El actual trienio municipal 2025-2027 se ha convertido en uno de los más complejos para los ayuntamientos mexiquenses, ya que, a diferencia de administraciones anteriores, diversos municipios han enfrentado procesos penales contra presidentes municipales y exalcaldes, conflictos políticos, parálisis institucional y crisis de seguridad.
Parte de estos casos han sido consecuencia de la Operación Enjambre, estrategia impulsada por autoridades estatales y federales para investigar posibles vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos, así como de una mayor actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en investigaciones contra autoridades municipales.
Uno de los casos más recientes y mediáticos es el de Tenancingo, donde la alcaldesa Nancy fue vinculada a proceso por el delito de secuestro simulado. De acuerdo con la FGJEM, la edil habría fingido su privación de la libertad para exigir 40 millones de pesos del erario municipal y ocultar un presunto desfalco financiero.
Además del proceso penal, el caso abrió nuevas investigaciones sobre el manejo de recursos públicos y provocó una nueva crisis política en el municipio.
Junto con Tenancingo, Metepec se convirtió en otro de los municipios que concentró la atención pública, donde el alcalde Fernando fue vinculado a proceso por abuso de autoridad, luego de ingresar con escoltas armados a un club deportivo privado.
El caso abrió un debate sobre los límites en el uso de personal de seguridad por parte de los presidentes municipales y se convirtió en uno de los episodios de mayor repercusión política del actual trienio.
También como parte de la Operación Enjambre, fue detenido el alcalde de Almoloya de Alquisiras, Ari Patrick “N”, quien posteriormente fue vinculado a proceso por el delito de extorsión.
Su captura colocó al municipio entre los casos más relevantes de la estrategia para combatir la posible infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales.
Uno de los episodios de mayor impacto ocurrió en Santo Tomás de los Plátanos, donde la entonces alcaldesa María del Rosario “N” fue detenida por extorsión agravada, mientras que semanas después el alcalde electo Pedro Luis “N” fue capturado por los delitos de extorsión y secuestro.
Ambos casos fueron incorporados a la Operación Enjambre y colocaron al municipio en el centro del debate nacional sobre la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales.
En Capulhuac, la entonces presidenta municipal Selene “N” fue detenida y posteriormente sentenciada por lesiones agravadas y abuso de autoridad en perjuicio de una trabajadora del DIF municipal.
En Amanalco, la expresidenta municipal María Elena Martínez Robles recibió una sentencia de 70 años de prisión por el homicidio calificado del síndico municipal Miguel Ángel Lara y de su escolta, convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos de investigaciones contra autoridades municipales en el Estado de México.
En El Oro, la gobernabilidad también quedó comprometida, pues la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza enfrentó denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y la administración municipal.
El conflicto escaló al grado de que el Cabildo solicitó al Gobierno del Estado y al Congreso mexiquense analizar su destitución, mientras habitantes realizaron protestas por la interrupción de servicios públicos.
En materia de seguridad, Acambay también enfrentó una crisis luego de un enfrentamiento entre policías municipales y fuerzas estatales y federales, que dejó cuatro personas heridas y un fallecido.
Además, 11 policías municipales fueron detenidos, situación que evidenció la fragilidad de las corporaciones de seguridad locales.
A casi dos años del inicio de las administraciones municipales, los principales casos de crisis en el Estado de México han estado relacionados con presuntos actos de corrupción, delitos de alto impacto, abuso de autoridad, disputas políticas y problemas de seguridad.
De cara al proceso electoral de 2027, este escenario representa un nuevo desafío para los partidos políticos, que deberán enfrentar el desgaste provocado por estos casos al momento de postular candidatos y defender sus gobiernos municipales.