El líder de la Ruta 36 de transporte público en el Estado de México, José Luis Aboytes, fue asesinado a balazos en el municipio de Chalco al oriente de la entidad.

Los hechos ocurrieron alrededor de mediodía en un predio ubicado en la calle Niño esquina con la carretera Chalco-Tlahuac, donde se ubican las oficinas de la ruta y el estacionamiento de las unidades de transporte.

De acuerdo con reportes, Aboytes se encontraba con varios de sus colaboradores cuando tres hombres no identificados ingresaron a las instalaciones y abrieron fuego.

La víctima recibió al menos tres disparos en el cráneo, tórax y cuello. Sus colaboradores dieron aviso a los cuerpos de emergencia quienes lo estabilizaron y lo trasladaron al Hospital General de Zona número 71 donde perdió la vida.

Según testigos de los hechos, los tres sujetos en motocicleta llegaron al lugar y sin mediar palabra le dispararon a José Luis Aboytes aparentemente por cobro de piso.

“Estábamos ahí cuando llegaron lo de las motos y lo sacaron corriendo de ahí, pero ahora si le dieron a José Luis”, aseguró uno de los testigos que se encontraba dentro de las instalaciones.

Jose Luis Aboytes Chavarria tenía 61 años y era líder de la ruta 36 de taxistas y vagonetas de transporte público, que brinda servicio en la zona oriente del Valle de México.

El líder también fue candidato a diputado local por la Coalición Va por el Estado de México en el Distrito 01, que comprende los municipios de Chalco, Cocotitlán y Temamatla.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de los hechos.

La nueva administración estatal que encabezará Delfina Gómez, a partir del 16 de septiembre, tendrá un plazo de 90 días hábiles para hacer observaciones a la entrega que haga el gobierno de Alfredo del Mazo en los plazos y términos marcados por la ley, indicó Evelyn Osorniom presidenta de la comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM).

De acuerdo con la Ley de Responsabilidades del Estado de México, dejar un cargo no exime a nadie de posibles sanciones administrativas.

Tratándose de faltas no graves el periodo de prescripción de la falta es de tres años y de siete para las administrativas graves, a partir del momento en que haya cometido la infracción o haya cesado. Una vez iniciada la investigación, la prescripción se interrumpe.

La entrega-recepción, dijo, se llevará a cabo el 16 de septiembre, aunque sea inhábil, en cada una de las 2 mil 200 unidades administrativas que integran al Poder Ejecutivo.

A partir de ahí corre el plazo para hacer algunas precisiones por entregas incompletas, errores o faltantes en el arca estatal, la documentación o en el inventario de muebles e inmuebles y libros que manera el Estado de México.

En estas acciones, acotó, el OSFEM juega un papel importante, al ser vigilante de la entrega-recepción y una vez que se entrega cualquier entidad fiscalizable a un nuevo titular éste tiene un periodo que marca la ley para poder hacer algún señalamiento, el cual no necesariamente sea una falta o un delito. Por eso es importante que se lleve a cabo una entrega responsable, acorde con los términos legales.

La legisladora consideró que esto se podrá llevar de la menor manera por la disposición del gobierno saliente a trabajar con un equipo de transición durante julio, agosto y parte de septiembre, por lo que la entrega-recepción será algo muy tranquilo, con algunas observaciones, pero nada que ponga en riesgo el funcionamiento del gobierno, sino temas netamente administrativos.

“Me parece que ha sido un ejercicio muy responsable del gobierno del Estado. Más que hacerle recomendaciones al OSFEM lo exhortamos, como siempre, a cumplir con la función que tiene y la cual es muy clara y se ha venido desarrollando con total puntualidad” indicó.

La entrega se hace el primer día del nuevo gobierno. En esta se entregan los libros contables, relación de obras terminadas y en proceso, contratos pendientes o concluidos, litigios laborales, documento que ampare las propiedades, maquinaria, oficinas, mobiliario, inmuebles, cuentas bancarias, estados financieros en cada una de las áreas del Poder Ejecutivo.

Las faltas administrativas graves son cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual, actuar bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.

La pelea entre la senadora Xóchitl Gálvez y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha escalado una nueva etapa este martes. Después de varias referencias que ha hecho el mandatario hacia la mujer desde sus conferencias matutinas, Gálvez le ha denunciado ante el Instituto Nacional Electoral por violencia política de género. De acuerdo a la denuncia presentada en el árbitro electoral, las menciones hechas en las ruedas de prensa diarias “reproducen patrones y estándares históricos que han colocado a la mujer siempre por debajo de los intereses y estrategias de los hombres”. La queja abarca también lo publicado por las redes sociales oficiales del Gobierno mexicano, que le acusaron de ser “la representante de la oligarquía”. Por estos mensajes han sido denunciados también los miembros del equipo de comunicación de Presidencia, como el vocero presidencial, Jesús Ramírez.

López Obrador encontró hace días su nueva mayor contrincante. En apenas unas conferencias mañaneras cargó varias veces contra Gálvez, a quien calificó como “la candidata de la mafia en el poder” y “la candidata de [Carlos] Salinas, [Vicente] Fox, Claudio X. González y otros traficantes de influencias”, y acusó de estar siendo “inflada” por un par de empresarios. “En las conferencias mañaneras y en los mensajes de Twitter difundidos por el Gobierno federal se sostuvo que: mi camino está decidido por diversos hombres, que cualquier aspiración que pueda tener depende de lo que diga un grupo de hombres, y que me está inflando ese grupo de hombres, no la ciudadanía ni mi trayectoria”, relata la senadora en la denuncia.

La pelea entre el presidente y la senadora se profundizó hace apenas unas semanas, cuando el nombre de Gálvez comenzó a tomar vuelo entre los aspirantes a candidatos presidenciales de la alianza Va por México. Su imagen de mujer simple, que viste huipil y anda en bicicleta, originaria de un pueblo de Hidalgo y con raíces indígenas, generó una rápida respuesta positiva, principalmente en redes sociales. Esto llevó a que los ataques de López Obrador arreciaran. “Las afirmaciones”, reclama la precandidata de la oposición en la demanda, “me reducen al resultado de un consenso entre hombres”. “Se minimiza mi trayectoria, resultados y trabajo y me coloca como un objeto manipulado por el patriarcado”, agrega.

Entre las cosas que señala Gálvez en la denuncia está la declaración del presidente de que la oposición necesitaba a una mujer que sea de un pueblo porque creían que así conseguirían el voto del pueblo. “Claramente apoya un estereotipo de género, en cuanto a que las mujeres solo cubrimos cuotas o somos usadas para cubrir ciertos espacios”, detalla el documento. Cuando los ataques de López Obrador se profundizaron, la senadora le acusó expresamente de ser machista. “¿Qué machismo puede haber? En este Gobierno federal somos como unos 1,5 millones de servidores públicos, la mayoría mujeres”, se defendió entonces el presidente. El equipo de Gálvez ha interpuesto una segunda denuncia contra los mismos por hacer uso de recursos públicos para emitir y promocionar estos dichos del presidente.

La respuesta de Morena ha venido este martes de la mano de Mario Delgado, el presidente del partido gobernante. “Pues vamos a ver el contenido de su denuncia, nosotros la vamos a denunciar a ella, porque es diputada y tiene un sueldo público y tiene acceso a recursos como diputada”, ha dicho este martes consultado por la prensa. Pese a la equivocación del cargo que ocupa la senadora, el reclamo del oficialismo se ha centrado estos días en que los aspirantes a la candidatura presidencial de Va por México —que reúne al PRI, PAN, PRD y organizaciones civiles— no han renunciado a los cargos que actualmente tienen para iniciar sus actividades dentro de la interna opositora, que anunciará su candidato el próximo 3 de septiembre.

“Ya está en un aparente proceso interno, lo cual fue sancionado muchas veces por los tribunales desde el 2022, evitando que funcionarios públicos con cargos públicos, como es el caso de la diputada, asista a eventos partidistas, que es lo que ha estado haciendo ella”, ha agregado Delgado sobre Gálvez.

Las medidas cautelares que Gálvez pide al INE que emita al presidente y su equipo son ordenarles que no emitan ni reproduzcan mensajes que puedan contener violencia política de género, que eliminen los que ya lanzaron en los últimos días y que haga un llamado a los actores políticos a eliminar este tipo de pronunciamientos.