La diputada Luisa Esmeralda Navarro adelantó que en el próximo periodo legislativo impulsará el reforzamiento de la iniciativa sobre crímenes de odio en el Estado de México, al considerar que la legislación vigente resulta insuficiente para garantizar justicia y protección efectiva a las personas de la diversidad sexual frente a agresiones motivadas por discriminación, homofobia y discursos de odio.

En entrevista, subrayó que casos recientes como el asesinato de Brian Vicente, regidor de Reynosa y líder de la comunidad LGBT+, evidencian la urgencia de endurecer las sanciones y asegurar que la ley se aplique con todo el peso del Estado contra quienes atenten contra la vida y la integridad de las poblaciones LGBT+.

“No se trata de privilegios, se trata de derechos que históricamente no han sido garantizados en igualdad de condiciones”, sostuvo.

La vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, Lizeth Mejorada instó en legislar leyes contra la discriminación para prevenir crímenes de odio, relacionados con el rechazo, la invisibilización y la opresión

Navarro reconoció que, de las iniciativas que ha presentado en la materia, sólo la tipificación del transfeminicidio ha logrado ser dictaminada, lo que refleja tanto avances como rezagos en la agenda de derechos de la diversidad sexual y firmó que, pese a las resistencias, ha habido diálogo y cabildeo con distintas bancadas para lograr consensos y avanzar con paso firme en el siguiente periodo legislativo.

Uno de los puntos más controvertidos ha sido precisamente la discusión sobre el transfeminicidio, que generó un debate intenso entre las fuerzas políticas, por lo que la diputada señaló que desde algunas bancadas, particularmente Acción Nacional, persiste una visión excluyente sobre las identidades de género, al limitar el reconocimiento únicamente a hombres y mujeres, sin considerar la existencia de hombres trans y mujeres trans.

“Cuando se habla de dignidad humana, debe entenderse como el respeto a todas las personas, sin excepción”, enfatizó.

La legisladora consideró que gran parte de la discriminación y la violencia que derivan en crímenes de odio tienen su origen en la falta de información y sensibilización social, así como en posturas conservadoras que han estigmatizado históricamente a la diversidad sexual. Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer el marco legal, pero también de acompañarlo con políticas públicas de concientización.

En ese contexto, reiteró la importancia de avanzar en una Ley de Diversidad Sexual que obligue a los 125 municipios del Estado de México a contar con áreas especializadas para la atención de las poblaciones LGBT, con el objetivo de prevenir la discriminación desde el ámbito local y generar entornos institucionales más incluyentes.

La activista mexiquense Tanya Vázquez, primera mujer trans en el Valle de Toluca tras realizar su cambio de identidad, reconoció avances legales como la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario, pero advirtió que la comunidad aún vive exclusión laboral, violencia y discriminación social.

En este sentido, señaló que, hasta ahora, solo algunos municipios cuentan con áreas dedicadas a diversidad sexual, y muchas veces estas dependen de otras direcciones como Juventud o DIF; por ello, la ley estatal buscará homologar estas estructuras y garantizar que las poblaciones LGBT+ tengan acceso efectivo a servicios, orientación y protección, reduciendo brechas de inequidad y fortaleciendo la cultura de respeto hacia todas las identidades de género y orientaciones sexuales.

Finalmente, Navarro aseguró que continuará promoviendo espacios de discusión y foros desde el Congreso. Reconoció que los derechos de la diversidad sexual siguen enfrentando resistencias legislativas, aunque confió en que el diálogo político permita destrabar las iniciativas pendientes y consolidar un marco jurídico que garantice seguridad, igualdad y justicia para todas las personas.

Los bloqueos carreteros se consolidaron durante 2025 como uno de los principales riesgos operativos para las empresas industriales del Estado de México, al provocar retrasos en la logística, incrementos en los costos de transporte y afectaciones directas en la competitividad frente a otros mercados.

El fenómeno, de acuerdo con el sector, exhibe una debilidad persistente en la capacidad de respuesta institucional ante cierres y amenazas de interrupción en vialidades clave.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en la entidad señaló que la frecuencia de estos eventos representa un pendiente para los tres niveles de gobierno, con especial incidencia en los ámbitos federal y estatal, debido a que las afectaciones se concentran en corredores logísticos de alta relevancia para el traslado de insumos y mercancías terminadas.

El presidente de la organización, José Luis Urrutia Segura, comentó que la falta de atención inmediata, amplifica el impacto económico más allá del tiempo efectivo del cierre, por lo que desde la perspectiva empresarial, los bloqueos no solo detienen unidades de carga, sino que desarticulan cadenas completas de suministro, alteran calendarios de entrega y obligan a replantear rutas y operaciones.

Esta situación, apuntó, eleva costos que en muchos casos no pueden trasladarse al consumidor final, lo que reduce márgenes y presiona la viabilidad de distintos giros productivos.

“Vamos a ver un transportista que tenía contemplado hacer un viaje y a la hora que lo bloquean ese tiempo se va al doble o triple, y eso tiene una repercusión directa en sus costos; al final sabemos que mayores costos representan una pérdida de competitividad y alguien tiene que absorberla”, señaló.

El dirigente explicó que el daño económico permitiría dimensionarse de manera más amplia si se considera el efecto acumulado de las interrupciones, ya que cada hora perdida repercute en productividad, cumplimiento de contratos y confiabilidad logística.

A su juicio, el costo del tiempo improductivo suele subestimarse, pese a que sus efectos se reflejan en toda la operación industrial.

Añadió que corredores como México–Toluca, México–Querétaro y México–Puebla concentran de manera recurrente este tipo de afectaciones, lo que agrava el escenario para sectores que dependen de entregas programadas y flujos constantes.

En ese contexto, algunas empresas optan por adelantar envíos o modificar calendarios, mientras que otras, con menor capacidad de maniobra, enfrentan riesgos operativos y financieros más severos.

La recurrencia de amenazas de bloqueo, aun cuando no siempre se concretan, también obliga a tomar decisiones preventivas que encarecen la operación diaria y generan incertidumbre en la planeación.

Para la industria, este entorno limita la competitividad regional y resta atractivo a la entidad como plataforma logística.

Ante este panorama, el sector industrial planteó la necesidad de que las autoridades definan estrategias claras de prevención y protocolos de intervención inmediata, con el objetivo de reducir el impacto económico de los bloqueos y ofrecer mayor certidumbre a las actividades productivas en el Estado de México de cara a 2026.

La Secretaría de Finanzas del Estado de México publicó en la Gaceta oficial el calendario para la renovación de placas de circulación correspondiente al ejercicio fiscal 2026, dirigido a propietarios de vehículos cuyas placas fueron expedidas en 2021, a fin de actualizar y depurar el padrón vehicular estatal, fortalecer la identificación de los automotores y coadyuvar a la seguridad pública en la entidad.

El calendario de renovaciones será gradual entre abril y agosto de 2026, de acuerdo con la terminación del último dígito numérico de la placa: 1 y 2 en abril, 3 y 4 en mayo, 5 y 6 durante junio, 7 y 8 en julio, mientras que 9 y 0 en agosto

La regla también establece que las placas expedidas entre septiembre y diciembre de 2021 conservarán la vigencia que aparezca en su tarjeta de circulación y deberán renovarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento o, de manera anticipada, conforme al calendario general.

El gobierno del Estado de México inició el proceso de recolección y destrucción de 780 mil placas vehiculares expedidas en 2020 o años anteriores. Las láminas deberán ser entregadas en los Centros de Servicios Fiscales para su concentración y posterior cancelación en el padrón estatal.

Aunque aún no se ha publicado oficialmente la tarifa definitiva 2026, estimaciones de algunos diputados de la Comisión de Finanzas Públicas, en el Congreso ha referido que los costos base no tendrán cambios significativos respecto a 2025, salvo ajustes menores por inflación o actualización administrativa. El incremento estimado por inflación anual en México para 2025-2026 se proyecta alrededor de 4 por ciento.

En este sentido, en incremento para placas de vehículos particulares, quedaría en 1 mil 118 pesos; motocicletas, 832 pesos; vehículos de carga, 2 mil 366 pesos, remolques de 2 mil 752 hasta 5 mil 354 pesos, según su capacidad y placas especiales para personas con discapacidad en 1 mil 655 pesos.

Durante el programa de reemplacamiento 2025, que se llevó a cabo del 1 de abril al 31 de agosto de 2025, las tarifas fueron las siguientes: automóviles particulares: 1 mil 075 pesos, lo que significa un incremento de 43 pesos; motocicletas con 800, con un aumento de 32 pesos; vehículos de carga, alrededor de 2 mil 246 pesos, aumento de 90 pesos; remolques, el costo fue de 2 mil 646 pesos, con un aumento para 2026 de hasta 206 pesos; y placas especiales para personas con discapacidad, 1 mil 591 pesos, para tener un aumento de 64 pesos.

En 2025, quienes no entregaron sus placas caducadas debían pagar un cargo extra de alrededor de 162.85 pesos, y el servicio de entrega a domicilio tenía un costo adicional de 359.60 pesos dentro de la entidad.

Además, no realizar el trámite dentro del periodo establecido podía acarrear sanciones, como multas equivalentes a 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2025 representó más de 2 mil 200 pesos, retiro de placas y la imposibilidad de verificar el vehículo. La cifra anterior se deberá ajustar también por la actualización de UMA, lo cual podría incrementar las multas por no reemplacamiento.

Cabe recordar que el reemplacamiento es obligatorio cada cinco años para las placas expedidas en la entidad y está diseñado no solo como un requisito administrativo, sino como un mecanismo para garantizar que los vehículos que circulan en el Estado de México cuenten con identificación vigente y que sus propietarios cumplan con sus obligaciones fiscales y sociales.

Desde el Congreso Local, el coordinador de grupo parlamentario de Morena, José Francisco Vázquez Rodríguez mantiene abierta la posibilidad de que presidentes municipales y diputados puedan buscar la reelección en el proceso electoral de 2027, aunque dejó en claro que esta opción no será automática ni generalizada, sino que estará sujeta a reglas claras, evaluación del desempeño y a la decisión de la dirigencia del partido, además del respaldo ciudadano en las urnas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que, si bien Morena votó a favor de la eliminación de la reelección a partir de 2030, el marco constitucional vigente todavía permite la reelección en 2027, por lo que el partido deberá actuar conforme a esa realidad legal. No obstante, se subrayó que esto no implica un pase libre para quienes actualmente ocupan cargos de elección popular.

Se precisó que la reelección estará condicionada, en primer término, a una evaluación estricta del desempeño y en el caso de los presidentes municipales, se analizarán indicadores como resultados de gobierno, cumplimiento de compromisos de campaña, manejo responsable de recursos públicos, capacidad administrativa y cercanía con la ciudadanía.

Para los diputados, se tomará en cuenta la productividad legislativa, asistencia a sesiones, participación en comisiones, impulso de iniciativas y atención a las demandas sociales de sus distritos.

Además del desempeño individual, la reelección dependerá de las reglas internas de Morena y de la decisión de la dirigencia estatal, que tendrá la facultad de definir si un perfil cumple con los principios del movimiento, mantiene congruencia política y representa una opción competitiva de cara a la elección, con el fin de evitar que la reelección se convierta en un mecanismo automático de permanencia en el poder.

Se enfatizó que estas condiciones aplicarán por igual para diputados y presidentes municipales, sin excepciones ni privilegios, y que el objetivo central es que la reelección funcione como un ejercicio de rendición de cuentas y no como un derecho adquirido por el simple hecho de ocupar un cargo.

Reiteró que, aun cuando se superen los filtros internos, la decisión final recaerá en la ciudadanía, que será quien determine en las urnas si respalda o no la continuidad de quienes aspiren a reelegirse, por lo que será el voto popular quien seguirá siendo el principal mecanismo de evaluación del trabajo realizado.

Finalmente, se recordó que el escenario de 2027 será transitorio, ya que el partido mantiene su postura de cerrar definitivamente la puerta a la reelección en 2030, en congruencia con su discurso histórico.

“La prioridad, es evitar el enquistamiento en los cargos públicos, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que el ejercicio del poder esté siempre sujeto a evaluación política y social”, manifestó.