El Poder Judicial del Estado de México desechó el amparo promovido por el colectivo Migala en contra del incremento al transporte público en la entidad, marcando el primer revés legal para las organizaciones que buscan revertir el tarifazo autorizado por la Secretaría de Movilidad.
En respuesta, el movimiento No al Tarifazo anunció que continuará explorando otras vías jurídicas y sociales para frenar el alza y exigir transparencia en el estudio tarifario que lo sustenta.
El amparo de Migala, presentado a inicios de octubre como medida de resistencia civil ante el aumento a 14 pesos, fue desechado en días recientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer los argumentos jurídicos del rechazo.
Integrantes del movimiento, que agrupa a distintas organizaciones ciudadanas y académicas, señalaron que el fallo refleja las limitaciones de las vías institucionales para frenar decisiones de gobierno que consideran injustificadas. No obstante, destacaron que el recurso marcó un precedente importante y será punto de partida para nuevas acciones legales.
“Sabemos que las propias instituciones no van a estar en contra de las decisiones que ellas mismas impulsan, pero el amparo sirve para denunciar, para dejar constancia del descontento y seguir abriendo caminos”, afirmó Ivonne Gutiérrez, integrante del colectivo No al Tarifazo.
Tras el rechazo, las agrupaciones acordaron preparar una nueva demanda colectiva, que será presentada esta semana en las oficinas judiciales de la colonia Nicolás San Juan, en Toluca.
De manera paralela, sostendrán reuniones con abogados de otras entidades que también enfrentan aumentos en tarifas de transporte —como Guadalajara, Monterrey y Chihuahua— con el fin de compartir estrategias legales y articular un frente nacional.
El objetivo, explicaron, es demostrar que el aumento se aplicó sin cumplir los requisitos establecidos, entre ellos la presentación del estudio tarifario y la verificación del estado de las concesiones. Asimismo, señalaron que muchas unidades no exhiben la pirámide tarifaria ni acreditan la vigencia de sus permisos.
“La mayoría de los camiones no tiene la concesión al corriente ni el tarifario visible. Aun así, cobran lo que quieren y no hay sanciones. Por eso insistimos en que la ciudadanía puede seguir pagando 12 pesos, porque el aumento se aplicó fuera de norma”, añadió Gutiérrez.
Los colectivos indicaron que, tras las movilizaciones de octubre, fueron contactados por funcionarios de la Secretaría de Movilidad, pero sin facultades resolutivas. Por ello, adelantaron que no aceptarán más reuniones que no involucren directamente al titular de la dependencia, Daniel Sibaja, o a la gobernadora Delfina Gómez, a quienes consideran los únicos con capacidad real para atender sus demandas.
“Nos buscaron para sentarnos, pero con funcionarios de bajo nivel. No tiene sentido seguir en ese círculo. Si no hay voluntad de atender de fondo, vamos a escalar las acciones y convocar a nuevas movilizaciones”, señaló Gutiérrez.
El movimiento también expresó preocupación por el reciente anuncio de mecanismos de reconocimiento facial en el Centro Histórico de Toluca, al considerar que podrían utilizarse para identificar o vigilar a quienes participan en protestas.
Califican esta medida como parte de una tendencia de criminalización de la protesta social observada en otras ciudades del país.
Ante ello, las organizaciones advirtieron que continuarán saliendo a las calles, manteniendo su exigencia de transparencia y justicia tarifaria.
