Apenas han transcurrido dos meses de este 2026 y la carestía en los alimentos ya se siente en el bolsillo de las familias mexiquenses. En los mercados y cocinas del Estado de México (EMX), productos básicos como tomate, plátano y papa registran aumentos considerables, encareciendo la despensa diaria.

Para muchos consumidores, estos alimentos —indispensables en la dieta cotidiana— prácticamente se han disparado de precio, obligando a ajustar el gasto familiar frente a una canasta básica cada vez más cara.

Entre el 2 de enero y el 5 de marzo, la Central de Abasto ha registrado aumentos significativos en varios productos básicos importantes, mientras que otros mostraron caídas o estabilidad.

Entre los productos que más aumentaron destacan algunos de los más consumidos en la cocina mexicana.

El tomate saladette, uno de los alimentos clave en la canasta básica, registró incrementos de hasta 81%, al pasar de 22 pesos a 40 pesos por kilogramo en su precio máximo.

Otro caso relevante es el plátano Tabasco, que presentó uno de los aumentos más drásticos del mercado mayorista. Su precio mínimo pasó de 6.67 a 22.22 pesos, lo que representa un incremento superior al 233%.

También destacan aumentos importantes en:

Papa Alpha: subió hasta 100% en su precio mínimo.

Limón con semilla: aumentó entre 60% y 63%.

Calabacita criolla: incrementó hasta 300% en su precio mínimo.

Ejote: subió hasta 100%.

Tomate verde: aumentó hasta 59%.

Pepino: registró incrementos de hasta 83%.

En frutas, el durazno amarillo duplicó su precio con aumentos superiores al 100%, mientras que la papaya maradol también presentó alzas de hasta 47%.

No todo fueron aumentos. Diversos productos presentaron disminuciones; uno de los casos más destacados es la fresa, cuyo precio mínimo bajó de 63.33 a 35 pesos, una caída cercana al 45%.

Otros productos que redujeron su costo fueron:

Aguacate Hass: bajó hasta 25%.

Piña mediana: disminuyó hasta 28%.

Ajo morado: cayó más de 23%.

Chile serrano: redujo su precio hasta 25%.

Melón cantaloupe: bajó cerca de 16%.

Pera D’anjou: cayó alrededor de 11%.

Zanahoria: registró reducciones de hasta 22%.

Algunos alimentos mantuvieron precios relativamente estables durante el periodo analizado, sin cambios significativos.

Entre ellos destacan:

Mamey

Uva globo

Col mediana

Coliflor

Lechuga orejona

Nopal

Mientras algunos productos suben por escasez temporal o alta demanda, otros bajan cuando la producción aumenta, generando un mercado dinámico que impacta directamente en comerciantes, restauranteros y familias mexiquenses.

Dos venenosas serpientes fueron localizadas en un paquete proveniente de los Estados Unidos, que tenía como destino el Estado de México (EMX), pero fue detectado por inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

El hallazgo ocurrió luego de que trabajadores de un servicio de paquetería reportaran la presencia de una serpiente negra mexicana y una serpiente blanca dentro del paquete enviado desde territorio estadounidense.

Tras el reporte, inspectores de la PROFEPA acudieron al sitio para asegurar los ejemplares y evitar riesgos, además de iniciar las acciones correspondientes para determinar la procedencia de los animales.

Las autoridades informaron que los reptiles quedaron bajo resguardo temporal mientras se localiza un recinto especializado donde puedan recibir atención y condiciones adecuadas que garanticen su bienestar y trato digno.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras continúan las indagatorias para identificar a los responsables del envío y determinar si se trata de un caso de tráfico ilegal de fauna silvestre o simplemente se trató de alguna broma.

En el Estado de México la ocupación en panteones para inhumación es superior al 83 por ciento, es decir solo hay un 17 por ciento de espacios viables, por lo que la implementación de panteones ecológicos es una alternativa para enfrentar dicha problemática, destacó la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis.

La iniciativa legislativa que envió la gobernadora Delfina Gómez Álvarez busca que haya una nueva posibilidad, como ya se da en otras latitudes del mundo y del mismo México, adicional a la incineración.

«En Puebla ya hay un ejercicio respecto de estos cementerios verdes, pero principalmente el modelo lo pueden encontrar en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Australia, en los Países Bajos. Esto no es un modelo nuevo y lo que es una alternativa diferente», dijo.

Explicó que lo que el gobierno estatal busca es crear bosques con paletas vegetales distintas, dependiendo de los espacios y los lugares, donde quede el cuerpo humano sin vida, bajo un tratamiento sin químicos y ataúdes sustentables.

«Hay ataúdes que están elaborados con barnices, con químicos, y busquemos algo mucho más sostenible, que lleve al final de nuestros días a convertirnos en un reservorio que cuide el medio ambiente y que dé conservación a espacios verdes», precisó.

La funcionaria estatal indicó que dicho proceso ecológico es más barato al tradicional que hoy se conoce, debido a que el ataúd del que se habla desde corriente medioambiental no tendría procesos químicos, al igual que el tratamiento a los cuerpos.

«En este modelo, al ser el cuerpo humano utilizado como parte de un organismo integral que se reinserta a un ecosistema, tampoco los tendría. Entonces esto abarata muchísimo los costos», dijo, para luego destacar que será una transición paulatina que fungirá como una opción más para las familias, es decir, no será algo obligado.

«Es una alternativa, así como la incineración en su momento lo fue, ahora llegan los panteones verdes como una opción adicional, una opción que siempre va a respetar los usos, costumbres, religiones, tradiciones de todos y cada uno de los mexiquenses», comentó.

Ejemplificó que en Puebla tienen un modelo con diversas alternativas, la inhumación tradicional, después está un espacio de incineración que, con las urnas pequeñas, pero también cuenta con dos escenarios adicionales: uno que es el de composta con árboles y otro que es a través del agua, donde se incinera el cuerpo y se pone como un sedimento en el agua.

Otra de las maneras de abaratar costos con los panteones verdes, agregó, es a través de su manejo, pues recordó que actualmente los panteones los operan bajo predial, pero el nuevo concepto buscará tener fondos para la conservación del bosque/área verde.

El 8 de marzo ha tomado una gran relevancia al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, efeméride dedicada a visibilizar las luchas históricas por la igualdad de los derechos, la justicia social y la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. En el Estado de México (EMX) y todo el país, la efeméride también invita a recordar a figuras femeninas que marcaron la historia por su talento, valentía y aportaciones en distintos campos.

Entre las mujeres más emblemáticas vinculadas con el Estado de México (EMX) destaca Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en San Miguel Nepantla, Tepetlixpa en 1651, considerada una de las figuras más brillantes del Siglo de Oro de la literatura en lengua española.

 Desde muy joven mostró una inteligencia excepcional y un profundo interés por el conocimiento, en una época en la que el acceso a la educación para las mujeres era prácticamente inexistente. Para poder estudiar y dedicarse a las letras, decidió ingresar a la vida religiosa, donde encontró un espacio para desarrollar su pensamiento y su obra literaria.

Su legado incluye textos fundamentales como “Los empeños de una casa”, “El divino Narciso” y “Amor es más laberinto”, además de ensayos y poemas en los que defendió el derecho de las mujeres al conocimiento. Uno de los textos más representativos es “Respuesta a Sor Filotea de la Cruz”, donde argumentó con firmeza que las mujeres debían tener acceso al estudio y a la vida intelectual.

Por su defensa del derecho de las mujeres a aprender y pensar libremente, Sor Juana es considerada una precursora del feminismo en América Latina. Su postura desafió las normas sociales del siglo XVII, que relegaban a las mujeres al ámbito doméstico y limitaban su participación en la vida intelectual.

A pesar de su talento, enfrentó censura y presiones de autoridades eclesiásticas que criticaban su producción literaria y su interés por el conocimiento. Estas dificultades marcaron la última etapa de su vida, pero no borraron el impacto de su obra ni su influencia en generaciones posteriores.

El legado de Sor Juana permanece vigente en espacios académicos y culturales. Cada año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entrega el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que distingue a mujeres universitarias destacadas en docencia, investigación y difusión cultural.

Además, durante el 8 de marzo se realizan actividades culturales, conferencias, exposiciones y visitas guiadas en sitios históricos relacionados con su vida, como la casa donde nació en Nepantla, hoy convertida en museo.

Más allá de la conmemoración, el Día Internacional de la Mujer busca reconocer las contribuciones históricas de las mujeres y visibilizar los retos que aún persisten en materia de igualdad. En ese contexto, figuras como Sor Juana Inés de la Cruz continúan inspirando las luchas actuales por el acceso al conocimiento, la justicia y la equidad de género.

Su vida y obra, nacidas en tierras mexiquenses hace más de tres siglos, siguen siendo un referente de inteligencia, rebeldía y defensa del derecho de las mujeres a pensar y aprender libremente.

Para contribuir al cumplimiento de los principios constitucionales de protección al medio ambiente y desarrollo sustentable, y de los compromisos internacionales asumidos por México en materia ambiental, el Congreso mexiquense aprobó penas de hasta 25 años de prisión para quien participe en delitos como el abandono indebido de residuos, la disposición irregular de materiales contaminantes y la actualización de diversas conductas vinculadas al deterioro de ecosistemas.

En sesión deliberante, las, le y los congresistas mexiquenses avalaron el dictamen que conjuntó las iniciativas, presentadas por separado, de los diputados Israel Espíndola López y Javier Cruz Jaramillo, de morena; del Grupo Parlamentario del PVEM, coordinado por el parlamentario José Alberto Couttolenc Buentello; y de la congresista Rocío Alexia Dávila Sánchez y el congresista Pablo Fernández de Cevallos, integrante y coordinador de la bancada del PAN.

“No se puede legislar con miedo cuando la tierra está siendo agredida, no se puede votar con indiferencia cuando el daño es visible, cotidiano y, muchas veces, irreversible. Hoy este Congreso tiene la oportunidad y la obligación de mandar un mensaje claro: ‘En el Estado de México la destrucción ambiental no será costumbre ni tolerada, será una conducta sancionada’”, aseguró el legislador.

En su intervención desde tribuna, el parlamentario instó a las secretarías del Agua, del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del Campo, así como a la Comisión del Agua del Estado de México, a realizar un diagnóstico detallado sobre la contaminación del Río San Juan Acatitlán —también conocido como Río Grande o Río de Acatitlán— que atraviesa los municipios de Temascaltepec, Zacazonapan y Luvianos, y desemboca en el estado de Guerrero.

Al afirmar que la impunidad ambiental terminó, el parlamentario Israel Espíndola calificó a la reforma como una postura ética frente al futuro del Estado de México y como un acto preventivo y en favor de la vida, y señaló que en el Congreso local se legisla desde la responsabilidad y en el entendido de que prevenir desastres es más humano que lamentarlos.

En tanto que la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) indicó que estas herramientas legislativas permitirán defender, cuidar y conservar el medio ambiente en beneficio de las generaciones venideras, ya que se fortalecen las sanciones a quien dañe el medio ambiente, amplía las conductas que se consideren delito y endurece las penas cuando el daño es grave o afecta las Áreas Naturales Protegidas.

De acuerdo con el dictamen para reformar el Código Penal estatal, elaborado por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y de Protección Ambiental y Cambio Climático, y leído en sesión deliberante por el diputado Javier Cruz, la persecución penal de los delitos que a continuación se detallan podrán ser denunciados por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible o por la ciudadanía.

Respecto a la reforma aprobada, se castigará con 10 a 20 años de prisión, y de mil a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) (lo que representa 117 mil 310 a 175 mil 965 pesos), a quien, sin autorización de la autoridad competente, realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos forestales, incluidos maderas, leñas, resinas, cortezas u otros bienes provenientes de los montes o bosques, cualquiera que sea el régimen de propiedad, tenencia o posesión de la tierra.

El castigo será igualmente para la persona servidora pública que autorice, facilite o consienta el cambio de uso de suelo en un Área Natural Protegida, reserva ecológica o zona de valor ambiental, sin que exista causa de excepción debidamente justificada conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable o legislación aplicable.

Paralelamente, se establecen penas máximas de 25 años de prisión y de 410 mil 585 pesos, además del aseguramiento y decomiso de los instrumentos y vehículos empleados, cuando los productos sean destruidos como consecuencia de la tala de árboles sin la autorización correspondiente; así como cuando las personas autoras intelectuales, instigadoras, financiadoras o beneficiarias económicas, o quienes controlen, obliguen o inciten a menores de edad, personas adultas mayores o personas en situación de vulnerabilidad, para ejecutar las conductas señaladas.

Las penas máximas, de 25 años de prisión y de 410 mil 585 pesos, también serán cuando en la comisión del delito se utilicen instrumentos como motosierras, sierras manuales, hachas, machetes, u otros objetos diseñados o adaptados para la tala o destrucción forestal; cuando se utilicen vehículos, remolques, camionetas, tractocamiones o cualquier medio de transporte con carga forestal de procedencia ilícita.

Así como cuando participen personas servidoras públicas, en cuyo caso además de la pena correspondiente serán destituidas e inhabilitadas por un periodo igual a la pena privativa de libertad impuesta; cuando el delito sea cometido en Áreas Naturales Protegidas, zonas de conservación ecológica o corredores biológicos; cuando se utilice violencia, amenazas, engaño o armas legales o prohibidas contra personas vigilantes ambientales, comuneras, guardabosques, ejidatarias o cualquier persona defensora del patrimonio natural.

Asimismo, los instrumentos, vehículos y efectos del delito serán asegurados de oficio por el Ministerio Público, para ponerlos a disposición inmediata de la autoridad judicial competente, para su decomiso o destino ambientalmente responsable, sin perjuicio de su posible vinculación con otras carpetas o autoridades competentes.

En otro aspecto, quien deteriore dolosamente un inmueble declarado Área Natural Protegida, en cualquiera de sus modalidades, tendrá una sanción de hasta 15 años de prisión y 500 UMA, penas que aumentarán hasta en una mitad (22 años con seis meses y 750 UMA: 87 mil 982.5 pesos) si el daño compromete especies endémicas en riesgo o cuerpos de agua.

El documento añade que habrá sanciones de hasta 10 años de prisión a quien derribe, queme, destruya o trasplante un árbol en la vía pública o afecte dolosamente áreas verdes o jardineras públicas; provoque la dispersión de plagas en plantas, cultivos agrícolas o bosques, generando daño a la salud pública o desequilibrio ecológico; inicie intencionalmente un incendio forestal o contribuya a su propagación; descargue lixiviados, microplásticos, sustancias químicas peligrosas en aguas, suelos, subsuelos, cuerpos de agua o acuíferos de jurisdicción, causando daño o generando un riesgo a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas.

Así como para quien emita a la atmósfera partículas, olores, ruido, energía térmica, compuestos orgánicos volátiles, contaminantes climáticos de corta vida o cualquier otra sustancia contaminante, en contravención a las disposiciones ambientales aplicables y sin aplicar las medidas de mitigación o control necesarias, que causen o puedan causar daños a la salud o al medio ambiente; quien genere contaminación visual u olores perjudiciales que excedan los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y que causen o puedan causar daños al ambiente, a la fauna silvestre, a los ecosistemas o a la salud pública.

Igualmente, para quien realice obras o actividades, sujetas a evaluación técnica de impacto en materia ambiental sin contar con la autorización correspondiente o sin implementar las medidas preventivas y correctivas impuestas por la autoridad competente, causando con ello desequilibrios ecológicos o daños a los ecosistemas; rebase el doble de los parámetros y límites permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas o normas técnicas estatales aplicables.

Para quien preste servicios de guarda, custodia, reparación o depósito de vehículos, maquinaria o residuos peligrosos sin contar con autorización de impacto y riesgo ambiental; y quien guarde y comercialice residuos sujetos a responsabilidad extendida del productor, sin contar con autorización de impacto ambiental.

Adicionalmente a esa pena máxima de 10 años de prisión, se suma una sanción de dos años para quien cometa estos últimos delitos señalados y sean personas servidoras públicas con el propósito de obtener un lucro o beneficio económico, directamente o a través de terceros, o cuando exista participación o colaboración para la comisión del delito. Así que su pena máxima será de 12 años de prisión.

Es preciso puntualizar que para el caso de que el delito de provocar o iniciar intencionalmente un incendio forestal, o contribuir a su propagación se realice en un Área Natural Protegida, la pena máxima será igualmente de 12 años de prisión.

En otros aspectos, se establecen hasta ocho años de prisión a quienes presten servicios ambientales autorizados que proporcionen información falsa u omitan datos para obtener permisos, autorizaciones o registros; seis años de prisión a quien ilícitamente posea, adquiera, venda, reciba, transporte o almacene materiales o residuos peligrosos cuya regulación corresponda al ámbito de competencia estatal, conforme a la legislación aplicable; y seis meses de prisión, a quien circule un vehículo automotor retirado de circulación por ser ostensiblemente contaminante.

Por último, el dictamen establece que no serán punibles las siguientes actividades, siempre que se realicen sin fines de lucro, con fines culturales, domésticos o comunitarios, y en volúmenes no mayores a medio metro cúbico mensual por hogar o unidad comunitaria.

Se puntualiza que el uso de leña o material leñoso de origen forestal no industrializado para consumo doméstico, elaboración de artesanías, realización de rituales tradicionales o actividades culturales propias de comunidades indígenas o rurales; la recolección de ramas secas, restos de poda o madera caída de forma natural para su aprovechamiento familiar o comunal, de conformidad con los usos y costumbres locales y con respeto al marco ecológico.

Así como la comercialización, distribución o transporte de árboles de Navidad provenientes de plantaciones forestales autorizadas legalmente o registradas ante la autoridad correspondiente, siempre que en los operativos que se lleven a cabo se acredite su legal procedencia mediante la documentación correspondiente.