El pleno del Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para tipificar el delito de usura, también conocido como gota a gota, con penas de uno a 15 años de cárcel y multa de 100 a 3 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en ese momento, con el fin de reducir esta actividad que prolifera en varios puntos de la entidad.

El artículo que se incluyó en la ley señala que “comete el delito de usura quien, aprovechándose de la necesidad apremiante, ignorancia, o inexperiencia de otro, mediante contratos, convenios o documentos mercantiles o civiles, formales o informales, incluidos aquellos simulados, otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios, cobrando intereses superiores al doble de las tasas fijada por el Banco de México a intermediarios financieros para operaciones similares”.

En entrevista el legislador indicó que prestar dinero es posible, pero no hacerlo con tasas de interés fuera de la realidad, por lo cual la gente que sufra este problema denuncie, aun cuando sean préstamos informales, es decir con vecinos, o personas conocidas, así como instituciones que lucren con esta actividad.

Ya sólo falta que la reforma sea publicada en la Gaceta de Gobierno para que entre en vigor y la gente pueda denunciar el delito de usura que actualmente la ley no contempla, pese a que hace poco más de un siglo si se consideraba.

En los últimos años, dijo, las estructuras delictivas del Valle de México empezaron a huachicolear el agua, un negocio muy rentable que no tiene freno y no se ha resuelto; así como el despojo cada dos horas, los montachoques y también la usura, conocido también como prestamistas, gota a gota, colombianos, que toda la gente conoce y recurre a ellos porque es la única forma de resolver sus necesidades económicas.

El tema, acotó, es muy frecuente en el municipio de Ecatepec, donde operan a la vista de todos porque la ley no penaliza actualmente esta conducta.

El legislador mostró al pleno dos recibos donde se documentan los préstamos, con tasas de interés demasiado altas. «En sus recibos manejan folio, nombre; señalan las semanas y montos. Hay casos donde prestan mil pesos y en uno o dos meses cobran mil 800 y si no pagan empiezan a cobrar intereses sobre los intereses».

Al final terminan apoderándose de bienes, bodegas, locales, terrenos y se dan casos como el de Fernandito, a quien le quitaron la vida por un préstamo de sólo mil pesos.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) fue oficialmente extinto mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de México, marcando el fin de una era en la gestión de estos derechos fundamentales en la entidad.

De acuerdo con el decreto, el artículo tercero transitorio del decreto establece un plazo perentorio de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del mismo, para que el Congreso local expida y apruebe las leyes secundarias que materializarán este nuevo modelo.

Este período es crucial, ya que en él se deberán detallar los procedimientos, bases y principios generales que regirán el ejercicio del derecho a la información y la protección de datos en la nueva estructura con la entrada en vigor de esta legislación secundaria será, a su vez, el detonante formal para la extinción definitiva del INFOEM.

Entre las opciones analizadas se encuentra la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, que podría fungir como autoridad garante, pero falta determinarlo legalmente cuando se presenten las leyes secundarías.

Con la desaparición del organismo autónomo, las atribuciones en materia de transparencia serán absorbidas por las autoridades de control interno y vigilancia de cada uno de los poderes del estado, municipios y organismos autónomos.

Esto significa que la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, el Órgano Superior de Fiscalización del Legislativo y las contralorías internas de los ayuntamientos, entre otros, se convertirán en las nuevas autoridades garantes locales.

El decreto constitucional reformado estipula que estas instancias serán las responsables de conocer los procedimientos de revisión, atender las solicitudes de información y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

El presidente de la Jucopo reiteró que el instituto debe seguir atendiendo solicitudes y garantizando el acceso a la información mientras haya personal y recursos disponibles.

El artículo cuarto transitorio del decreto garantiza la protección de los derechos laborales de las y los trabajadores adscritos al INFOEM, donde el personal operativo, así como los recursos humanos, materiales, financieros, presupuestales, registros, padrones y plataformas tecnológicas del extinto instituto, serán transferidos integralmente a las instancias que asuman sus facultades.

Esto significaría que no habrá despidos como consecuencia directa de la extinción, sino una reasignación masiva del personal a las dependencias que ahora ejercerán estas funciones, particularmente a la autoridad garante de la vigilancia en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vásquez Rodríguez, afirmó que se requerirán alrededor de 60 millones de pesos para la liquidación de los 200 trabajadores que actualmente conforman el instituto.

El comisionado presidente, José Martínez Vilchis, recordó que solo falta la publicación del dictamen por parte del Poder Ejecutivo estatal, a partir del cual correrá un plazo máximo de 90 días para concretar el cierre definitivo del instituto.

Respecto a los Comisionados del INFOEM que se encuentren en funciones, el decreto establece que concluirán su encargo al momento de la entrada en vigor de la nueva legislación secundaria, salvo que el plazo de su nombramiento concluya antes de esa fecha.

La extorsión se ha convertido en el principal desafío de seguridad para el sector transportista, reconoció el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, Odilón López Nava, quien admitió que, a diferencia de delitos como el robo de unidades, este fenómeno “no ha logrado abatirse”.

Durante la reunión mensual de seguridad de la Canapat en el Valle de Toluca, realizada este martes, los transportistas guardaron un minuto de silencio por Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, asesinado la semana pasada.

López Nava subrayó que las extorsiones se han convertido en un foco de alerta para el Estado de México y urgió a implementar acciones localizadas que respondan a las dinámicas específicas de cada región.

Indicó que los operativos conjuntos con las autoridades han permitido reducir el robo de transporte y los ataques directos a operadores; sin embargo, las extorsiones persisten como una práctica que inhibe la operación de rutas y genera temor entre los trabajadores.

“Hay avances en los temas de robo de vehículos y homicidios, pero las extorsiones siguen pendientes. Es necesario que las Secretarías de Seguridad dirijan gente experta, con arraigo en los estados, que conozca las dinámicas locales y pueda actuar con rapidez”, enfatizó.

El dirigente advirtió que la falta de una estrategia específica contra este delito puede derivar en afectaciones económicas y en la pérdida de confianza de los usuarios.

“La movilidad es el motor económico del país. Cuando los operadores o concesionarios enfrentan amenazas, el servicio se frena, los costos suben y la gente deja de viajar”, señaló.

En entrevista, el delegado informó que las corridas hacia Michoacán se reactivaron este fin de semana sin bloqueos, con un incremento de alrededor de 35 por ciento en la afluencia de pasajeros.

Detalló que los viajes hacia Morelia, Pátzcuaro, Taxco, Ciudad Altamirano y Acapulco transcurrieron con normalidad, lo que permitió una recuperación económica en las líneas del sur del Estado de México.

“El fin de semana fue libre de bloqueos y hubo un repunte importante en la movilidad. Fue resultado de la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, que brindaron seguridad en las carreteras”, explicó.

Asimismo, destacó que las rutas que conectan con la región sur, como Toluca–Ixtapa Zihuatanejo, se consolidan como corredores estratégicos para el turismo y el comercio. Por ello, pidió mantener una vigilancia constante y garantizar condiciones seguras para operadores y pasajeros.

López Nava reconoció los esfuerzos del Gobierno Federal para reforzar la seguridad en Michoacán, aunque advirtió que el Estado de México debe anticiparse a posibles riesgos.

“Hacemos votos porque el trabajo anunciado en Michoacán sea exitoso, pero también debe servirnos de alerta. Hay que reforzar la seguridad antes de que enfrentemos un escenario similar”, dijo.

Agregó que la Canapat mantiene comunicación permanente con las autoridades mexiquenses para detectar a tiempo posibles amenazas, atender denuncias y fortalecer los mecanismos de protección en las terminales y rutas principales.

“Las extorsiones no sólo afectan a los transportistas, afectan la economía de las comunidades y la movilidad de millones de personas. Si no se enfrenta de manera directa y coordinada, se convierte en una cadena que golpea a todos”, concluyó.