Cientos de miles de mexiquenses tienen los días contados para completar el registro obligatorio de su línea celular ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pues el bloqueo total del servicio está programado para el próximo 1 de julio a nivel nacional, incluyendo el Estado de México (EMX).
Pese a la inminente suspensión de llamadas, mensajes y datos móviles, existe un sector considerable de la población que ha decidido ignorar el trámite.
Las autoridades han enfatizado que el registro es un proceso personal que debe gestionarse presentando una identificación oficial vigente y la CURP. La apatía de muchos usuarios contrasta con la gravedad de las consecuencias, ya que una desconexión total dejará a los teléfonos inutilizables para cualquier comunicación ordinaria.
De acuerdo con las proyecciones, en base a las tendencias a nivel nacional, más de 40 millones de líneas aún no cuentan con el registro actualizado, una cifra que preocupa a las autoridades debido a la velocidad con la que se acerca el vencimiento del plazo.
En el Estado de México (EMX), el panorama es particularmente complejo, pues se estima que cerca de 6 millones de dispositivos permanecen sin los datos de sus titulares en la base de la Comisión, lo que sugiere una resistencia marcada en los municipios de mayor densidad poblacional.
El ritmo de registros diarios ha mostrado una tendencia a la baja en la última quincena, lo que ha generado alertas en las delegaciones estatales de telecomunicaciones. Estas estadísticas revelan que la mayoría de los usuarios omisos pertenecen al segmento de prepago, quienes han manifestado mayor desinterés en el proceso comparado con los usuarios bajo esquema de renta, quienes cuentan con una mayor presión contractual para cumplir con la normativa.
La negativa a registrar el número traerá complicaciones financieras inmediatas para quienes cuentan con planes de renta, pues aunque la línea sea suspendida por la compañía, el usuario seguirá obligado a cumplir con los pagos mensuales de la renta y del equipo contratado.
Esta situación ha generado una ola de críticas, ya que la medida impone una carga administrativa y económica sobre los clientes, quienes se sienten atrapados entre el riesgo de perder su conectividad y la obligación de mantener pagos por un servicio que ya no podrán utilizar.
Diversas empresas del sector, incluyendo a Telcel, han manifestado su preocupación por el impacto negativo que este bloqueo masivo tendrá en sus usuarios, lo que ha llevado a que se evalúen diversos amparos y recursos legales a nivel corporativo.
Mientras estas batallas legales se libran en las altas esferas, el ciudadano común queda en medio de la incertidumbre, observando cómo la fecha límite se aproxima sin que exista una claridad absoluta sobre la seguridad de sus datos biométricos y personales en las bases de datos gubernamentales.
La desconfianza ciudadana se ha disparado al detectar, en muchos casos, que existen números telefónicos registrados a su nombre que ellos nunca contrataron ni autorizaron.
Ante este panorama, los Centros de Atención a Clientes de los distintos proveedores se han visto abarrotados por personas que acuden a solicitar una aclaración presencial, buscando la desvinculación inmediata de líneas desconocidas o simplemente exigiendo garantías sobre cómo se tratará su información una vez ingresada al sistema.
Acudir directamente a las sucursales se ha convertido en la única vía segura para quienes deciden cumplir con el registro, pero quieren asegurarse de que no haya anomalías vinculadas a su identidad.
La recomendación de los expertos es no dejar este trámite para el último minuto, ya que la saturación podría dejar a miles de personas sin posibilidad de completar el proceso antes de que el reloj marque el fin del plazo establecido.
