Una nueva polémica rodea a la presidenta municipal de Tepotzotlán, María de los Ángeles Zuppa Villegas, luego de que la edil presumiera en sus redes sociales la entrega de una máquina retroexcavadora destinada a la dirección de obras públicas. Diversos internautas denunciaron públicamente que la funcionaria omitió deliberadamente aclarar que el equipo no fue adquirido con recursos, adjudicándose la compra que no se realizó con presupuesto gubernamental.
La polémica exhibe una presunta simulación institucional orientada a inflar los logros de la administración en curso frente a la ciudadanía mexiquense. La difusión oficial generó reacciones inmediatas entre los habitantes, quienes recriminaron la falta de transparencia al ocultar el verdadero origen del equipamiento entregado al ayuntamiento.
El origen real de la maquinaria corresponde a una aportación realizada por el ciudadano Hugo Hernández Garrido, quien presuntamente se vio obligado a entregar el equipo en calidad de donación para evitar la clausura del negocio familiar con el que genera decenas de empleos en la demarcación. Esta serie de prácticas ha sido duramente cuestionada por sectores locales, quienes señalan la existencia de presuntas presiones administrativas institucionalizadas que vulneran de manera directa la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
La gravedad de los señalamientos apunta hacia un presunto uso faccioso de las facultades de inspección y reglamentación municipal para obtener beneficios materiales o operativos ajenos a la ley. Diversos actores sociales exigen una revisión profunda sobre el estatus legal de los establecimientos mercantiles en Tepotzotlán y los acuerdos informales que rigen la relación entre el gobierno local y el sector productivo.
Los cuestionamientos públicos hacia la administración local se intensificaron al exigir cuentas claras sobre las supuestas aportaciones voluntarias exigidas a diversas empresas de la zona, tales como Naturasol, Castores o establecimientos de la comunidad china que operan en el municipio. Los habitantes reprochaban que las presuntas medidas de protección oficial a cambio de beneficios particulares solo benefician los intereses económicos de la alcaldesa, mientras los problemas urbanos y viales continúan agravándose severamente en el territorio municipal.
La exigencia ciudadana se centra en frenar cualquier acto de opacidad institucional y garantizar que el ejercicio público en Tepotzotlán se conduzca bajo estrictos estándares de legalidad y rendición de cuentas. El descontento generalizado refleja la urgencia de esclarecer los mecanismos de recaudación y fiscalización vigentes en el ayuntamiento mexiquense.