El Congreso mexiquense recibió dos iniciativas de reforma constitucional relacionadas con la nacionalidad y la intervención extranjera en los procesos electorales. Una fue presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y busca impedir que quienes aspiren a la gubernatura conserven otra nacionalidad; la segunda, del diputado de Morena, Maurilio Hernández González, plantea incorporar la injerencia extranjera como causa de nulidad de elecciones locales.
La propuesta del Ejecutivo estatal busca modificar los requisitos para ocupar la gubernatura, de manera que las personas que tengan otra nacionalidad deban renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas. También plantea prohibir que, durante el ejercicio del cargo, adquieran una nacionalidad extranjera o recurran a la protección diplomática de otro país.
La iniciativa forma parte de la armonización de la Constitución mexiquense con la reforma federal publicada el 7 de octubre de 2026.
Actualmente, la legislación estatal establece entre los requisitos para ocupar la gubernatura ser mexicano por nacimiento, tener al menos 30 años el día de la elección y acreditar la residencia correspondiente.
Con la propuesta, se busca ampliar las restricciones para que la nacionalidad mexicana sea la única que pueda ejercerse durante todo el periodo de gobierno, y no únicamente al momento de competir por el cargo.
Entre las conductas que quedarían comprendidas en la prohibición se encuentran utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otros países, ejercer derechos políticos como ciudadano extranjero y solicitar protección diplomática ante autoridades de otra nación.
Estas disposiciones forman parte de la reforma federal previamente aprobada por el Congreso mexiquense el 30 de septiembre.
Por separado, el diputado Maurilio Hernández González presentó una iniciativa para reformar la Constitución estatal e incorporar la intervención extranjera como una posible causa de nulidad de elecciones para la gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y cargos del Poder Judicial.
La propuesta contempla supuestos como financiamiento extranjero de campañas, ciberataques, desinformación coordinada y presiones de agentes externos, siempre que existan pruebas de que esas acciones influyeron en los resultados electorales.
La iniciativa establece que correspondería a las autoridades electorales acreditar las conductas y determinar su impacto antes de declarar la nulidad de una elección.
Además, plantea que las modificaciones sean aplicables a partir del proceso electoral local 2029-2030, por lo que no tendrían efectos en los comicios de 2027.
Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones legislativas para su análisis y dictaminación.