En el Estado de México, la corrupción se percibe como un fenómeno frecuente, persistente y escasamente sancionado, de acuerdo con el Diagnóstico Integral sobre la Percepción de la Corrupción 2024, presentado durante la quinta sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SEAEMM).

Los resultados confirman que la percepción de impunidad y la falta de castigo son los principales factores que alimentan el descrédito social hacia las instituciones y permite identificar los puntos críticos y de riesgo, y orientar políticas públicas basadas en evidencia.

De acuerdo con los ponentes, el estudio, considerado el más completo elaborado hasta ahora por el sistema mexiquense, ofrece una radiografía sobre cómo ciudadanía, servidores públicos y sector empresarial entienden, viven y evalúan la corrupción en la entidad.

Durante los cuestionamientos de las y los diputados, diversas fracciones insistieron en la falta de transparencia, discrecionalidad y legalidad del CUSAEM, así como en el estado crítico del sistema penitenciario.

El documento fue construido a partir de tres estudios previos desarrollados por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, e integra una metodología basada en 10 dimensiones transversales que abarcan desde la frecuencia de los actos de corrupción y la confianza institucional, hasta la ética pública, la integridad y la participación ciudadana.

Entre los hallazgos más relevantes, se señaló que la mayoría de los mexiquenses percibe la corrupción como práctica común en el servicio público, mientras que la denuncia ciudadana sigue siendo mínima por desconfianza o desconocimiento de los canales institucionales.

Pese a los esfuerzos de capacitación y difusión, los sistemas de control y sanción son poco visibles para la población, lo que genera la sensación de que los actos corruptos “quedan impunes”.

El diagnóstico incluye un mapa de calor que muestra las zonas y sectores donde se concentran los mayores niveles de percepción de corrupción, y propone reforzar la transparencia activa, la rendición de cuentas y la cultura de integridad.

En contraste, los indicadores más positivos se relacionan con la ética pública y la capacitación en valores, especialmente en los municipios donde ya se implementan programas de formación ciudadana o acompañamiento técnico del SESAEMM.

Los integrantes del Comité Coordinador coincidieron en que la educación ética, la formación cívica y la participación social son las vías más sostenibles para reducir la corrupción y subrayaron que el sistema estatal busca pasar de la medición de percepciones a la evaluación de resultados, con seguimiento directo a las acciones institucionales y los compromisos de los tres órdenes de gobierno.

En la misma sesión, se aprobó la instalación de la Comisión Interinstitucional de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, que dará seguimiento técnico a las observaciones derivadas de la Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR) de la Política Estatal Anticorrupción 2023–2024. Dicha comisión estará integrada por las Direcciones Generales de Políticas Públicas y de Riesgos en Materia Anticorrupción, y trabajará sobre 12 puntos de mejora bajo criterios de corresponsabilidad institucional y rendición de cuentas.

Asimismo, se propuso desarrollar un análisis comparativo nacional entre los programas anticorrupción del sexenio federal anterior y el actual, con el fin de identificar las diferencias metodológicas, las estrategias de implementación y el impacto de las políticas públicas en el ámbito estatal.

El Comité Coordinador destacó que el SEAEMM se ha consolidado como referente nacional en el uso de herramientas de diagnóstico y evaluación, lo que ha sido reconocido por sistemas de entidades como Jalisco y Oaxaca, así como por la doctora Patricia Palavera, próxima presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, quien calificó al modelo mexiquense como uno de los más avanzados del país.

Asimismo, se decretó un receso en la sesión, que se reanudará el próximo lunes 20 de octubre, cuando se presente el informe anual del comité Coordinador en las instalaciones del congreso del Estado de México.

El Estado de México podría convertirse en la primera entidad del país donde se aplique a eutanasia y cualquier persona en fase terminal o con un diagnóstico comprobado de un problema de salud grave o padecimiento incurable, tengan la posibilidad de elegir una muerte indolora o seguir con tratamientos que sólo alargan el sufrimiento.

El pleno del Congreso del Estado de México turnó a comisiones el análisis de la iniciativa que busca hacer ajustes a la ley de Voluntad Anticipada del Estado de México y a el Código Penal de la entidad, para que la población tenga el derecho a decidir cuando no hay opciones médicas para recuperar la salud o tener cuando menos una vida tranquila.

Actualmente existe en la entidad una Ley de Voluntad Anticipada que permite a la persona enferma pedir que dejen de aplicarles el medicamento o tratamientos, pero no lo ayudan a “bien morir”, el objetivo con esta iniciativa es que la persona pueda ser asistida para dejar este mundo.

La iniciativa fue presentada por el diputado Isaac Josué Hernández Méndez, quien puntualizó que la opción sería aplicada sólo cuando existan diagnósticos médicos y se compruebe la falta de opciones o alternativas médicas, y sólo para personas mayores de edad.

Reconoció que es un tema controvertido en el cual pueden influir ideas religiosas, pero el objetivo es garantizar el derecho para que las personas desahuciadas decidan libremente y se deje de postergar el tema, con análisis serio, científico y con respeto a los derechos humanos.

El legislador del PT dijo que para la integración de la iniciativa habló con especialistas de diversas ramas vinculadas con la vida y diversas enfermedades terminales, así como con personas enfermas que esperan tener derechos y seguir postergando el dolor propio y de su familia.

En el documento exceptúan del delito de inducción al suicidio, al personal médico que lleva cabo la aplicación de eutanasia, cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, como es tener un diagnóstico comprobado de un problema de salud grave o padecimiento incurable, el cual provoque sufrimiento físico o psicológico intolerable.

“Se busca promover y garantizar el respeto a la autonomía, la libertad de elección y a la dignidad de las y los pacientes en fase terminal”, aplicando la eutanasia a quienes tengan un pronóstico de vida menor a 6 meses.

Conceptualiza la eutanasia como el “acto o procedimiento realizado por un médico autorizado para promover la muerte sin dolor, de un paciente, a petición de éste, que se encuentre en fase terminal o con diagnóstico comprobado de un problema de salud grabe o padecimiento incurable, que derivado de ello provoque un sufrimiento físico o psicológico intolerable”.

La decisión, añadió, la tomará el o la paciente y en los casos donde no pueda expresarlo por no estar en condiciones de hacerlo, le toca definirlo a padres o tutores.

Los derechos de las personas enfermas son recibir información clara, oportuna y suficiente, sobre la donación de órganos y las posibilidades que tienen de convertirse en donante; dar su consentimiento por escrito de eutanasia; sea respetada su decisión; darle a conocer esta opción.

Mientras en México ocho de cada 10 menores víctimas de violencia sexual padecen el abuso a manos de personas de su círculo cercano, escenario que también se replica en el Estado de México, las iniciativas que buscan regular al sector turístico parecen no atender las causas de fondo de la problemática.

Así lo advirtió el coordinador de Tejiendo Redes Infancia, Juan Martín Pérez García, al afirmar que la violencia sexual infantil no depende del entorno donde ocurre, sino de la falta de justicia y de protección institucional.

El activista explicó que los delitos cometidos en entornos turísticos forman parte de un mismo patrón que se repite en los todos los escenarios.

‘Es violencia sexual que sucede en un entorno turístico, pero sigue siendo violencia sexual. Debe atenderse con la misma fuerza que la que ocurre en las casas, en las escuelas o en las iglesias’, sostuvo.

Para Tejiendo Redes Infancia, el Estado de México es un paraíso de impunidad porque los delitos sexuales rara vez llegan a sentencia.

Pérez García afirmó que de cada 100 carpetas de investigación iniciadas por abuso sexual infantil en el país, solo entre tres y cinco obtienen una resolución judicial, mientras la mayoría se archiva o se abandona.

En ese sentido, dijo que esa ineficacia institucional permite que los agresores permanezcan libres y que las víctimas no reciban justicia ni reparación.

La iniciativa busca castigar con cárcel y multas a quienes obliguen a niños y adolescentes a integrarse a pandillas o participar en actividades ilícitas, incluyendo agravantes como violencia de familiares o abandono de la víctima.

En entrevista el especialista explicó que la impunidad se sostiene en la revictimización durante las denuncias, la falta de personal especializado para atender a menores y la debilidad de las fiscalías para sancionar a los responsables.

Ante ello, señaló que, mientras no se asuma esta realidad, cualquier reforma quedará en el terreno del discurso.

De acuerdo con la Ficha Técnica Infancia y Adolescencia del Estado de México, publicada en octubre de 2024, mil 575 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en hospitales de la entidad por violencia sexual durante 2023.

Ese número ubicó al Edomex como el estado con más menores atendidos por ese tipo de agresión en todo el país.

A nivel nacional, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) documentó que los casos de violencia sexual contra menores aumentaron 1,139% entre 2010 y 2023, al pasar de 791 denuncias a 9 mil 802.

En promedio, se abren 27 carpetas diarias por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

Según ese mismo informe, Veracruz ocupa el primer lugar nacional en violencia sexual infantil registrada en contextos turísticos, mientras el Estado de México se posiciona en el segundo lugar.

En tanto, la entidad mexiquense también encabeza el ranking nacional en violencia sexual digital, de acuerdo con los reportes de la propia red.

Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó más de mil 100 carpetas de investigación por violación equiparada, abuso sexual y acoso infantil durante 2023 en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Por ello, organizaciones civiles como Tejiendo Redes Infancia y la Redim, advirtieron que esas cifras representan solo una fracción de la realidad, debido a la alta cifra negra y a la desconfianza hacia las autoridades.

En el Congreso mexiquense avanzan dos iniciativas que buscan prevenir la explotación sexual infantil en hoteles y zonas turísticas. Las propuestas de las diputadas Susana Estrada Rojas y Krishna Karina Romero Velázquez contemplan la instalación de cámaras de vigilancia, la capacitación de personal y la obligación de solicitar documentos que acrediten el parentesco de los acompañantes de menores.

Al respecto, Pérez García consideró que estas medidas reproducen la ingenuidad legislativa de pensar que una ley por sí sola cambia la realidad.

Recordó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya fue modificada en el ámbito federal para que los establecimientos de hospedaje verifiquen el vínculo parental entre adultos y menores, por lo que insistió en que no se requiere crear nuevos marcos legales, sino aplicar los existentes.

Tejiendo Redes Infancia también alertó sobre la expansión del material de violencia sexual digital, que antes se denominaba pornografía infantil.

En ese contexto, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia propuso usar el término correcto porque detrás de cada imagen existe una víctima real, por lo que no se puede generar la figura de menores como parte de una industria legal como la pornografía.

Advirtió que estas prácticas incluyen la hipersexualización de niñas y adolescentes en redes sociales y que su normalización refuerza la cultura del abuso.

El activista sostuvo que la educación sexual integral sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir la violencia.

Consideró necesario que el sistema educativo y el de salud trabajen de manera coordinada para que niñas, niños y adolescentes reconozcan los riesgos y ejerzan sus derechos con información veraz y acompañamiento institucional.

Para las organizaciones civiles, el Estado de México concentra una de las deudas más graves del país en materia de protección a la infancia debido a la falta de sentencias, la escasa atención especializada y la ausencia de reparación del daño mantienen a la entidad en una situación crítica.

Mientras las víctimas esperan justicia, sostuvo el activista por los derechos de las infancias, las leyes se multiplican sin transformar la realidad que las originó.