Por primera vez en el Estado de México se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en niños que cursen el quinto grado de primaria o de 11 años de edad, ampliando la cobertura y la protección, ya que además es una nueva dosis nonavalente.

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Luego de que la Secretaría de Salud federal diera a conocer la actualización de esquema de vacunación contra Virus del Papiloma Humano (VPH) en distintos grupos de población, la entidad mexiquense por primera vez aplicará estas dosis en niños, a diferencia de años anteriores, cuando únicamente se distribuía entre niñas de quinto de primaria u 11 años cumplidos.

El subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Marco Antonio Montes de Oca González, informó que otra de las ventajas de esta actualización es que se distribuye una nueva vacuna que brinda una mayor protección, ya que la que se aplicaba anteriormente era tetravalente, es decir, brindaba protección contra cuatro serotipos, los tipos 6, 11, 16 y 18 asociados a cáncer ginecológico o potencialmente cancerígenos.

La vacuna actual es nonavalente, es decir, protege contra nueve serotipos, entre ellos 31, 33, 45, 52 y 58, además del 6, 11, 16 y 18.

Este esquema se amplía para brindar protección a mujeres cis y trans que viven con VIH  (en edades de 11 y 49 años) o mujeres víctimas de alguna violación sexual.

Para la aplicación de estas dosis, la entidad se sumó a la Campaña de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 2025, bajo el lema “Vacúnate contra el VPH y protege tu futuro”, la cual se desarrolla desde el 27 de septiembre y concluirá hasta el 19 de diciembre.

También se contemplan acciones en coordinación con la Secretaría de Educación, para que sea a través de los centros educativos, en donde se puedan realizar jornadas de vacunación y se llegue directamente a los grupos objetivo.

Como parte de esta campaña, el sector salud de la entidad tendrá acceso a 206 mil 380 vacunas contra el VPH, de las cuales ya se han recibido 202 mil 230 dosis, lo que equivale a 97.9 por ciento del total.

El biológico está distribuido de manera puntual en las 19 jurisdicciones sanitarias de la entidad, para garantizar su disponibilidad en todos los municipios de la entidad.

Se reitera que la vacuna es segura y eficaz, por lo que se exhorta a las madres y padres de familia o personas cuidadoras o tutoras aprueben su aplicación en los centros educativos o acudan directamente a los centros de salud para la aplicación en estos grupos de edad.

En el Estado de México, la violencia tras los conflictos viales ha escalado en los últimos tres años con episodios que han dejado muertos y heridos tanto el Valle de Toluca y en otros municipios de la entidad.

Para el director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, Raúl Naveda López-Padilla, explicó que estas conductas no pueden entenderse únicamente como reacciones momentáneas, sino como resultado de múltiples factores que interactúan entre sí.

Entre ellos, explicó en entrevista con El Sol de Toluca, se encuentran traumas no resueltos, experiencias previas de violencia, consumo de sustancias psicoactivas y, en algunos casos, la ausencia de redes de apoyo emocional o el diagnóstico tardío de trastornos vinculados con la agresividad y el control de impulsos.

Aparentemente el conflicto inició en la zona de Magnolias, donde los checadores y combis que hacen base en el lugar exigían dinero a los operadores del nuevo servicio de transporte hacia la Ciudad de México.

‘Los conflictos viales pueden ser escenarios de expresión de emociones reprimidas como enojo, frustración o ansiedad. Cuando estas emociones no encuentran canales adecuados de regulación, se transforman en reacciones desproporcionadas. En un entorno social donde la violencia se normaliza y el acceso a armas es posible, estas reacciones se potencian y pueden llegar a escalar hacia episodios de violencia armada’, sostuvo.

El especialista añadió que la prevención no se limita a sanciones de tránsito, sino que debe incluir el fomento de habilidades socioemocionales en la comunidad, así como garantizar la detección temprana y el acceso a tratamientos oportunos en salud mental.

El domingo pasado, la carretera Toluca-Palmillas fue escenario de una protesta encabezada por habitantes de Ojo de Agua, quienes bloquearon la vía para exigir justicia por la muerte de un ciclista arrollado.

Durante la manifestación, un automovilista descendió de su vehículo para quitar las piedras con las que estaba bloqueado el paso, fue agredido con piedras, regresó armado y disparó contra los manifestantes, lo que dejó un saldo de dos heridos.

La agresión provocó pánico entre los presentes; sin embargo, hasta el momento no ha sido detenido el agresor, quien abandonó el vehículo en que viajaba kilómetros más adelante.

Para especialistas, este tipo de ataque con arma de fuego evidencia cómo una expresión de inconformidad social derivada de un percance vial puede transformarse en un hecho de violencia con consecuencias mayores, en un contexto donde la tensión en las calles se multiplica por la percepción de impunidad.

La balacera en la Toluca-Palmillas no es el primer episodio en el que un conflicto vial termina en tragedia. El 19 de diciembre de 2022, en la avenida Alfredo del Mazo de Toluca, un pleito entre automovilistas en la colonia Científicos dejó como saldo la muerte de un conductor.

La víctima quedó sin vida sobre el asfalto, mientras que el presunto responsable fue detenido en el lugar.

Ese mismo mes, en Metepec, otra pelea de tránsito derivó en que un automovilista arrollara dos veces a la persona con la que discutía.

El hecho, que fue registrado en video, mostró la capacidad de escalar que tienen los incidentes en carretera cuando el enojo se transforma en agresión.

En municipios del Valle de México también se han documentado riñas entre automovilistas tras choques menores.

En Ecatepec y Valle de Chalco se difundieron videos donde golpes, daños a vehículos y amenazas con objetos sustituyeron cualquier intento de diálogo.

Aunque no alcanzaron la magnitud de la balacera en Toluca-Palmillas, confirman que la violencia tras percances de tránsito no es exclusiva del Valle de Toluca.

Para Naveda López-Padilla, la forma de frenar estos hechos pasa por atender la dimensión emocional de la violencia.

‘La prevención sucede al trabajar en la promoción de la salud mental comunitaria, fomentando habilidades socioemocionales como la regulación de las emociones, la resolución pacífica de conflictos y la empatía’, explicó.

El especialista sostuvo que, sin acciones integrales que combinen educación emocional, acceso a atención psicológica y coordinación con políticas de seguridad, las calles del Estado de México serán un terreno fértil para que un percance vial desemboque en una agresión.

Los casos de Toluca-Palmillas, Alfredo del Mazo y Metepec, consideró el director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, reflejan que no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno social en el que la movilidad y la violencia se entrelazan, lo que coloca a la salud mental en el centro de la discusión.

La sobrepoblación de hasta 520 por ciento en algunos penales del Estado de México ha originado no solo a los llamados “vampiros” –reos que se amarran a los barrotes de la celda para dormir de pie ante la falta de espacios–, sino también problemas de insalubridad, enfermedades como la micosis y hasta la presencia de fauna nociva en los dormitorios, como ratas, denunció el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Con datos de los Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional, con corte al mes de agosto, el nivel de sobrepoblación en la entidad es superior a 150 por ciento, que en términos absolutos se traduce en un déficit de 22 mil 428 lugares.

Esto provoca no solo la insuficiencia de literas, sino también de comida, por lo que son los familiares quienes deben proporcionar semanal o mensualmente artículos personales a los internos.

A partir de cuestionarios aplicados en diversas cárceles, el Centro Zeferino Ladrillero ha documentado varias carencias al interior, provocadas por el hacinamiento y la falta de condiciones adecuadas para la readaptación social. 

Están presentes casos de hongos en la piel, ratas en los dormitorios y comida de mala calidad, entre otras deficiencias.

Reos duermen de pie por falta de espacio en cárceles mexiquenses; denuncian problemas de salud e insalubridad. Especial

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Fabiola Vite Torres, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, encargado de apoyar la defensa de personas de pocos recursos e injustamente presas, advirtió que urge atender dos grandes problemas: la sobrepoblación y la reforma del Código Penal para eliminar las penas excesivas que, señaló, van en contra de la readaptación social.

“Hemos visto sentencias de hasta 136 años; si lo pensamos, tendría que pasar una persona casi tres vidas para poder compurgar esa condena, lo cual se convierte en una lápida para las personas privadas de su libertad”.

Además, les niega la posibilidad de acceder a beneficios contemplados en la Ley de Ejecución de Penas, porque la cantidad de años que les han dictado materialmente lo impide. 

“La legislación mexiquense no tiene como finalidad la reinserción; su perspectiva es punitiva. Es una entidad donde dictan la prisión oficiosa como si se tratara de un vaso de agua”, acusa.

“Necesita solucionar sus problemas de sobrepoblación, evitar que la justicia se convierta en una puerta giratoria donde, por una, salen unos y, por la otra, entran otros, de manera que la tendencia, aun con las preliberaciones y amnistías en los últimos años, se mantiene al alza”.

José Antonio Lara Duque, del referido centro, refirió que la tendencia en los penales mexiquenses es al alza. En enero de 2015 la población, entre reos del fuero común y federal, era de 24 mil 672 internos en la entidad; hoy son 37 mil 132, pese a que se otorgan beneficios de prelibertad, traslados a otros centros o liberaciones por inocencia.

“Nosotros, desde 2020, hicimos una proyección con datos del Inegi, la CNDH, la Codhem y Seguridad Pública, donde advertimos que existen personas con categorías sospechosas de discriminación: personas indígenas que no tienen acceso a educación ni a derechos económicos, sociales y culturales; es decir, trabajo digno, salario, etcétera, de condición social vulnerable. Ese conjunto era, en el año 2020, de al menos 19 mil 500, con una población penitenciaria de más o menos 34 mil personas privadas de la libertad en la entidad. Hoy, a cinco años, el sistema penitenciario tiene prácticamente 40 mil personas y la tendencia no cambia”, aseveró.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, Zaira Cedillo, refirió que 60 por ciento de la población presa es de escasos recursos y bajo nivel educativo. 

En los centros de reclusión, señaló, la sobrepoblación obliga a algunos internos a dormir parados, amarrados a los barrotes para no caer.

Fabiola Vite Torres, del Centro Zeferino Ladrillero, indicó que a estas personas se les conoce como “vampiros”, quienes simplemente no tienen espacio para dormir. 

Además, el alimento que se les da está en malas condiciones, lo cual propicia intoxicaciones, al grado de que los internos optan por no comerlo y piden a sus familias que les lleven alimentos.

Pero entonces se aviva la corrupción: se debe pagar para que les permitan ingresar comida durante las visitas. 

“En la comida no les dan ni siquiera una pieza de pollo, es prácticamente agua. En los penales femeniles les dan muchos embutidos, salchichas, cosas que tienen impacto negativo en su salud; pero es lo que rinde, lo más barato”.

Entre pasaje, alimentos y “mordidas”, cada familia gasta mil 500 pesos a la semana en llevar a su familiar papel, jabón, peine y otros artículos de higiene personal que no les cubre la estancia en el penal.

“Uno de los testimonios más fuertes que tenemos es que uno de los penales, el de Barrientos, en Tlalnepantla, está infestado de ratas. En el área de mujeres, una interna nos compartía que se le metió una rata mientras dormía y la mordió”.

Lo anterior refleja las condiciones totalmente insalubres, pero eso no es todo, explican: 

“Hay un problema de salud pública, le llaman el hongo carcelero; es una especie de hongo que les va carcomiendo la piel por la humedad, las condiciones insalubres e incluso por la oscuridad en los lugares de castigo”.

Entre pasaje, alimentos y “mordidas”, cada familia gasta mil 500 pesos a la semana. Foto: Iván Carmona

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Con base en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, al mes de agosto de este año la población total en los penales estatales y federales del país era de 252 mil 466, de los cuales el Estado de México tiene la población más grande, con 37 mil 132 personas privadas de su libertad; en segundo lugar está Ciudad de México, con 26 mil 858, y en tercero, Baja California, con 14 mil 391.

Tan solo en agosto ingresaron mil 629 personas a las prisiones mexiquenses y egresaron mil 406, por lo cual sigue el crecimiento en los centros penitenciarios estatales y el federal. El Estado de México es la tercera entidad con más ingresos a sus prisiones, solo superada por Baja California con 2 mil 100 y Ciudad de México con mil 994.

Del fuero estatal, en el Estado de México están internas 35 mil 761 personas, de las cuales solo 27 mil 519 están sentenciadas y los 8 mil 242 casos restantes están en espera de una resolución final… que puede tardar varios años. 

El Estado de México es la entidad que tiene más centros penitenciarios estatales, con 21, seguido de Veracruz con 17 y Puebla con 16.

En las prisiones mexiquenses solo hay espacio formal para 14 mil 481 personas, pero su población es de 37 mil 132, es decir, existe una diferencia de 22 mil 651, lo que representa 156 por ciento de sobrepoblación.

Por número de personas internas, el Estado de México se coloca a la cabeza, pero también en lo que se refiere al número absoluto de sobrepoblación; solo en términos porcentuales es superado por Nayarit, con 175.62 por ciento, pero en este caso solo les hacen falta 2 mil 60 lugares.

En números absolutos, el Estado de México es el que adolece de más espacios, con una carencia de 22 mil 651; en segundo lugar está Sonora, con 6 mil 316; y en tercer lugar Durango, con 2 mil 477. Hay 15 entidades con un déficit menor y existen 14 en las cuales quedan lugares libres; en eso destaca Tamaulipas, con 2 mil 52 vacantes.

En total, solo 18 de las 32 entidades tienen problemas de sobrepoblación y, de estas, el Estado de México concentra 47.55 por ciento del problema.

El Estado de México están internas 35 mil 761 personas, de las cuales solo 27 mil 519 están sentenciadas. Foto: Tania Contreras

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De los penales mexiquenses, solo cuatro no tienen dificultades de sobrepoblación: Sultepec, la Penitenciaría Modelo, Neza Norte y Neza Sur. En contraste, en el caso de Chalco, con solo 591 espacios, tiene a 3 mil 95 personas internas, lo cual representa un índice de sobrepoblación de 523.69 por ciento: el más alto de todo el país.

Otros penales con graves condiciones son el de Zumpango, con 498 por ciento de sobrepoblación, al haber sido diseñado para 120 personas y tener en ella a 598; Jilotepec, con 86 camas, tiene una población de 324, lo que representa un índice de excedente de 376.74 puntos porcentuales, y en el caso de El Oro se va de 90 a 329, es decir, 365.56 por ciento de hacinamiento.

También está el caso del penal de Tlalnepantla, donde debieran tener un máximo de mil 539 personas, pero ahí están privadas de su libertad 4 mil 384, lo que significa 284.86 por ciento de sobrecupo.

El caso de Ecatepec es de 245.85 por ciento, porque cuenta con 4 mil 359 internos, donde solo hay lugar para mil 773, y en Nezahualcóyotl Bordo-Xochiaca la sobrepoblación es de 213 puntos, porque en lugar de respetar el límite de mil 834 personas privadas de su libertad, tiene a 3 mil 907.

Todo, con las consecuencias mencionadas que parecieran parte de su castigo, donde su salud es el precio a pagar.