En el marco del 4º Foro de Análisis de Reformas a la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el periodista y académico Raúl Mandujano Serrano presentó una ponencia en la que destacó la urgencia de contar con una legislación más eficaz e incluyente que garantice la seguridad y el libre ejercicio del periodismo en el Estado de México. El evento, realizado en el Salón Juárez del Congreso local, forma parte de la iniciativa “100 Periodistas por el Estado de México”, orientada a impulsar reformas que protejan a quienes informan y defienden los derechos humanos.

“El silencio impuesto por el miedo es la peor forma de censura”, expresó, tras proponer la creación de un fondo estatal de emergencia, la aplicación de protocolos especiales de protección en zonas de riesgo y la capacitación obligatoria para servidores públicos encargados de la seguridad de periodistas y defensores.

En el mismo foro, como representante de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Mexiquenses (APYCM) presentó un posicionamiento en el que advirtió que el gremio ha sido históricamente estigmatizado, a pesar de ser una herramienta clave para el conocimiento, la cultura y la democracia.

“El periodismo desde siempre ha padecido del desprestigio y el vilipendio, la descalificación y la persecución, la amenaza e incluso, el asesinato para callar sus voces. Casi nunca, el periodismo ha sido considerado como una herramienta de acceso a la globalización cultural, a la investigación o el conocimiento científico, menos hoy en día, pero, lo es”, manifestó el académico.

Entre sus propuestas principales, planteó renombrar la legislación vigente como Ley para la Protección Integral e Inclusiva de Personas que ejercen el Periodismo y la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de México, con el fin de garantizar un enfoque más amplio y respetuoso hacia la diversidad. “El periodismo de información o de opinión, lo define quien redacta y se reconoce por la ética con la que escribe. Los medios de comunicación no deben distinguir la orientación sexual de nadie en la contratación de personal sino en la inteligencia con la que se desempeña”, explicó Mandujano Serrano.

También propuso la incorporación de periodistas mexiquenses en la Junta Directiva del Mecanismo de Protección, dado que actualmente no tienen voz ni voto en las decisiones que los afectan directamente. Para ello, sugieren que los representantes cumplan con al menos cinco años de residencia en el estado y trayectoria acreditada en medios locales o regionales.

Finalmente, Raúl Mandujano propuso añadir un artículo al capítulo de acceso a la información pública, que garantice el respeto a la identidad, la integridad y la labor de los comunicadores, además de reconocer su labor informativa como un servicio social que debe ser remunerado por el sector público, bajo criterios de calidad, legalidad y profesionalismo.

El foro concluyó con un llamado al Congreso local para que las reformas no sean solo de forma, sino de fondo. “Los periodistas no piden privilegios, sino condiciones mínimas para ejercer con seguridad y dignidad su labor”, sentenció Raúl Mandujano.

Por primera vez, los 125 municipios del Estado de México serán auditados de forma integral en todos sus fondos federales por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destacó Liliana Dávalos Ham, auditora superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), quien anunció que próximamente se firmará un convenio con esta entidad fiscalizadora, con el objetivo de combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas.

Durante su participación en el pódcast Diálogos de Economía, del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México (Inesle), coordinado por su titular, Juan Carlos Villarreal Martínez, la auditora subrayó la importancia de sumar esfuerzos y fortalecer la coordinación institucional para que la ciudadanía conozca en qué se gasta cada peso del erario público. En este propósito también participa la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

En el tercer episodio de esta producción, realizada por el Inesle en colaboración con la Dirección General de Comunicación Social del Poder Legislativo, Dávalos Ham señaló que, en esta nueva etapa del OSFEM —ella asumió funciones el 1º de enero de este año—, uno de los objetivos es mejorar el entendimiento de las actividades de fiscalización por parte de la ciudadanía. Esto permitirá a las personas acceder a información sobre los municipios en los que habitan, así como sobre las obras y servicios disponibles.

En este sentido, invitó a la población a reportar posibles anomalías a través del sitio web http://www.osfem.gob.mx, con el fin de fomentar un control adecuado de la gestión pública. También pueden realizarse denuncias a través de las redes sociales oficiales del organismo: @OSFEM_oficial en X (antes Twitter) y Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México – OSFEM en Facebook.

“Si un ciudadano sabe en qué se gasta el dinero de los impuestos y ve que su municipio está creciendo, que se están ejecutando las obras y que se atienden los programas y servicios en cada comunidad, se sentirá tranquilo, porque sabe que se está gobernando de manera correcta. Nosotros le informaremos cómo se llevó a cabo ese proceso y, en caso contrario, habrá repercusiones para quienes hayan incurrido en irregularidades”, indicó.

En la emisión, en la que también participó Rodrigo Rivera Rojo, coordinador de Análisis y Finanzas Públicas del Inesle, se recordó que el OSFEM —integrado por 671 personas servidoras públicas— es el órgano encargado de revisar y fiscalizar los fondos, deudas y cuentas públicas relacionadas con la captación y aplicación de los recursos estatales. Esto incluye a los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), órganos autónomos y auxiliares, así como a los municipios.

Respecto a las observaciones más comunes encontradas durante las auditorías, se enlistaron las siguientes: falta de comprobación de gastos; incumplimiento de la normativa en adquisiciones y contrataciones; deficiencias en la integración de expedientes en adjudicaciones directas; obra pagada pero no ejecutada; discrepancia entre la ubicación reportada y la real de las obras; incumplimiento de plazos contractuales; transferencias no autorizadas; inconsistencias entre el inventario físico y el documentado; y sueldos no autorizados o no contemplados en los tabuladores.

Liliana Dávalos destacó que el OSFEM brinda asesoría, capacitación y acompañamiento a las autoridades municipales entrantes —presidencias municipales, direcciones de obra, contralorías y tesorerías—, y que existe disposición para establecer mesas de diálogo que permitan aclarar dudas y prevenir faltas.

Al respecto, Juan Carlos Villarreal subrayó la importancia de la trazabilidad de los recursos públicos, así como el enfoque preventivo del trabajo del OSFEM. Añadió que este órgano cuenta actualmente con más elementos que en el pasado, lo que permite advertir observaciones y brindar espacio para su atención, ya que es preferible fomentar el cumplimiento generalizado antes que limitarse a imponer sanciones.

Cabe señalar que este pódcast, cuyo objetivo es hacer más accesible la información sobre el trabajo legislativo, se transmite cada ocho días a través de las redes sociales del Inesle. En esta primera temporada participarán 12 personas invitadas.

Durante 2023, el Estado de México contabilizó tres 3, 400 adolescentes imputados por la presunta comisión de delitos, cifra que lo posicionó como la segunda entidad en México con más casos, sólo detrás de Nuevo León con 4, 098 adolescentes.

El estudio, Las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Inegi detalla además que del 2021 a 2023, México registró 32 mil 852 adolescentes imputados, de los cuales el 50.7 por ciento se concentró en seis entidades: Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua.

El informe resalta que, si bien, de 2017 a 2021 el total de las personas adolescentes imputadas en carpetas de investigación bajó 37.3 % (de 36, 123 a 22, 654), entre 2021 y 2023, subió a 32 852, es decir, un aumento de 42.2 %.

La EPACOL destaca que los cinco delitos más frecuentes fueron: lesiones con 24.8 por ciento, robo con 15.2 por ciento; el delito de amenazas que representaron el 9.4 por ciento de los casos, así como abuso sexual con 9 por ciento y narcomenudeo con 8.4 por ciento.

Respecto a las medidas impuestas, el Inegi señala que al cierre del 2023 había tres mil 785 adolescentes con sanciones, de los cuales 66.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad y 33.7 por ciento enfrentaba medidas privativas o restrictivas de la libertad, asimismo, ese mismo año, ingresaron mil 508 adolescentes a centros de internamiento, de los cuales nueve de cada diez fueron hombres.

Además, el organismo destaca que la entidad mexiquense, Ciudad de México, Sonora, Baja California, Aguascalientes y Chihuahua concentraron el 54.4% del total de adolescentes ingresados.

De acuerdo con la EPACOL, durante 2022, el 51.5 por ciento de los adolescentes imputados recibió asesoría de un abogado en el Ministerio Público y el 82.5 por ciento se encontró acompañado de sus padres o tutor.

A nivel nacional, el informe reveló que durante 2023 se registraron 33 mil 975 delitos relacionados con adolescentes y un total de 28,899 víctimas, de las cuales seis de cada diez fueron mujeres, y más de la mitad de estas víctimas tenían 19 años o menos.

Datos adicionales del documento revelan que en 2022 el 88.2 por ciento de los hombres y 77.3 por ciento de las mujeres sujetos al sistema de justicia penal reconocieron haber consumido alcohol, tabaco o marihuana alguna vez en su vida. Con información de Paola Salinas.

Durante el segundo trimestre de 2025, los municipios del Estado de México recibieron un total de 829 millones 169 mil 560 pesos por concepto de participaciones estatales, correspondientes a ingresos derivados de impuestos, de acuerdo con información publicada en la Gaceta de Gobierno.

Entre los impuestos que se contemplan para la ministración de recursos está el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados, Loterías, Rifas y Sorteos, así como del Impuesto a la Venta Final de Bebidas Alcohólicas.

En el desglose mensual, el mes de mayo fue el que presentó el mayor monto de transferencias, con 458 millones 133 mil 223 pesos, lo que representa más de la mitad del total trimestral. Le sigue abril con 306 millones 032 mil 763 pesos, mientras que junio tuvo una importante disminución, al distribuir únicamente 65 millones 003 mil 574 pesos.

Este comportamiento refleja una variación típica derivada del calendario de recaudación y pagos fiscales, especialmente en impuestos como la tenencia vehicular, cuyo pago se concentra en los primeros meses del año.

El municipio de Zumpango encabezó la lista de beneficiarios al acumular 10.7 millones de pesos en participaciones estatales durante el trimestre, le siguió Valle de Chalco Solidaridad con 8.7 millones, lo que podría reflejar una prioridad financiera en zonas con fuerte crecimiento poblacional y necesidades de infraestructura.

Otros municipios con altas ministraciones fueron Villa Victoria con 6.6 millones, Zinacantepec con 6.5 millones y Villa Guerrero con 5.6 millones de pesos, lo que coloca a estos cinco territorios como los principales receptores de recursos estatales en el Estado de México.

Es preciso mencionar que la concentración de recursos en estos municipios obedece a factores como su densidad poblacional, dinamismo económico, parque vehicular registrado y niveles de consumo.

En contraste, los municipios que menos participaciones estatales recibieron en el trimestre fueron Zacazonapan, con apenas 3 millones 329 mil 850 pesos, seguido de Zumpahuacán con 3 millones 563 mil 819 pesos, Villa de Allende con 3 millones 186 mil 049 pesos, Isidro Fabela con 3 millones 260 mil 008 pesos, y Ocuilan, con 3 millones 489 mil 284 pesos.

En conjunto, Zumpango, Valle de Chalco, Villa Victoria, Zinacantepec y Villa Guerrero concentraron más del 10% del total de los recursos estatales ministrados a los 125 municipios mexiquenses entre abril y junio. Este grupo de municipios recibió más de 87 millones de pesos, mientras que otros como Zacazonapan, Zumpahuacán o Villa de Allende registraron cifras por debajo de los 3.5 millones.

Sumando las participaciones federales reportadas por el mismo periodo, que ascienden a 8 mil 897 millones de pesos, el total de recursos ministrados a municipios mexiquenses en el segundo trimestre se eleva a cerca de 9 mil 727 millones de pesos. Este monto representa una de las inyecciones financieras más importantes del año para los gobiernos locales.

Cabe señalar que las participaciones son claves para la operación cotidiana de los municipios, ya que de ellas depende una parte importante del gasto corriente, servicios públicos, infraestructura urbana y programas sociales.