Los recientes movimientos en la cúpula de la Secretaría de la Defensa Nacional no fueron meros trámites administrativos, sino resultado de presiones de último momento y de una relación cada vez más tensa con Estados Unidos, afirmó la periodista de investigación María Idalia Gómez en Aristegui en Vivo.
Explicó que los cambios en la Secretaría de la Defensa estaban originalmente previstos para el 1 de febrero, pero se aceleraron tras lo que ocurrió el viernes pasado. Añadió que ese mismo día “hubo más presiones justo hacia mediodía” y que “el diálogo que se sostenía en diferentes ámbitos desde el gobierno mexicano con el gobierno estadounidense también se tensionó”, factores que, según ella, provocaron el adelantamiento de los nombramientos.
Como parte de estos movimientos, el subsecretario de la Defensa, el general de división del Estado Mayor Enrique Covarrubias López, fue enviado oficialmente al retiro, aunque permanecerá como asesor del titular de la Defensa. Gómez sostuvo que, en los hechos, su salida responde a “una auténtica pérdida de confianza” y a “al menos una ineficiencia desde ese cargo, no del gobierno mexicano, sino desde el gobierno estadounidense”.
En su lugar fue designado el general de división del Estado Mayor Enrique Martínez López, quien se desempeñaba como oficial mayor de la Defensa. Ese puesto será ocupado ahora por el general de división del Estado Mayor Hernán Cortés, proveniente de la Guardia Nacional, mientras que al frente de esa institución llegará el general de división del Estado Mayor Guillermo Briceño Lovera, quien estaba adscrito a la zona militar que abarca Sinaloa.
La periodista subrayó que todos los nombramientos cuentan con el aval de instancias militares de Estados Unidos. “Estos nombramientos todos tienen el aval del Estado Mayor Conjunto del Comando Norte de Estados Unidos” y del Comando Sur también, afirmó, y precisó que ambos “están dando por bueno” los antecedentes de los nuevos mandos.
Otro cambio relevante fue la desaparición de tres oficialías mayores -una en la Fuerza Aérea, otra en la Guardia Nacional y otra en Defensa- para concentrarlas en una sola, bajo la Secretaría de la Defensa. Según Gómez, esta reestructuración responde al hallazgo de múltiples irregularidades: “Descubrieron muchos actos de corrupción, porque se abrían tres ventanillas en las que no se tenían control”, por lo que ahora se busca centralizar la gestión de contratos, convenios y recursos, y fortalecer esa oficina.
Detalló que la subsecretaría de la Defensa es estratégica porque, además de ser el “segundo de a bordo”, es el área encargada de las relaciones internas y externas del Ejército, así como de temas de personal, presupuesto, logística y ciberseguridad. En ese sentido, señaló que el nuevo subsecretario, Enrique Martínez López, será clave en la interlocución con Estados Unidos, no solo con el Pentágono sino también con agencias como la CIA.
De acuerdo con la periodista, estos cambios buscan “limpiar la relación que ha sido cuestionada severamente por Estados Unidos en cuanto a casos de corrupción e inoperatividad”, en un proceso que, dijo, también se está replicando en la Marina. A su juicio, Washington está influyendo directamente en los nombramientos relacionados con seguridad nacional e interior, y además busca interlocutores confiables en otras áreas del gobierno mexicano, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y Pemex.
Gómez describió un escenario de creciente presión estadounidense. Afirmó que hay “un agotamiento” por parte de ese país, que considera que en México hay avances en detenciones y operativos contra el crimen organizado, pero no suficientes en “la limpieza de gobierno” ni en el cumplimiento de acuerdos económicos y políticos.
En ese contexto, Estados Unidos estaría exigiendo “interlocutores confiables para poder no solo hacer operativos y operaciones conjuntas, sino para poder compartir información verdaderamente crucial”, tanto para combatir el crimen organizado como el crimen político y económico de carácter transnacional.
La periodista advirtió que la presión continuará. “Va a seguir creciendo esta presión, esto solamente es un asomo de lo que seguiremos viendo, porque consideran que la presidenta no tiene un equipo de trabajo cien por ciento confiable”, sostuvo, y añadió que incluso el tono de los comunicados oficiales estadounidenses ya se ha endurecido.
Sostuvo que las recientes operaciones aéreas de Estados Unidos en México -incluido el aterrizaje de un avión militar Hércules en Toluca y el sobrevuelo de drones de inteligencia- forman parte de una estrategia deliberada por parte del gobierno estadounidense, en el contexto de tensión bilateral, presión política y ajustes en las Fuerzas Armadas mexicanas.
Sobre el aterrizaje de un avión militar estadounidense el pasado sábado en Toluca, explicó que el Hércules es una de las aeronaves militares de mayor capacidad operativa del mundo, capaz de transportar desde personal hasta vehículos y equipo pesado. Destacó que su llegada fue notoria y difícil de pasar inadvertida.
“Estados Unidos quiere que los veamos. Estados Unidos quiere que los mexicanos, que las personas que estamos en este territorio habitando o en tránsito veamos que están haciendo eso […] El Hércules pudo ser no visto, pero quisieron que se vea. Son elementos estratégicos”, apuntó.
Recordó que este hecho se produjo tras una alerta emitida por autoridades aeronáuticas de Estados Unidos sobre “algunos riesgos para la aviación” en ciertas zonas del Pacífico.
Cuestionó la respuesta oficial mexicana frente a dicha alerta y señaló que, en su opinión, correspondía a autoridades mexicanas advertir a aeronaves nacionales y no a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Calificó esa explicación como insuficiente y poco sólida.
Gómez contextualizó los hechos con precedentes en la región, al recordar episodios similares ocurridos en Venezuela semanas antes de la escalada de tensiones que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, aunque aclaró que no considera que México se encamine al mismo escenario. Sin embargo, subrayó que la alerta y las operaciones constituyen “un primer dato” de que Estados Unidos estaba realizando acciones en la zona.
A este elemento añadió el registro de vuelos de un dron de inteligencia estadounidense que, según detalló, sobrevoló Baja California, Sinaloa y Sonora durante sábado y domingo. Estos sobrevuelos, apuntó, no son inéditos, pues ya habían ocurrido el año pasado, pero cobran otro significado en el contexto actual.
Según Gómez, esta visibilidad puede interpretarse como amedrentamiento, presión política o un mensaje dirigido tanto a audiencias internas de Estados Unidos como a México y a América Latina, aunque insistió en que lo verificable es la intención de hacerlo público.
La periodista también advirtió que lo más relevante no es lo visible, sino lo que ocurre detrás de escena: operativos, acuerdos y cambios estructurales dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Reiteró que el Comando Norte y el Comando Sur de Estados Unidos sí habrían revisado y avalado los recientes nombramientos y movimientos de personal en el Ejército mexicano, pese a que el gobierno mexicano niega cualquier injerencia.
Vinculó estos ajustes con la necesidad de “limpiar” estructuras dentro de las Fuerzas Armadas y de generar un discurso público centrado en la seguridad, lo que podría llevar a la aceptación social de medidas excepcionales.
“No vaya a ser que estén construyendo un discurso para que sintamos miedo y no vaya a ser que estén construyendo un discurso para después justificar otras cosas”, dijo.
Añadió que esperaba, incluso, algún ataque con dron contra grupos criminales durante el fin de semana, lo que finalmente no ocurrió, aunque consideró que podría suceder en cualquier momento. Aclaró que no ve probable una intervención militar abierta como la que ha ocurrido en otros países, pero sí una creciente presión y cooperación operativa.
En este marco, mencionó la recepción del embajador estadounidense, Ronald Johnson, a la que acudieron autoridades de alto nivel del Estado mexicano, como el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, el canciller Juan Ramón de la Fuente o la fiscal Ernestina Godoy.
Remarcó que se trata de personas de “total y absoluta confianza” de la presidenta Claudia Sheinbaum. Consideró que estos encuentros se han intensificado tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles acciones militares de Estados Unidos en territorio mexicano.
Gómez criticó la capacidad de comunicación del gobierno mexicano ante esta coyuntura. Señaló que, más allá del discurso presidencial, el equipo encargado de informar con rapidez y claridad no ha sido eficaz, y que falta una visión estratégica de mayor alcance en el entorno geopolítico actual.
También aludió a las recientes publicaciones de medios como The New York Times y The Wall Street Journal que cuestionan la confiabilidad del gobierno mexicano por presuntos vínculos de corrupción de funcionarios, lo que, desde su perspectiva, refuerza las presiones de Estados Unidos para depurar tanto corrupción política como económica.
Describió el momento actual como “tenso, difícil, histórico y fuerte”, que exige mayor estatura política y capacidad estratégica por parte del gobierno mexicano.
