Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México recibió seis solicitudes para realizar el cambio de sexo y 207 solicitudes para cambio de sexo y nombre.

Las solicitudes de cambio de sexo fueron promovidas por dos hombres y cuatro mujeres, mientras que las de cambio de sexo y nombre se realizaron por 99 hombres y 108 mujeres.

Estas cifras son menores a las de 2024, cuando se contabilizaron 43 solicitudes de cambio de sexo —una de ellas de una persona no binaria— y 358 para cambio de sexo y nombre, de las cuales dos correspondieron a personas no binarias.

De acuerdo con el INE, todas las personas trans y no binarias que deseen modificar el dato de sexo en su credencial para votar, acorde con su identidad de género, pueden hacerlo en los Módulos de Atención Ciudadana sin necesidad de presentar un documento probatorio.

En el caso del cambio de nombre, el instituto exige presentar un documento de identidad rectificado, además del acta de nacimiento actualizada, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio vigente.

Si la persona no cuenta con el acta de nacimiento actualizada donde se reflejen los datos actuales de nombre y sexo, el INE permite modificar la fotografía para reflejar la expresión de género. También es posible elegir una “X” en el campo de sexo o decidir que el dato de sexo solo aparezca en el código de lectura rápida (QR) del anverso de la credencial.

El Estado de México cerró 2023 con más de 324 mil delitos del fuero común y poco más de mil agentes, lo que genera una carga promedio de 309.9 casos por servidor.

Las personas que soliciten el cambio de letra en el campo “Sexo” podrán optar por: M para Mujer, H para Hombre o X para No Binario.

Con estas acciones, el INE garantiza el derecho a la identidad y expresión de género, fortaleciendo la progresividad de los derechos de las personas LGBTIQ+.

El anteproyecto se incluye destinar 14% de los recursos a la organización de la elección judicial 2027, 8% a los preparativos de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos y el resto al gasto ordinario.

Edomex, la entidad con mayor población diversa

El Estado de México cuenta con la mayor población LGBTIQ+ del país, con 489 mil 594 personas, según el INEGI. De ellas, el 15% se identifica como gay u homosexual, 10.25% como lesbiana, 20.83% con otras identidades como pansexual, asexual o no binaria, y 53.92% como bisexual.

A primeras horas de este viernes, agentes ministeriales de los tres niveles de gobierno desmantelaron una red de huachicol de agua que operaba en 48 municipios del Estado de México (EMX). Comercializaban el vital líquido a precios excesivos y sometían a la población a prácticas ilegales.

En este operativo, donde aseguraron 190 pozos y tomas vinculadas con la extracción, participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

A este operativo lo denominaron “Operación para Combatir el Lucro Ilícito del Agua”, y tenía como objetivo detener a aquellos que extraen agua ilegalmente, la acaparan y la venden a precios elevados a las familias mexiquenses. Para cumplir con su objetivo, se llevaron a cabo despliegues simultáneos en 48 municipios mexiquenses, y así no dejar ningún cabo suelto.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indicó que su operativo responde a investigaciones y una serie de denuncias realizadas por familias que sufrían a diario por las extorsiones y presiones de estos grupos criminales.

La FGJEM detalló que los presuntos huachicoleros de agua pertenecen a sindicatos y grupos que supuestamente defienden al pueblo, pero en realidad lo extorsionan. Entre ellos se encuentra la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (Acme), Los 300, Libertad, 25 de Marzo, La Chokiza, entre otros más que sembraban el terror en territorio mexiquense.

Hasta el momento, la FGJEM informó que seguirá cateando domicilios y bodegas para inmovilizar las operaciones de las bandas delincuenciales dedicadas al huachicoleo de agua.

La percepción de inseguridad en el Estado de México sigue siendo un tema de preocupación para los ciudadanos del territorio, pues aunque algunos municipios tuvieron una reducción en sus porcentajes, continúan los niveles altos, tanto es así que cuatro de ellos se posicionan dentro del listado nacional de las 10 ciudades en esta situación. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que Ecatepec bajó dos lugares en el top 5, ya que durante el tercer trimestre su porcentaje sobre seguridad mejoró, mientras que el de otras ciudades en el país lo superaron.

El Inegi realiza cada tres meses una encuesta para conocer qué tanto se sienten seguros los ciudadanos mayores de 18 años en el país, al ser cuestionado sobre la seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales, el desempeño y confianza en las autoridades, así como la violencia familiar y en el entorno.

Durante septiembre se observó que 63 por ciento de la población consideró que era inseguro vivir en su ciudad, lo cual fue mayor al porcentaje obtenido en 2024 (58.6) y levemente menor al del trimestre pasado (63.2).

Asimismo, se mantiene la tendencia en que las mujeres son el grupo que más expresó sentir inseguridad con 68.2 por ciento, mientras que en los hombres solo fue 56.7 por ciento.

​Los porcentajes revelaron que cuatro municipios mexiquenses se posicionan dentro de las 10 primeras ciudades consideradas como poco seguras.

Ciudades con mayor percepción de inseguridad

1 Culiacán Rosales Sinaloa

2 Irapuato Guanajuato

3 Chilpancingo de los Bravo Guerrero

4 Ecatepec de Morelos Estado de México

5 Cuernavaca Morelos

6 Ciudad Obregón Sonora

7 Uruapán Michoacán

8 Naucalpan de Juárez Estado de México

9 Chimalhuacán Estado de México

10 Cuautitlán Izcalli Estado de México

Aunque ha destacado la percepción de inseguridad en algunos municipios del Estado de México, en la mayoría de los municipios que se consideran para esta encuesta se ha presentado una mejoría en sus porcentajes.

En el caso de Ecatepec se observa un cambio significativo, pues en junio 90.7 por ciento de la población indicó que no se sentían seguros en el municipio, mientras que en septiembre bajó a 84.4 por ciento. Lo mismo pasó en Naucalpan, cuya percepción se redujo 5.9 puntos porcentuales. Mientras que Tlalnepantla es la única alcaldía con un gran incremento al pasar de 71.7 a 80.3 por ciento.

Ecatepec bajó a 84.4 por ciento.

Naucalpan tuvo un decremento al registrar 82.1 por ciento.

Chimalhuacán subió su cifra a 81.9 por ciento.

Cuautitlán Izcalli tuvo un leve aumento con 81.7 por ciento.

Toluca redujo su porcentaje a 75.5.

Atizapán de Zaragoza continúa su tendencia a la baja con 49. 9 por ciento.

Por su parte, la encuesta también reveló que la poca confianza sobre la efectividad de los trabajos empleados por las autoridades se concentra en Cuautitlán Izcalli, Coatzacoalcos, Chimalhuacán, Zacatecas, Acapulco, Pachuca, Ecatepec, Xochimilco, Los Cabos, Reynosa y Mexicali.

De enero a septiembre del presente año, en México se cometieron 4 mil 597 delitos de robo a transportista, de los cuales 3 mil 764 se perpetraron con violencia, revelan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Dichas cifras indican que en dicho periodo, en el Estado de México se cometieron 2 mil 252 ilícitos de este tipo.

Los datos publicados por el SESNSP indican que casi la mitad de robos a transportista o robo a transporte de carga se cometieron en suelo mexiquense.

Organizaciones empresariales como la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional de Autotransporte de carga (Canacar), y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) refirieron que de enero de 2018 a agosto de 2025, el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí concentran el 77 por ciento de los delitos.

 “En siete de cada 10 robos, los operadores conducían vehículos que transportaban hidrocarburos, productos de limpieza, medicamentos, ropa, calzado, cartón, plástico, entre otros”.

Señalaron que el robo de alimentos y abarrotes, representa el 20.61 por ciento de los ilícitos; el 5.6 por ciento corresponde a materiales para la construcción; mientras que el 1.4 por ciento a refacciones, productos automotrices, y electrónicos.

Los organismos empresariales se han pronunciado en repetidas ocasiones por el incremento en la incidencia de dicho delito.

En julio pasado inició operaciones en Plan Cero Robos, dicha estrategia del gobierno federal opera en la carretera 57D (De Piedras Negras, Coahuila a México); en la México-Querétaro; en la 150D (De México a Veracruz); y en la México-Puebla, vialidades que refirieron, concentran el 29 por ciento del robo a transportistas en el país, de acuerdo con la Guardia Nacional.

La Canacar alertó que no sólo preocupa el robo de mercancía y de unidades, sino la integridad de los operadores, toda vez que advirtió, los atracos son cada vez más violentos.

Guadalupe González Martínez es una mujer de ascendencia indígena originaria del Estado de México, que fue sentenciada a 50 años de prisión por su participación en el delito de secuestro en agravio de la pareja de su ex esposo, sin embargo, asegura que este delito no lo cometió.

Este caso no es reciente y es que aparentemente el hecho ocurrió el 17 de junio de 2022, en el municipio de Temoaya, en el Valle de Toluca.

De acuerdo con la indagatoria, aparentemente la víctima, quien se dijo era pareja del ex esposo de Lupita, se dirigía a su domicilio en un autobús cuando fue interceptada por un hombre que supuestamente iba armado y que la obligó a bajar a la altura delegación de la delegación de San Pablo Autopan, en donde otros hombres ya le esperaban para subirlo a la fuerza a un vehículo particular.

Durante su privación, supuestamente fue sometida a tortura física, psicológica y agresión sexual y únicamente se reconoció la voz de María Guadalupe.

La investigación señala que eventualmente fue puesta en libertad en un campo.

Derivado de ello, fue que comenzó un proceso judicial en contra de María Guadalupe, quien en un primer momento fue sentenciada por los delitos de tentativa de Feminicidio, secuestro y violación.

Eventualmente, su caso, fue estudiado en la sala de asuntos indígenas del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), quienes consideraron que era necesario estudiar el caso con una perspectiva indígena y que tanto los ofendidos como la justiciable deberían de tener un traductor en su lenguaje y cultura.

Eventualmente, el 1 de octubre de este año se celebró la audiencia de juicio en la que participó en diversos peritos, los asistentes, traducción indígena otomí y mazahua y luego el 16 de octubre se emitió un fallo de condena en el cual se le impuso a María Guadalupe una pena de prisión de 55 años, el pago de la reparación del daño por la cantidad de 107 mil 236 pesos y la suspensión de sus derechos políticos y civiles, tras acreditar su participación en el secuestro.

María Guadalupe explicó en una entrevista que durante las etapas anteriores le fueron absueltos dos delitos y que en lo que respecta a su posible participación en un secuestro, afirma que es un hecho falso.

“Sí, me señalaron varios delitos que es abuso sexual, tentativo de feminicidio, este secuestro. Yo salgo el día 27 de mayo de 2024, en donde supuestamente la víctima ACCO, dice que otra vez le ocurre otro secuestro el día 17 de julio de 2024, adonde otra vez acudimos, que yo la secuestro que yo no soy yo, sino que también viene mi hermana, que es la que me ha estado apoyando desde el principio”.

En todo momento ha estado acompañada de sus vecinos, amigos y familiares, quienes piden que no sea encarcelada, ya que confían en que ella no participó en este delito de la manera que describe la autoridad.

“Porque soy inocente, de todo eso de lo que me acusan, ellos me conocen, ellos me han visto que yo trabajo, que no me dedico a la delincuencia, y ellos saben todo. ¿Usted cree que si yo fuera una delincuente, estuvieran todos mis vecinos apoyándome?”.

A lo largo de este tránsito ha sido acompañada por diversas activistas, entre ellas, Carmen Sánchez, presidenta de la “Fundación Carmen Sánchez”.