Ante una petición del personal de una empresa privada, policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) resguardaron un predio donde se localizó mercancía con reporte de robo, consistente en productos de higiene que fueron extraídos del tráiler en el que eran trasladados.

Para esclarecer los hechos, los elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) de la SSEM fueron alertados por personal de una empresa privada de seguridad sobre la posible ubicación de mercancía, la cual fue sustraída luego de que se registrara el robo de un tractocamión que actualmente no ha sido localizado.

La localización de dicha mercancía se logró a través del GPS instalado. Al ubicarla, los efectivos arribaron a la colonia Loma Bonita; se trata de un terreno en el que pudieron ver, a través de una abertura, las tarimas con los productos descritos por el propietario.

De forma inmediata, se procedió al resguardo del inmueble a fin de evitar la alteración de la evidencia; además, se efectuó la puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Transporte, con sede en Atizapán de Zaragoza, a fin de que continúen las investigaciones.

La gobernadora del Estado de México (EMX), Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Ceremonia de Graduación del “Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad”, donde se incorporaron 143 nuevos elementos a las filas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Durante la graduación, el titular del SSEM Cristóbal Castañeda Camarillo destacó que la actual estrategia ha permitido una reducción sostenida del 48% en homicidio doloso entre septiembre de 2024 y enero de 2026, además de una disminución del 25% en los 12 delitos de alto impacto durante 2025.

“El trabajo coordinado entre los tres poderes del Estado, las Fuerzas Armadas y las policías municipales está dando resultados medibles”, subrayó el funcionario ante representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Resaltó que los delitos con mayor reducción destacan los secuestros, con una tendencia a la baja del 39%; la extorsión se redujo significativamente, así como los homicidios dolosos.

Afirmó que estos resultados son producto de la alineación con la estrategia nacional de seguridad, basada en cuatro pilares: atención a las causas, fortalecimiento institucional, inteligencia y coordinación.

El titular de Seguridad informó que se han entregado 119 patrullas y armamento a 85 municipios, además de implementar herramientas tecnológicas con inteligencia artificial como el sistema Nexus y monitoreo predictivo en la red de videovigilancia estatal.

También mencionó el éxito de operativos estratégicos como Enjambre, Bastión, Restitución, Fortaleza, Pegaso y Transporte Seguro, así como el Mando Unificado en la Zona Oriente.

Es importante señalar que la capacitación de los nuevos policías se realizó en coordinación con la Guardia Nacional (GN), fortaleciendo la profesionalización y proximidad social en los 125 municipios del Estado de México (EMX).

Durante el evento, estuvieron presentes los alcaldes de Tepetlixpa, Lic. Abelardo Rodríguez García, y el alcalde de Huehuetoca, Juan Manuel López Adán, quienes recibieron de manera simbólica armamento.

Al concluir, un total de 10 elementos graduados recibieron su constancia de participación, misma que refleja el compromiso por salvaguardar la integridad de los mexiquenses. La entrega se llevó a cabo por autoridades estatales, entre ellos:

Gabriel Díaz Reyes

Brenda Hernández Fernández

Jair Hernández Salas

Marisol Luis Reyes

Ana Paola Merino Palafox

Andrés Cruz García

Manuel Molina Zavala

Óscar López Piña Teresa

Mónica Santiago Ramírez

Zaira Huerta Hernández

Señalamientos ciudadanos colocan a la seguridad pública municipal de Nicolás Romero en el centro de una fuerte controversia, ante acusaciones de presuntos cobros de piso, protección privada irregular a negocios y omisiones institucionales frente al avance de la delincuencia.

De acuerdo con testimonios y reportes comunitarios, diversos establecimientos recurren a pagos adicionales para recibir vigilancia o protección, en un contexto donde la percepción de inseguridad continúa elevada. Habitantes sostienen que estos pagos reflejan la falta de condiciones reales para operar sin amenazas o extorsiones.

El señalamiento ocurre en un entorno donde la inseguridad es una preocupación constante. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI muestran que, en distintas zonas metropolitanas del Estado de México (EMX), más del 70 por ciento de la población percibe inseguro su entorno, una de las cifras más altas del país.

Además, el delito de extorsión mantiene tendencia al alza en varias regiones mexiquenses. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han colocado al Estado de México entre las entidades con mayor número de carpetas de investigación por este delito en los últimos años, lo que ha impulsado la expansión de esquemas de seguridad privada informal y pagos clandestinos de protección.

Dentro de las denuncias difundidas también se mencionan nombres específicos de presuntos mandos y operadores vinculados con el cobro de cuotas ilegales a comerciantes y particulares. Entre los señalados públicamente se encuentra Leonardo Javier ‘N’, identificado como RG1 en la región uno, así como su hermano Jonathan Urbina ‘N’, a quien denunciantes atribuyen la presunta tarea de recaudar pagos empresariales y recursos de procedencia ilícita relacionados con extorsión y cobro de piso.

Algunas versiones señalan que estos cobros incluirían pagos exigidos para permitir la operación de grupos delictivos en determinadas zonas comerciales, e incluso mencionan presuntos beneficios patrimoniales derivados de estas actividades, como vehículos recientes y propiedades inmobiliarias. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial ni imputaciones públicas formales derivadas de estos señalamientos.

Autoridades municipales no han informado de investigaciones abiertas específicamente relacionadas con los nombres mencionados, lo que ha incrementado la presión social para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades dentro de la corporación.

Frente a este panorama, ciudadanos y comerciantes demandan auditorías internas, supervisión externa y mecanismos reales de denuncia protegida. La exigencia central es que la seguridad pública recupere su función esencial: garantizar protección sin condicionamientos económicos ni redes paralelas de control.

Seis sujetos fueron detenidos en territorio de Huehuetoca; se hacían pasar por agentes de la Fiscalía. Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informaron que fueron detenidos mientras circulaban portando armas, uniformes e insignias apócrifas para simular ser agentes ministeriales.

La investigación conduce a que se encuentran vinculados a un posible esquema delictivo de usurpación de funciones y extorsión.

El arresto se realizó cuando agentes de la FGJEM detectaron una camioneta tipo SUV color negro equipada con luces estroboscópicas y, en su interior, a seis hombres que, según las autoridades, pretendían parecer funcionarios oficiales.

Al marcarles el alto, los ocupantes no obedecieron y huyeron, lo que dio lugar a una breve persecución por calles del municipio. Una vez detenidos, la Fiscalía procedió a la inspección del vehículo, en el que encontraron tres armas de fuego reales, dos réplicas, uniformes y prendas con escudos, leyendas y colores similares a los usados por agentes de la FGJEM.

La FGJEM asegura que los detenidos, identificados como Víctor Jesús “N”, Alejandro “N”, Omar Eliel “N”, Jorge Luis “N”, David Ulises “N” y Jan Carlo Alejandro “N”, ninguno de ellos forma parte de la institución, por lo que se inició una carpeta de investigación por simulación de vehículo oficial, uso indebido de insignias y portación de arma prohibida.

Este operativo se da en medio de una serie de acciones del Estado de México para combatir a personas que simulan ser autoridades con fines delictivos. En días recientes, la Fiscalía ha reportado detenciones de grupos que utilizan uniformes apócrifos y autos similares a los oficiales, señalados incluso en investigaciones por extorsión, robo y otros delitos graves.

Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar si estos sujetos estaban vinculados a redes criminales más amplias que operan en la entidad.

La búsqueda de Jeshua Cisneros Lechuga entró en una fase crítica tras cumplirse 92 días de su desaparición, ocurrida el 13 de noviembre de 2025 en el municipio de Cuautitlán Izcalli. A punto de cumplirse tres meses sin noticias sobre su paradero, familiares, autoridades y colectivos ciudadanos intensificaron los trabajos de rastreo en la zona del Emisor Poniente y el Río Cuautitlán.

La ausencia prolongada ha marcado a su familia, particularmente a su madre, Karla Lechuga, quien encabeza las jornadas de búsqueda con la esperanza de encontrar cualquier indicio que permita ubicar a su hijo.

Durante el segundo día de labores en esta zona, la brigada se concentró en la lateral del Emisor Poniente, a la altura de la colonia San Martín Tepetlixpa. En el operativo participaron integrantes de colectivos de búsqueda, madres de otros jóvenes desaparecidos, así como personal de la Guardia Nacional, Protección Civil, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión de Búsqueda estatal (COBUPEM).

Las acciones incluyeron recorridos terrestres, inspección de zonas de difícil acceso y revisión de puntos donde pudiera haber indicios que ayuden a reconstruir lo ocurrido desde el día de la desaparición.

El paso de los días sin respuestas ha profundizado la angustia de la familia. Karla Lechuga ha reiterado que cada jornada representa una mezcla de esperanza y dolor, mientras continúa recorriendo puntos estratégicos del municipio junto a otras madres que comparten la misma incertidumbre.

Las brigadas no sólo buscan evidencias físicas, sino también visibilizar el caso y mantener activa la exigencia de resultados a las autoridades.

El caso de Jeshua se suma a la crisis de desapariciones que enfrenta México. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el país acumula más de 110 mil personas reportadas como desaparecidas, mientras que el Estado de México se mantiene entre las entidades con mayor número de casos registrados en los últimos años.

Municipios del Valle de México, como Cuautitlán Izcalli, concentran reportes recurrentes, lo que ha impulsado la organización de colectivos ciudadanos y jornadas independientes de búsqueda ante la falta de resultados inmediatos.

Mientras el tiempo avanza, la familia de Jeshua insiste en que la búsqueda continuará sin descanso. Las brigadas planean ampliar los recorridos en zonas cercanas al cauce del río y áreas de difícil acceso en los próximos días. A 92 días de su desaparición, la exigencia sigue siendo la misma: encontrar a Jeshua y obtener respuestas que pongan fin a la incertidumbre que vive su familia.

La mañana de este jueves familiares, amigos y vecinos de Adalberto, hombre detenido por un presunto abuso sexual contra la regidora Valentina Loa, bloquearon calles de la colonia Tres de Mayo para denunciar que consideran el hecho como un abuso de autoridad.

La protesta incluyó el bloqueo del cruce entre Bosques de Bolonia y Jacarandas, lo que generó tráfico intenso en la zona, principalmente durante el horario en que habitantes se dirigían a escuelas y centros de trabajo. Automovilistas se vieron obligados a buscar rutas alternas ante el congestionamiento vial.

De acuerdo con la versión de la familia, la regidora realizaba un recorrido por la colonia donde saludó a comerciantes y vecinos, incluido Adalberto quien labora en una carnicería; sin embargo, minutos después, la regidora regresó acompañada de patrullas y con parte de su equipo señalando que el hombre presuntamente la había besado sin su consentimiento y la habia agredido físicamente.

“Yo no lo creo capaz de eso. Es una persona muy querida aquí en la colonia, todos lo conocen”, expresó la esposa del detenido durante la manifestación.

La mujer explicó que, tras la acusación, su esposo fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres, donde permaneció cerca de 48 horas. Posteriormente, fue ingresado al penal de Cuautitlán, donde continúa bajo proceso mientras avanzan las investigaciones.

Cabe resaltar que el pasado martes se realizó la primera audiencia en donde un juez determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva.

Los manifestantes señalaron que su movilización no busca confrontación, sino que el objetivo es que caso sea revisado de manera imparcial. Consideran que podría tratarse de un uso indebido del poder y solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para garantizar un proceso justo.

Hasta este momento el caso permanece bajo investigación de las autoridades correspondientes. En tanto, vecinos advirtieron que podrían continuar con movilizaciones en los próximos días.

El gobierno municipal de Tultitlán anunció el reforzamiento de restricciones para la circulación de unidades de carga articulada en diversas calles y avenidas de la cabecera municipal, con el objetivo de mejorar la movilidad y disminuir la saturación vehicular en la zona.

De acuerdo con las autoridades locales, la medida se sustenta en el artículo 93 del Bando de Policía y Buen Gobierno de Tultitlán, así como en los artículos 3, 53 y 69 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, los cuales establecen limitaciones para la circulación de vehículos de gran tonelaje en determinados puntos estratégicos.

Las restricciones aplicarán en vialidades donde se registran altos niveles de congestionamiento entre las que se encuentran las siguientes:

La avenida San Antonio

El bulevar Tultitlán Oriente, en el tramo que conecta con el Circuito Exterior Mexiquense hacia avenida El Sabino

La avenida Isidro Fabela.

La calle Adolfo López Mateos

La calle Amado Nervo

La calle Manuel Acuña, además de diversos tramos de la avenida Hidalgo que enlazan con vías principales.

El gobierno municipal señaló que el tránsito constante de tráileres y unidades pesadas ha generado complicaciones en la circulación, incrementado riesgos para peatones y usuarios del transporte público, además de provocar embotellamientos que afectan tanto a habitantes como a automovilistas.

Asimismo, advirtió que las personas operadoras y empresas transportistas que incumplan las disposiciones podrán ser sancionadas conforme a la normatividad vigente, por lo que hizo un llamado a respetar las rutas y horarios autorizados.

Con esta medida, Tultitlán se suma a otros municipios del Valle de México que han implementado controles al transporte de carga en zonas urbanas, con la finalidad de optimizar el funcionamiento de vialidades primarias y secundarias, especialmente en áreas habitacionales y comerciales.

Las autoridades municipales indicaron que esta regulación forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la movilidad y la seguridad vial, por lo que reiteraron la importancia de la colaboración del sector transportista para garantizar su efectividad.