De acuerdo al Reglamento de Tránsito del Estado de México, existen varios motivos por los cuáles tus placas pueden ser retiradas, además de hacerte acreedor a sanciones económicas y en ocasiones llevar tu auto al corralón.

Recuerda que los únicos elementos de la policía que están designados para levantarte una infracción el Estado de México son sólo las mujeres gentes de tránsito, quienes se distinguen por sus uniformes y vehículos en color negro y vivos naranja, ellas están capacitadas y designadas para infraccionar en caso de cometer algún agravio de tránsito.

¿Cuáles son los motivos por los cuales elementos de tránsito pueden infraccionarte?

Las causas por las cuales tus placas pueden ser retiradas son:

– Por estacionarse en doble fila

-Estacionarse en lugares prohibidos, esto aplicará cuando el conductor no esté presente, no pueda o no quiera mover el auto después de que algún oficial de tránsito se lo indique.

​​-Conducir sin licencia o si esta se encuentra vencida,

-Circular con placas extranjeras y que el propietario no cuente con el papel legal que acredite la estancia en el país.

 Asimismo, que el sistema arroje que el automóvil cuenta con adeudos por infracciones al Reglamento de Tránsito y en ocasiones que el conductor finja una avería en el automóvil y se encuentre parqueado en lugares prohibidos.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, se reunió con el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, en donde abordaron temas de seguridad, movilidad, medio ambiente y agua en ambas entidades.

El mandatario capitalino señaló que es probable que este sea el mejor momento en la relación entre ambas entidades.

“Aproveché para agradecerle toda su colaboración con la Ciudad de México. Sentimos un gobernador muy cercano a la Ciudad de México, cosa que no ha sido constante en la relación entre ambas entidades, pero es probable que este haya sido el mejor momento de relación entre ambas entidades”, dijo en un videomensaje en redes sociales.

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo dijo que hay una “gran coordinación” entre ambas demarcaciones.

“Nos da mucho gusto estar trabajando en conjunto por las familias que viven en el Valle de México, la verdad es que el Estado y la Ciudad compartimos fronteras en gran parte de nuestro territorio, hay zonas donde cruzando una calle de un lado es Ciudad y del otro Estado y eso nos lleva a trabajar muy de la mano”, expreso.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) modificó el formato y fecha para la toma de protesta de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para tratar de empatarla con la visita del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador para la inauguración del primer tramo del Tren México-Toluca el día 14 de septiembre y no chocar con los festejos del 15 de septiembre.

El vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, informó que buscarán que el evento se lleve a cabo el día 14 de septiembre, pero falta coordinar el horario con la presidencia de la República, para estar en condiciones de enviar las 2 mil 400 invitaciones que tienen contempladas, incluyendo la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya ha manifestado su interés de asistir.

“Desde luego el presidente será invitado y pues tiene interés de venir, entonces se puede empatar bien; es nada más cuestión de agendas (..) Eso lo hará la maestra Delfina en los siguientes días, directamente en Palacio de Gobierno federal”

En entrevista precisó que originalmente habían acordado hacer la toma de protesta el 15 de septiembre a las 11:00 horas en el Teatro Morelos, como recinto especial legislativo, pero como ese día todas las y los gobernadores tienen actividad en sus entidades, así como quienes ocupan las presidencias municipales en la entidad, optaron por cambiar la fecha.

La opción que tienen es el 14 de septiembre, pero como ese día acude el presidente a la entidad para la inauguración del tramo ferroviario, necesitan tener certeza del horario y duración de ese evento para que antes o después se pueda llevar a cabo el acto protocolario para que la gobernadora esté en condiciones de asumir el cargo.

Otro cambio que acordaron es que la toma de protesta se hará en el pleno de la Legislatura, ante las y los 75 representantes populares y tenga oportunidad de hacer una intervención protocolaria en el Poder Legislativo, donde estarán 80 invitados, entre ellos los ex gobernadores de la entidad y gobernadores en funciones y algunos representantes de diversos sectores.

La toma de protesta se transmitirá por pantalla en el Teatro Morelos, donde estará el resto de invitados, con un cupo de 2 mil 400 personas, entre las cuales se considera a presidentes y presidentas municipales, así como representantes populares federales, algunos líderes políticos, el gabinete del nuevo gobierno, entre otros representantes de toda la entidad y regiones.

Cuando concluya el evento en el pleno, todos se trasladarán al Teatro, donde la gobernadora electa emitirá su primer mensaje político a la entidad y quedará en condiciones de asumir el cargo en el primer minuto del 16 de septiembre, durante la ceremonia del aniversario del grito de independencia.

Se espera que, para esa fecha, ya se tenga definido al Gabinete que acompañará a la nueva administración durante el periodo 2023-2029 y estén listas las definiciones de la nueva estructura gubernamental.

El presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem) José Martínez Vilchis advirtió que las y los policías municipales no pueden ser empleados para asuntos particulares, ni como escoltas; por lo cual, si las y los alcaldes, y otros funcionarios de los ayuntamientos quieren tener guardias personales, deben contratar servicios particulares.

Durante la sesión de este miércoles, donde el pleno de ese órgano impuso 105 medidas de apremio, de las cuales, 90 fueron apercibimientos y 15 amonestaciones públicas por incumplimientos en transparencia, el comisionado hizo un pronunciamiento, relacionado con uno de los asuntos, donde un particular solicitó información sobre los elementos adscritos a la seguridad de un edil, pues el tema, dijo, es de interés público.

Martínez Vilchis manifestó su rechazo a que funcionarios o autoridades del ámbito municipal de gobierno dispongan de elementos de seguridad con función de escoltas para su propio resguardo, sobre todo cuando el número de personas servidoras, destinadas a la seguridad en los ayuntamientos, es muy escueto y muy necesario para la ciudadanía.

La seguridad pública, advirtió, es un derecho para las personas gobernadas y no se deben privilegiar cuestiones personales por encima del interés general, pues las y los presidentes municipales son la figura más cercana a la población, y si desean tener escoltas o guardias personales, enfatizó, deben contratar servicios particulares.

«No comparto que los servidores públicos, funcionarios o autoridades del ámbito municipal de gobierno dispongan de elementos de seguridad con funciones de escoltas para su propio resguardo, máxime cuando el número de servidores públicos destinados a ese trabajo es escueto en el ámbito municipal, y muy necesario para toda la ciudadanía.

«Creo que toda vez que la seguridad pública es un derecho que debe brindar el estado para los gobernados y no privilegiar las cuestiones personales, sobre el interés de todos, ya que los presidentes municipales, sobre todo, son la figura de poder más cercana a la población, y si los servidores públicos desean tener escoltas o guardias personales deben optar por contratar servicios particulares de seguridad».

Refirió que el artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que no está permitido utilizar empleados, ni policías municipales para asuntos particulares.

En la sesión de este miércoles, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Infoem) impuso 105 medidas de apremio, de los cuales 90 fueron apercibimientos a diversos servidores públicos: dos al Ejecutivo, 40 a titulares de transparencia, cinco a organismos de agua municipales y 43 a organismos DIF municipales.

También hizo 15 amonestaciones públicas, de las cuales 14 fueron a titulares de unidades de transparencia de municipios y una más a un DIF municipal.

En recursos contra respuestas de sujetos obligado, la comisionada María del Rosario Mejía Ayala emitió un voto particular por la clasificación del nombre, cargo y presunta falta cometida por de un servidor público absuelto de una falta grave, pues consideró que se debió entregar la información para hacer efectiva la rendición de cuentas y transparentar la gestión pública.

También dijo que no debía clasificarse el cargo de elementos de seguridad pública, pues eso no los hace identificables, ni pone en riesgo su vida, ni su integridad.

La comisionada Sharon Morales Martínez también emitió un voto particular por no estar de acuerdo en que la fotografía de todas las personas servidoras públicas sea pública, pues la Ley establece que la fotografía es un dato personal; por lo cual, opinó, sólo debe ser pública para mandos medios y superiores.

También emitió un voto particular al considerar que no se debía entregar el número de personal de seguridad pública en funciones de escolta, ni de elementos de seguridad comisionados al resguardo de instalaciones municipales para no proporcionar datos que pudieran revelar el estado de fuerza y la capacidad de reacción, pues se podría poner en riesgo la seguridad pública y las funciones de municipios.

En tanto, el comisionado Gustavo Parra Noriega emitió voto particular al no estar de acuerdo con la reserva de información, y en otros por no estar de acuerdo con la clasificación de cargos de elementos de seguridad pública, ni con la reserva de nombres de personas absueltas de responsabilidad administrativa, pues no se afecta su honor con la entrega de la información y sí se transparentan los resultados de investigaciones.

La comisionada Guadalupe Ramírez Peña emitió voto particular al considerar que en un asunto el número de elementos debió reservarse y opinó que la fotografía de servidores públicos no debe ser pública para todos; sino sólo para mandos medios y superiores.

Además de ser la primera presidenta municipal mujer que tiene Huixquilucan, Romina Contreras desde el inicio de su mandato, en enero de 2022, se colocó como una de las tres alcaldesas mejor evaluadas del país y por once meses se ha situado como el número uno en todo México, de acuerdo a las encuestas de Massive Caller y Rubrum.

El trabajo que ha hecho en materia de educación, seguridad pública, desarrollo social, salud y servicios públicos la mantiene muy cercana a los habitantes del municipio que gobierna.

Como presidenta municipal ha establecido programas novedosos a nivel nacional como Huixquilucan Contigo 24/7, donde todo su gabinete sale a las calles para escuchar a la ciudadanía.

A través del proyecto Acción por la Educación, se han remodelado todas las escuelas públicas del municipio teniendo un avance de más de 60 planteles educativos; y la Cruzada Municipal contra la Violencia y la Delincuencia, con el que se han capacitado más de mil policías de seis municipios.

También ha elevado la calificación crediticia de largo plazo del gobierno municipal de Huixquilucan con perspectiva positiva por el buen manejo financiero y se ha situado 19 veces como la mejor presidenta municipal del Estado de México y es considerada una de las cien mujeres más influyentes del país.

Del primero de enero al siete de mayo de este año ha logrado disminuir 20.8% el robo de vehículos en sus diferentes modalidades, este es solo uno de los resultados de la eficaz estrategia de la alcaldesa Romina Contreras Carrasco para mejorar la seguridad en el territorio local.

Las encuestas de Massive Caller y Rubrum coinciden en que Romina Contreras es la alcaldesa mejor evaluada de todo el Estado de México, durante los 19 meses de su administración

De acuerdo con el más reciente Ranking Nacional de esta casa encuestadora, correspondiente al mes de julio y publicado el 31 de julio, la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, obtuvo una calificación de 67.5 por ciento en cuanto a aprobación ciudadana, cifra que la coloca en primer lugar a nivel nacional y entre sus homólogos del Estado de México, debido al gran respaldo ciudadano que obtuvo.

Esta medición donde Massive Caller incluyó a 125 alcaldes de todo el país, se realizó mediante la técnica de robot en grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado de forma aleatoria, a fin de que sean representativas.

Para esta muestra, se tomaron 600 encuestas con un margen de error de +/- 4.3 por ciento.

De acuerdo con datos contenidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2023, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó 17 mil 855 casos y más de 18 mil víctimas por el delito de extorsión en la entidad; sin embargo, en este mismo periodo el Poder Judicial del Estado de México solo tiene mil 755 asuntos iniciados, con cerca de 2 mil sentencias, lo que significaría en comparación entre estas instituciones que únicamente se resolvieron 7 por ciento de los casos.

Los documentos de acceso público del SNSP indican que en el Estado de México las denuncias formales por extorsión incrementaron hasta 138 por ciento en los seis años del 2017 al 2022, ya que en 2017 documentaron mil 374 casos y en 2022 fueron 3 mil 302; en el primer semestre de 2023 sumaron mil 904 carpetas de investigación.

Otro dato que resalta es que el número de víctimas es mayor al de las carpetas de investigación, toda vez que de enero de 2017 a junio de 2023 denunciaron 17 mil 855 delitos de extorsión, y en los expedientes aparecen 19 mil 705 víctimas; sin embargo, esto se debe a que un solo caso puede tener a más de una víctima; por ejemplo, más de un integrante de un hogar puede ser afectado.

Bajo este contexto, a través de una solicitud de información, el Poder Judicial del Estado de México aclaró que en dicho periodo solo iniciaron mil 775 asuntos relacionados a extorsiones, de las cuales se resolvieron mil 291, 881 sentencias condenatorias y 410 absolutorias, por lo que aún estarían pendientes de resolver 484 asuntos de los casos.

Con esta información que proporcionó el mismo Sistema de Gestión del Poder Judicial, se puede establecer que 72 por ciento de los asuntos iniciados por extorsión se han resuelto, ya que incluso agregaron que el tiempo promedio de resolución de los asuntos de este delito es de 135 días naturales y que las condenas más altas van de los 55 hasta los 110 años de prisión de acuerdo con la agravante.