Con motivo del primer día festivo del año, el lunes 2 de febrero, el Tren Suburbano operará con un horario especial, a fin de mantener la movilidad entre el Estado de México y la Ciudad de México durante la conmemoración del Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con el aviso oficial, el servicio estará disponible desde las 07:00 horas y hasta las 00:30 horas, con una frecuencia aproximada de paso cada 15 minutos, lo que permitirá atender a los usuarios que, pese al día de descanso obligatorio, requieren trasladarse por motivos laborales, comerciales o personales.

El Tren Suburbano es una de las principales arterias de movilidad en la región, ya que mueve diariamente entre 160 mil y 165 mil usuarios, conectando la estación Buenavista, en la Ciudad de México, con Cuautitlán, en el Estado de México. Su operación resulta clave para miles de personas que se desplazan desde municipios como Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Tultitlán hacia el centro de la capital y viceversa.

Aunque en días festivos se registra una ligera disminución en la demanda, autoridades señalaron que el ajuste de horarios busca ofrecer un servicio constante y confiable, evitando largas esperas y facilitando los traslados de quienes laboran en sectores esenciales o aprovechan el día libre para realizar actividades familiares, recreativas o de descanso.

Asimismo, personal operativo y de supervisión se mantendrá atento al comportamiento del flujo de pasajeros, especialmente en horarios de mayor afluencia, para garantizar una operación ordenada y segura. Se recomendó a los usuarios planear con anticipación sus viajes y considerar los tiempos de espera establecidos para este día.

El Aniversario de la Constitución, que oficialmente se celebra el 5 de febrero, se recorre al primer lunes del mes, convirtiéndose en el primer descanso obligatorio del año, por lo que los ajustes en el servicio del Tren Suburbano forman parte de la logística habitual para mantener la conectividad entre ambas entidades.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las indicaciones del personal, cuidar las instalaciones y hacer un uso responsable del servicio, con el fin de que la jornada transcurra sin contratiempos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró que la Autoridad Judicial dictara dos sentencias condenatorias por un total de 99 años en contra de Uriel Gallardo Campos, al ser declarado culpable de los delitos de secuestro agravado y de robo con violencia.

Según se ha podido establecer mediante las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público, en octubre de 2016, las víctimas circulaban en un vehículo por calles del municipio de Tlalnepantla, cuando fueron interceptadas por cuatro individuos, entre ellos el hoy sentenciado, quienes con armas de fuego fueron amenazadas y las despojaron de sus pertenencias, posteriormente privaron de la libertad de una de ellas, menor de edad y la trasladaron a un hotel donde fue violada.

Luego de la denuncia del hecho, esta Representación Social dio inicio a las diligencias, mediante las cuales recabó información suficiente para determinar la identidad de los responsables de los hechos, por lo que al tener evidencia suficiente solicitó al Juez una orden de aprehensión, con la cual los pudo ingresar al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona y de esta forma, ponerlos a disposición de la autoridad.

Con los elementos de prueba expuestos por la Fiscalía de Justicia mexiquense ante el Órgano Jurisdiccional, esta autoridad determinó la culpabilidad de Uriel Gallardo Campos en los delitos de secuestro agravado y robo con violencia, por los cuales fue sentenciado a 87 y 12 años de prisión respectivamente.

Por estos mismos delitos, Yahir Alejandro Oliva Nolasco, Víctor Manuel Herrera Martínez y Edgar Misael Denova Sánchez, en el año de 2018 recibieron las mismas sentencias condenatorias.

Alejandro González Rivero fue sentenciado a 47 años de prisión luego de acreditar su participación en el delito de extorsión en agravio de un sacerdote, registrado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con la carpeta de investigación y datos aportados por el Ministerio Público, se pudo determinar que en febrero de 2025, la víctima, un sacerdote de una iglesia del poniente de Tlalnepantla, fue interceptado por Alejandro González Rivero a las afueras del templo en el que prestaba sus servicios.

El extorsionador se identificó como integrante de la Unión Tepito, grupo delictivo que opera en la Ciudad de México, y le exigió la entrega de una determinada cantidad de dinero cada semana, a cambio de no causarle daños a la víctima o daños físicos al templo.

La Fiscalía de Justicia General del Estado de México (FGJEM) tuvo conocimiento del hecho mediante una denuncia, por lo que el Ministerio Público inició con la recopilación de información, con la cual pudo identificar al sospechoso y una vez que se contó con los elementos suficientes, se generó una orden de aprehensión en su contra y tras su captura fue ingresado al penal de Barrientos.

Una vez que el Ministerio Público presentó todas las pruebas en contra de Alejandro González Rivero se pudo comprobar su participación en el delito de extorsión agravada.

La autoridad judicial lo declaró culpable y emitió una sentencia de 47 años de prisión; además de que le fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos.

De acuerdo con el Informe sobre la libertad religiosa en México 2025, La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN) indica que en el país, que cuenta con más de 129 millones de habitantes -de los cuales 95.7 por cuento son cristianos- y un Estado oficialmente laico, se enfrenta a una escalada de agresiones que, lejos de disminuir, se ha consolidado como una tendencia persistente durante los últimos años.

En la edición católica Desde La Fe, en el artículo El Alarmante Panorama de la Libertad Religiosa en México, advierte de un aumento de los casos de extorsión y violencia contra los sacerdotes en el país.

En el documento se señala que durante el sexenio anterior ocurrieron 10 asesinatos de sacerdotes, otros 10 sufrieron agresiones y se presentaron cerca de 900 casos de extorsión contra miembros de la Iglesia católica.

Entre los casos más recientes destacan el asesinato del padre Javier García, en Michoacán; del padre José Angulo Fonseca, en Jalisco; del padre Marcelo Pérez Pérez, sacerdote indígena tzotzil de Chiapas y reconocido defensor de los pueblos originarios; y en el Estado de México el caso de Ernesto Baltazar, quien fue encontrado sin vida el 13 de noviembre en un canal de aguas negras de Nextlalpan.

Al filo de las siete de la mañana, una madre y su hijo que viajaban a bordo de una motocicleta fueron atacados a balazos a la altura de la calle Berriozábal, en la zona conocida como la “Y griega”, en el barrio de Atzacoalco, municipio de Teoloyucan.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas eran originarias de Santa María Huecatitla y se dirigían a realizar los cobros semanales de los abonos correspondientes a la venta de trastes que comercializaban.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Teoloyucan, quienes únicamente pudieron certificar que ambas personas ya no contaban con signos vitales. Posteriormente, policías municipales acordonaron la zona en espera del arribo del Ministerio Público.

Cabe señalar que el personal del MP tardó más de cinco horas en presentarse en el sitio para ordenar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer este doble homicidio.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque.