Por unanimidad, diputados mexiquenses aprobaron tipificar el delito de acecho como una forma de violencia contra las mujeres, a través de una reforma que modifica el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Durante la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, la reforma impulsada por la diputada Lilia Urbina Salazar del PRI, tiene como el objetivo sancionar conductas como el hostigamiento, la vigilancia no consentida y la persecución física o digital.

Cabe señalar que la propuesta fue bien recibida por todos los grupos parlamentarios, quienes respaldaron la iniciativa sin objeciones y se destacó que el acecho es una forma de violencia que, aunque no siempre deja huellas visibles, genera un profundo daño emocional en las víctimas, limitando su libertad y sembrando miedo. La diputada Jessica Janet Rojas Hernández, del PAN, enfatizó que el miedo también es violencia y que el Estado tiene la obligación de proteger a las mujeres de estas conductas.

De acuerdo con su promotora, la iniciativa surgió ante la necesidad de cerrar vacíos legales que permitían la impunidad en casos de hostigamiento reiterado. Según el dictamen, el acecho se define como cualquier acción reiterada de seguimiento, vigilancia, comunicación invasiva o acoso que cause intimidación o alteración de la vida cotidiana de una mujer.

‘Se entenderá como acecho al patrón de conducta repetida y no deseada, acoso no sexual, contacto, vigilancia, seguimiento o cualquier otra conducta dirigida a una persona en específico o a sus familiares, amistades o círculo cercano, que causare que sienta temor, miedo, angustia o ansiedad, y que como consecuencia de ello, modifique sus hábitos, costumbres, itinerario, número de teléfono, correo electrónico, perfiles de redes sociales o cambie de lugar de residencia, de trabajo, de escuela, centro religioso o de culto’, menciona la iniciativa.

De acuerdo con la iniciativa, esta conducta se considerará reiterada cuando se repita más de dos ocasiones, por lo que este delito se perseguirá por querella, o de oficio cuando las víctimas sean menores de edad. El Artículo 268 Quinquies establece penas de 6 meses a 2 años de prisión y 100 a 300 días multa para quien aceche o intimide a una persona, ya sea directamente o a través de terceros.

Las conductas sancionadas incluyen: vigilancia, persecución o acercamiento físico no consentido; contacto reiterado por cualquier medio, incluyendo redes sociales; ataques a su libertad, patrimonio o el de sus allegados; y actos dañinos contra la víctima o sus cercanos con intención de intimidar.

Las penas por acecho se agravarán en casos como: acercamiento a domicilios de la víctima o allegados con amenazas, coerción para actuar contra su voluntad, uso de armas, vandalismo, cobro de deudas, presión para influir en procesos legales, o uso de tecnología para vigilancia no consentida.

Además, las penas pueden duplicarse si el delito es cometido por: servidores públicos (I), violando órdenes de protección, contra menores, causando daño físico o psicológico, o dirigido a mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad. También aplica si existe relación de confianza, laboral, afectiva, etc., por identidad de género u orientación sexual, en contexto de violencia de género, o reincidencia. Los servidores públicos culpables serán destituidos e inhabilitados.

El siguiente paso será la discusión en el pleno del periodo extraordinario de la LXII Legislatura, donde se espera que la iniciativa sea ratificada sin mayores cambios, por lo que el Estado de México se sumaría a otras entidades que ya han reconocido el acecho como un delito, fortaleciendo el marco jurídico contra la violencia de género.

Cómo parte de la Operación ‘Restitución’, han sido vinculadas a proceso a 73 personas, 15 de ellas identificadas como objetivos prioritarios, ya que eran líderes o integrantes relevantes de sindicatos relacionadas con despojos, contra la propiedad, extorsiones y secuestros, informó, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Se trata de las organizaciones autodenominadas “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300” y/o “Los 300”, “Sindicato 22 de octubre” y “Los Gastones”.

Hace unos días, la Fiscalía obtuvo vinculación a proceso contra cuatro individuos identificados como integrantes de la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)”.

Se trata de Abigail ‘N’, Daniela ‘N’, Rita ‘N’ y José Antonio ‘N’, quienes llevaron a cabo acciones de manera individual o colectiva que favorecieron a terceros para ocupar de propia autoridad y sin tener derecho a ello, en casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios.

Abigail ‘N’ y José Carmelo ‘N’, se presentaron en un domicilio ubicado en la colonia Conjunto Urbano, Valle San Pedro en el municipio de Tecámac, donde habrían amenazado a la dueña y exigido dinero a cambio de no desalojarla del inmueble el pasado 16 de abril.

La ahora detenida y 10 personas más, acudieron al inmueble y con palabras amenazantes y altisonantes, habrían realizado actos extorsivos.

En tanto, Daniela ‘N’, Rita ‘N’ y José Antonio ‘N’, probables implicados en el delito de secuestro exprés, hipótesis de que se realice para cometer extorsión, con la agravante de participar un grupo de personas y con violencia, además estableció plazo de un mes como plazo de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva, por lo que deberán permanecer internos en Penales estatales.

El ilícito se registró el 23 de marzo de 2023, cuando junto con ocho personas, habrían privado de la libertad por aproximadamente una hora, a las dos víctimas, en el Fraccionamiento Arboleada Los Sauces 2, en el municipio de Zumpango.

Durante dicha diligencia, los probables implicados se habrían negado a que se llevara a cabo, privaron de la libertad a las víctimas con la finalidad de impedir la restitución del inmueble y los probables implicados le dijeron a las víctimas.

De la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)”, han sido detenidos y vinculados a proceso José Carmelo ‘N’, Juan Alberto ‘N’ Juan Alberto ‘N’, José Manuel ‘N’, Gabriela ‘N’, Abigail ‘N’, Daniela ‘N’, Rita ‘N’ y José Antonio ‘N’, por delitos como extorsión, secuestro exprés y despojo.

En tanto que del grupo autodenominado “Unión 300” y/o “Los 300”, fueron vinculados a proceso Jorge ‘N’ y Alberto ‘N’, por el hecho delictivo de extorsión.

Lourdes Yohana ‘N’ y Víctor Heladio alias ‘El Taz’, integrantes del “Sindicato 22 de octubre”, también fueron vinculados a proceso por el ilícito de despojo.

También, el Agente del Ministerio Público de igual manera acreditó ante un Juez la probable intervención de Hugo Francisco ‘N’, dirigente del grupo social autodenominado «Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)”, en el hecho delictivo de extorsión agravada, ilícito por el cual fue vinculado a proceso.

La fiscalía obtuvo vinculación a proceso contra Brandon Salvador ‘N’ alías “El Gastoncito”, considerado como líder del grupo criminal autodenominado “Los Gastones”, investigado por el delito de extorsión.

Se trataría de integrantes del grupo “Los Souverbielle”, de los cuales 42 ya tienen vinculación a proceso, mientras se define la situación legal de ocho adolescentes.

El líder es identificado como Carlos Iván “N” y de acuerdo con la indagatoria al grupo de le atribuyen delitos como despojo y robo a interior a casa habitación, en Texcoco.

Se informó que el 4 de junio, los sujetos abordaron a un domicilio ubicado en la calle Mérida, colonia Salitrería en el municipio de Texcoco, donde se encontraba la víctima, que rentaba desde hace un año.

Ingresaron al inmueble y ocho sujetos entraron de forma violenta, para luego decir:

«…o te sales de la casa o vas a valer m…, si no te sales te vamos a ch…, primero matamos a tus hijos y al final a ti, para que veas que no andamos con m…».

La investigación apunta que Carlos Iván “N”, dirigente de esta acción, supuestamente ordenó que más gente llegara, por lo que sacaron a la víctima de su casa y presumiblemente robaron objetos de valor.

“Tras llevar a cabo estas acciones, los probables implicados colocaron una cadena en el portón de la vivienda, sin embargo, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y de la Policía Municipal de Texcoco, quienes detuvieron a los 42 adultos, así como a ocho adolescentes”.

Todos fueron vinculados a Proceso en penales, mexiquenses. En lo que refiere a los adolescentes, aún no se determina su situación legal.