La Familia Michoacana recibe dinero de los ciudadanos en el Estado de México por comer o construir una casa.
Los “impuestos” que coloca el cártel de los hermanos Hurtado Olascoaga a distintos alimentos de la canasta básica, materiales de construcción, cigarros y bebidas alcohólicas han derivado en un incremento en los precios, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
De acuerdo con sus estimaciones, el aumento va del orden del 20 por ciento, pero hay casos en los que supera tres veces su valor.
El análisis del órgano autónomo refiere que este fenómeno fue detectado en unidades económicas del sur del territorio mexiquense que tienen la presencia de esta célula criminal y por ende, control de distintos alimentos. Por ello fue que realizaron la Operación Liberación, una estrategia que permitiría neutralizar el flujo económico que alimenta al cártel.
Para el análisis, tomaron como referencia los precios de distintos productos en Toluca.
En el caso del pollo, uno de los alimentos preferidos para la extorsión por el cártel michoacano, el kilo en promedio cuesta 75 pesos en la capital mexiquense, mientras que en Sultepec, alcanza los 115 pesos, es decir, un incremento de 53.3 por ciento; en Tejupilco 95 pesos, un alza de 26.67 por ciento; en Texcaltitlán, 90 pesos, precio que implica un 20 por ciento más; y en Ixtapan de la Sal, 105 pesos, 40 por ciento.
Este fenómeno también afectó a la carne de res en distintas presentaciones. El kilo de bistec, carne molida, maciza y costilla cuestan 20.73 por ciento más en Sultepec; 7.60 por ciento, en Tejupilco; y 11.41 por ciento, en Texcaltitlán.
En el caso de la carne de puerco, vendida en la modalidad de bistec, chuleta, espinazo, carne molida, longaniza y costilla, el promedio en Toluca es de 127.5 pesos, mientras que en Temascaltepec es de 152.50 pesos, o que equivale a un incremento de 16.39 por ciento.
La Operación Liberación también identificó una serie de casas de materiales de construcción que aparentemente venderían sus productos a un sobreprecio. Esto quiere decir que si alguien deseaba hacer remodelaciones, ampliaciones o construir una casa, prácticamente parte de su dinero iría al narcotráfico por el cobro de derecho de piso que sufren los vendedores.
El esquema de extorsión funciona así: una serie de “administradores” fija el precio de los productos a los vendedores y a su vez señalan las ganancias que deben de tener tanto comerciantes, como el narco. En caso de que no sigan las reglas, podrían rotarlos porque “nadie es indispensable”, como documentó MILENIO en julio pasado.
El análisis financiero de la Fiscalía hizo el comparativo de algunos productos en distintas regiones; la misma tonelada de varilla que se compra en Toluca, tiene un sobreprecio de 33.52 por ciento en Valle de Bravo; 23.76 por ciento en Ixtapan de la Sal; y 14.29, en Malinalco.
En el caso del millar de block, en Valle de Bravo era 122.22 por ciento; en Ixtapan de la Sal, 100 por ciento y en Malinalco, 44.44 por ciento más costoso que en la capital mexiquense; caso similar al de otros productos como alambrón, clavo de 4 pulgadas, cemento, mortero, grava o arena.
La Familia Michoacana prácticamente cobra piso a todos los productos de la canasta básica, pero también lo hace a otros que son para el entretenimiento.
El 10 de julio se anunció que el ex director de Seguridad Pública de Tlatlaya, Luis Ángel Nicolás Santos, fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro exprés en agravio de dos víctimas.
La narrativa de la autoridad refirió que el encargado de la seguridad habría detenido a dos hombres que pretendían vender cajas de cerveza en la región.
Fueron interceptados por él y otros hombres armados de la Familia Michoacana y además de quitarles el producto y privarlos de la libertad, les advirtieron que todo el alcohol que se vendía en la zona era distribuido por el cártel michoacano y que sin su consentimiento, no podían comercializarlo.
Con ello quedó en evidencia que el cártel también pone un impuesto a estos productos y que trabaja de la mano de servidores públicos.
En el caso de los cigarros, sucede algo similar. De acuerdo con testimonios, una cajetilla cuesta hasta 120 pesos, mientras que en Toluca su costo va de los 80 a los 88 pesos; sin embargo, las mismas son “contabilizadas” por la facción criminal.
Todas las cajetillas cuentan con un sello al frente que permite que su venta sea “autorizada” en algunos municipios, como es el caso de Tejupilco.
Los alcances del narco afectan a la canasta básica y a sus derivados. Vecinos de Coatepec Harinas, en donde no ha llegado esta operación, pidieron el apoyo de la autoridad porque alimentos tan básicos como los tacos también tienen el reflejo de esta facción criminal.
“Le dijeron a todos los carniceros que se encargan de la venta de la carne, obviamente les pasan unas cuotas, y cada taco te sale en 30 pesos; ya muchos incluso están cerrando (…) Un carnicero prácticamente los mandó al carajo, lo agarraron, le pusieron su golpiza y ahorita está ahí guardadito”, dijeron.
Las estructuras delincuenciales le pegan al bolsillo de los ciudadanos, pero también a los empresarios y gobiernos. A decir de Arturo Argente Villarreal, académico del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, diversos productos han sufrido el impacto del narco en la región.
En 2024, se generaron afectaciones económicas del orden de 4.5 millones de pesos, y su presencia puede alejar las inversiones, rememoró, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Los sectores de comercio y servicios concentran más victimización que cualquier otro tipo de empresa y eso, cuando una empresa quiere invertir en una planta, como en una fábrica, en alguno de estos estados, pues no es positivo y no se generan empleos”, expresó el académico.
“El narco se ha infiltrado como la humedad. Todo lo que es el sector económico de nuestro país, en niveles federal, estatal. Esto ha sido contraproducente para el desarrollo económico de nuestro país; afecta la productividad, el crecimiento, eso afecta a las finanzas públicas, a la competitividad empresarial y de igual forma alimenta lo que es la desigualdad regional”, agregó Argente Villareal.
Para el académico, “el narcotráfico es un negocio muy exitoso” que nutre las finanzas de las facciones criminales, ya que para poder garantizar el flujo de sus ganancias deben de identificar la fuente de riqueza, el tráfico de la misma y el destino de los recursos. Cosas que de cierto modo, no podrían ser posible sin el apoyo de autoridades de distintos niveles, subrayó.
En esta tesitura, el sur del Estado de México es el claro ejemplo de este modelo económico, aunque lo cierto es que se ha detectado en otras partes del país.
“Lo que pasa es que esto se ha detonado en toda la frontera norte del país; se ha detonado en estados como Morelos, Michoacán, y es una carga excesiva para el empresario que realmente aún sin estas cargas tiene retos muy difíciles. La gente no tiene dinero”.
En Liberación hay pocas denuncias; autoridades reconocen cifra negra
La FGJEM en coordinación con autoridades estatales y federales ejecutó la Operación Liberación, una estrategia operativa, que tiene como propósito, menguar los ingresos de la Familia Michoacana, por concepto de extorsión.
En esta ocasión se atacó directamente a las redes de financiamiento por parte de ferreterías, casas de materiales, minas, carnicerías, entre otros, los cuales, de acuerdo con trabajo de gabinete, fortalecieron a esta célula criminal.
Los 14 municipios en los que autoridades federales y estatales arrebataron bienes al cártel alcanzan apenas el 3.5 por ciento de todas las denuncias por extorsión interpuestas durante el primer semestre del 2025, de acuerdo con un análisis hecho al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
De enero a junio fueron documentadas mil 398 denuncias por este delito en todo el estado y en los 14 municipios de la operación solo 49, a pesar de que es una zona ampliamente dominada por los hermanos Hurtado Olascoaga en donde se paga derecho de piso. El gobierno reconoció que en esa zona hay una cifra negra, es decir, delitos que la ciudadanía no da a conocer.
“Si se fijan, la capacidad y el hecho de que se sigue distribuyendo que para comprar cualquier mercancía. Había un poquito más, había una cifra negra que nosotros encontramos por ahí”.
“Se han desarrollado otros operativos en Ecatepec, en Tlalnepantla, incluso encontramos un elemento de seguridad pública de un municipio que tenía un tema extorsivo. Se ha trabajado, pero yo creo que la parte importante y la cantidad de los diferentes artículos que manejaban, creo que es bastante importante”, indicó Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad.
“Hemos tenido una disminución considerable en el tema de extorsión. Donde nos dimos cuenta que se afecta la estructura económica de los grupos criminales es en la zona sur. Por ejemplo, el Operativo Bastión fue el tema de las casas de descanso, que tenían con tanta opulencia en el sur del Estado de México, entonces de ahí nacen las investigaciones que se han realizado”.
Con el objetivo de abatir este delito, el gobierno federal ha sumado esfuerzos junto con el Estado de México para disminuir las cifras, pero sobre todo, evitar que el dinero de la gente termine alimentando las estructuras del crimen organizado. Para ellos, la clave es denunciar.
Este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum dio el avance de una estrategia más agresiva contra este delito, la construcción de una Ley General Contra la Extorsión y su armonización en los estados, un esquema que busca llevar a la cárcel y dar sanciones severas a quien cometa este delito que lacera a los gobiernos, empresarios, pero sobre todo, a los ciudadanos, quienes son los principales afectados.
Milenio Edomex
