utilizadas para financiar campañas políticas, influir en medios de comunicación y sobornar a funcionarios en México, de acuerdo con un reporte del gobierno de Estados Unidos.
Según el Departamento del Tesoro, organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa utilizan los recursos obtenidos del mercado ilícito de hidrocarburos para favorecer la elección de políticos que posteriormente protegen sus intereses.
A cambio, sostiene la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), los grupos criminales logran colocar aliados en puestos administrativos clave dentro del gobierno mexicano, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos públicos utilizados para lavar recursos de origen ilícito.
El documento describe un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero conocido en México como “huachicol fiscal”. A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, esta modalidad consiste en importar combustibles desde Estados Unidos hacia México mediante la evasión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
De acuerdo con FinCEN, la operación comienza cuando comercializadores estadounidenses adquieren combustible en terminales de exportación de Texas y lo canalizan hacia una red de empresas fachada y compañías fantasma.
Posteriormente, el combustible cruza la frontera mexicana mediante camiones cisterna, trenes o embarcaciones. Para evitar el pago de impuestos, los cargamentos son declarados falsamente como aceites residuales, lubricantes, aditivos o desechos peligrosos. El organismo estadounidense afirma que este mecanismo es facilitado mediante actos de corrupción en las aduanas.
El documento también señala que intermediarios mexicanos utilizan permisos que les permiten comercializar combustibles dentro del país, pero no importarlos, por lo que presuntamente recurren a documentación y facturación falsas para ocultar el origen estadounidense del producto.
Una vez en territorio mexicano, el combustible es almacenado en instalaciones bajo control de las organizaciones criminales y posteriormente distribuido mediante gasolineras utilizadas como fachada o en puntos de venta irregulares conocidos como “cachimbas“.
FinCEN cita estimaciones del gobierno de Estados Unidos según las cuales entre una cuarta parte y una tercera parte del combustible comercializado en México provendría de este mercado ilícito.
El informe señala que los cárteles utilizan transferencias electrónicas internacionales, pagos con criptomonedas estables (stablecoins) y depósitos estructurados en efectivo para enviar recursos a proveedores en Estados Unidos. Posteriormente, el dinero presuntamente es lavado mediante la adquisición de vehículos de lujo, bienes inmuebles, joyería y otros activos.
Como parte de las acciones emprendidas en junio de 2026, el gobierno de Estados Unidos sancionó a presuntos operadores financieros vinculados con estas redes.
Entre ellos figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, a quien las autoridades estadounidenses identifican como un presunto operador financiero del CJNG encargado de administrar empresas fachada y falsificar documentación aduanera.
Asimismo, fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, presuntamente relacionado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, compañías que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, movieron decenas de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos mediante pagos asociados al ingreso de combustible a México.
Para FinCEN, este esquema demuestra que el contrabando de combustible se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles y en un mecanismo para fortalecer redes de corrupción y lavado de dinero con operaciones en ambos lados de la frontera.
*Fuente: Mexican Cartel Fuel Smuggling Schemes June 2026 y alertas de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN).