El colectivo Haz Valer Mi Libertad, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y otras organizaciones anunciaron una propuesta para reformar la Ley de Amnistía del Estado de México, con el fin de que incluya casos relacionados con delitos de alto impacto.
Afirmaron que también en esos procesos se han documentado violaciones al debido proceso y fabricación de culpables, por lo que consideraron necesaria su modificación.
Como parte de esta iniciativa lanzaron la campaña Susurros de Libertad, que recorrerá escuelas, comunidades y espacios organizativos dentro y fuera de la entidad.
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En cada lugar compartirán testimonios, proyectarán un documental y ofrecerán herramientas jurídicas a familiares de personas privadas de la libertad, con la intención de que identifiquen irregularidades en los casos y puedan fortalecer su defensa.
Durante la presentación realizada en Toluca, señalaron que la ley actual deja fuera a personas acusadas de delitos considerados graves, pese a que sus expedientes evidencian fallas en la investigación y la falta de pruebas científicas.
Cuestionaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúe sosteniendo acusaciones sin sustento y detenga a personas sin garantizarles un proceso justo.
La vocera del colectivo, María Luisa Montoya, apuntó que las fallas inician desde el Ministerio Público, donde no se investiga a fondo y se criminaliza la pobreza.
‘Desde el Ministerio Público empieza todo el martirio. Ahí es donde se fabrican los delitos. No investigan como debe ser, sólo buscan estadísticas. Agarran a quien pueden, y eso es lo que estamos enfrentando. La Fiscalía debe hacer bien su trabajo’, sostuvo.
Haz Valer Mi Libertad ha documentado únicamente dos casos de personas liberadas en procesos relacionados con delitos de alto impacto.
Uno es el de Daniel Plácido, quien obtuvo su libertad por reconocimiento de inocencia. El otro es Longino Celestino Zetina, liberado mediante amnistía tras la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que argumentó la falta de perspectiva intercultural en su proceso debido a su origen indígena.
En ese sentido, los activistas subrayaron que estos casos también deben ser contemplados en la ley, ya que presentan los mismos patrones de fabricación de delitos.
‘Queremos que la ley de amnistía también contemple delitos de alto impacto, porque hay muchas personas inocentes pagando por delitos que no cometieron. No basta con las propuestas de los legisladores. Exigimos que la ley se construya desde la experiencia de quienes hemos vivido esta injusticia’.
Las organizaciones también señalaron que existen casos sin resolver, incluso entre los primeros 25 pronunciamientos emitidos por la Comisión de Derechos Humanos estatal en la administración anterior. Algunos concluyeron en libertades, pero otros no han tenido seguimiento.
Además, denunciaron traslados a penales federales como represalia contra personas privadas de la libertad que han alzado la voz o denunciado irregularidades.
Afirmaron que estas medidas rompen el vínculo familiar y dificultan la defensa legal, por lo que exigieron el regreso de estas personas a penales cercanos a sus comunidades.
‘Estamos muy contentas de que hayamos logrado algunas libertades, pero también seguimos con todas estas mujeres que presentan a sus familiares, porque hay compañeros que aún no tienen respuesta. No ha habido seguimiento y siguen presos’, agregó Montoya.
La campaña Susurros de Libertad contempla actividades en planteles educativos, espacios comunitarios y sedes organizativas dentro y fuera del Estado de México.
En cada jornada se proyectará un documental con testimonios de personas liberadas y se impartirán talleres para leer expedientes, detectar violaciones procesales y fortalecer la defensa desde las familias.
Montoya explicó que esta estrategia busca que más personas conozcan sus derechos y sepan cómo identificar irregularidades legales.
‘Vamos a ir a donde fueron trasladados nuestros compañeros. También a las escuelas, a las organizaciones. Queremos que las personas aprendan a leer sus expedientes, que sepan lo que nosotras aprendimos para no vivir esta injusticia’, dijo.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Amnistía del Estado de México, el 5 de enero de 2021, se han registrado 10 mil 118 solicitudes. De ese total, 3 mil 818 fueron tramitadas ante la Comisión de Derechos Humanos estatal y 6 mil 300 ante el Poder Judicial mexiquense.
De acuerdo con el último informe, el Poder Judicial resolvió 3 mil 120 solicitudes entre marzo de 2021 y junio de 2025. En contraste, la CODHEM reporta solo 18 solicitudes aceptadas, aunque ha remitido 23 casos, de los cuales 19 han resultado favorables y el resto sigue en análisis.
Afirmaron que esta actualización debe partir de los testimonios recogidos en centros penitenciarios y del acompañamiento a personas afectadas.
Haz Valer Mi Libertad da seguimiento actualmente a 19 casos activos de personas que estarían injustamente presas en penales por delitos de alto impacto como secuestro, homicidio y extorsión, pero ha recibido nuevas solicitudes en las últimas semanas.
Su intención es ampliar su capacidad de atención y fortalecer el trabajo jurídico comunitario, mientras se impulsa una reforma que limite la discrecionalidad institucional en los procesos penales.
