A través del informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: un acercamiento al drama de las desapariciones en México”, Causa en Común evidencia que, mientras que el número de personas desaparecidas en México ha crecido de forma dramática, las instituciones encargadas de su búsqueda, investigación e identificación están completamente rebasadas.
A falta de acciones para rescatar a estas instituciones, se realizan ajustes legales que, al no traducirse en presupuestos ni en fortalecimiento institucional, no tienen ninguna incidencia en las mermadas capacidades del Estado mexicano. Además de ajustes legales sin consecuencia, también ha sido del interés gubernamental alterar las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El caso es que el número de desapariciones alcanzó un punto máximo en 2024, cuando se incorporaron 12,759 casos sólo en ese año, y que actualmente el Registro acumula más de 130 mil desaparecidos. Por otra parte, no se conocen registros oficiales sobre fosas clandestinas ni sobre restos exhumados, ni existen datos confiables sobre centros de resguardo y capacidad de almacenamiento forense.
Parte medular del trabajo de Causa en Común se centra en el desmoronamiento institucional que ha tenido lugar durante los últimos años. Que sólo existan 3,869 carpetas de investigación acredita la pequeñez de las fiscalías ante la enormidad de la tragedia. Por su parte, la Fiscalía General de la República incumple su obligación de generar registros forenses y sigue sin cumplir con la responsabilidad de elaborar y publicar un Programa Nacional de Exhumaciones y un Protocolo Homologado de Investigación. Los servicios forenses, que dependen de las fiscalías, trabajan con serias carencias de personal y de equipamiento. De especial relevancia es la inoperancia y el silencio de la Comisión Nacional de Búsqueda, que carece de normativa interna y de instrumentos clave como el Programa Nacional de Búsqueda; es importante asimismo el silencio y la irrelevancia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; es notoria también la subordinación explícita y obsecuente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a todas las posturas gubernamentales.
La falta de gobierno, y la destrucción de los contrapesos autónomos, desplazó la búsqueda de los desaparecidos hacia las familias, colocándolas en riesgo de muerte frente a las organizaciones criminales. Desde 2010, al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas y ocho más han desaparecido buscando a sus desaparecidos.
Frente a este desastre humanitario, el escrutinio internacional ha sido contundente. Desde 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que México enfrenta una situación generalizada de desapariciones forzadas, caracterizada por una impunidad casi absoluta y graves deficiencias institucionales. México es, además, el país con más solicitudes de acción urgente ante este Comité, con 819 casos, lo que refleja que las familias han tenido que recurrir sistemáticamente a instancias internacionales para obtener lo que el Estado debería garantizar: acciones de búsqueda e investigación inmediatas. El pasado 2 de abril, el Comité concluyó que existen indicios de desapariciones generalizadas y sistemáticas, constitutivas de crímenes de lesa humanidad, y que llevará el caso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
Ante este panorama, en su documento Causa en Común propone acciones concretas, entre ellas: aumentar recursos para comisiones de búsqueda, fiscalías y servicios forenses; implementar protocolos de investigación y el Programa Nacional de Exhumaciones; y transparentar los registros sobre desaparecidos, fosas y datos forenses. Todas las acciones deberían acompañar un Programa Nacional de Búsqueda con objetivos verificables, participación de las familias y cumplimiento de las recomendaciones internacionales.
