Según varias fuentes, Estados Unidos está investigando a dos destacados gobernadores mexicanos, en un momento en que la Administración Trump amplía su campaña contra altos cargos mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.

Esta medida contra funcionarios en el cargo amenaza con socavar al partido gobernante de México —que llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción— y con tensar aún más las ya tensas relaciones entre ambos países.

Durante años, Estados Unidos se abstuvo de investigar a políticos en el cargo en su lucha contra el narcotráfico, prefiriendo centrarse en los líderes de los cárteles. Pero a medida que muchos de los narcotraficantes más notorios de México han sido asesinados, arrestados o se han entregado, Washington ha centrado su atención en procesar a líderes electos y agentes de las fuerzas del orden sospechosos de estar involucrados en el crimen organizado.

Alfonso Durazo, gobernador del estado de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, han sido despojados de sus visados estadounidenses en medio de investigaciones penales, según personas familiarizadas con los casos. Ambos estados limitan con Arizona y Texas.

Ambos son miembros del partido gobernante Morena y aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha criticado la reciente oleada de investigaciones de las fuerzas del orden estadounidenses sobre líderes mexicanos en el cargo, calificándolas de injerencia electoral y violación de la soberanía de su país.

En abril, el Departamento de Justicia dio a conocer una serie de graves acusaciones penales contra miembros destacados del partido de Sheinbaum, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, del estado de Sinaloa. Se le acusó, junto con otros nueve funcionarios actuales y antiguos, de ayudar al cártel de Sinaloa a introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y de ayuda para ganar las elecciones.

«¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado?», preguntó Sheinbaum en un reciente mitin político. «¿O estamos quizás presenciando cómo sectores de la extrema derecha estadounidense están utilizando nuestro país para posicionarse de cara a sus elecciones de 2026? ¿O pretenden influir en las elecciones de 2027 en nuestro país?».

Durazo, de 71 años, gobernador del estado fronterizo de Sonora, es uno de los líderes de mayor perfil hasta la fecha que se cree que está siendo investigado. Anteriormente ocupó el cargo de secretario de Seguridad de México, donde ayudó a implementar la controvertida estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador de «abrazos, no balas», que hacía hincapié en abordar las causas de fondo de la delincuencia en lugar de recurrir a enfrentamientos militares. Sonora es una importante ruta de tránsito del narcotráfico hacia EE. UU.

Personas familiarizadas con su caso, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos, afirmaron que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado y que Estados Unidos lo está investigando por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Según se ha informado, Durazo viaja a Estados Unidos con regularidad para recibir tratamiento especializado por una afección médica en el marco de un programa de libertad condicional que suele reservarse a personas que cooperan con las fuerzas del orden. La oficina de Durazo no respondió a una solicitud de comentarios.

El programa, conocido como «libertad condicional por beneficio público significativo», permite a los no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de los cargos reales o pendientes contra ellos o contra otras personas. Un visado de turista típico para EE. UU. tiene una validez de hasta 10 años, con posibilidad de renovación.

«En realidad está pensado para ser utilizado como herramienta para recabar información y obtener pruebas», dijo Vanda Brown, de la Brookings Institution, sobre el programa. El periodista mexicano Luis Chaparro informó anteriormente de que Durazo había perdido su visado debido a una investigación estadounidense y que era beneficiario de la libertad condicional.

La investigación sobre Villarreal, de 68 años, está relacionada con el contrabando de combustible pirateado, un lucrativo comercio ilegal conocido en México como huachicol, según personas familiarizadas con el caso. Las fuentes indicaron que Villarreal también cuenta con una libertad condicional por «beneficio público significativo». Cuando cruza a Estados Unidos, a menudo es escoltado por funcionarios estadounidenses, señaló una persona familiarizada con su caso.

En un comunicado, Villarreal negó haber cometido ningún delito, calificando las acusaciones de falsas, sesgadas y carentes de pruebas. Afirmó que, como servidor público, siempre ha sido transparente, responsable y ha cumplido la ley.

Tamaulipas, que limita con gran parte de Texas, es un centro neurálgico del contrabando de combustible hacia y desde Estados Unidos. A lo largo de las últimas décadas, varios gobernadores del estado han sido investigados en México por blanqueo de capitales y vínculos con grupos criminales.

Es probable que estas nuevas revelaciones aumenten la presión sobre Morena, cuyo fundador, López Obrador, llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, que, según él, alimentaba la violencia. Prometió que no se perdonaría a nadie implicado en la corrupción, ni siquiera a los «compañeros de armas».

Sheinbaum, la protegida política de López Obrador, se ha comprometido a continuar esa lucha, y su administración ha detenido a decenas de funcionarios locales acusados de irregularidades, incluidos algunos afiliados a Morena.

Algunos miembros de su partido han presionado a Sheinbaum para que rompa los lazos con Rocha Moya y otros líderes sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado, para que Morena no se vea salpicada por las acusaciones. Pero Sheinbaum, por el contrario, ha cerrado filas, insistiendo en que su gobierno no accederá a la solicitud de Estados Unidos de extraditar a Rocha Moya.

En un gran mitin celebrado el fin de semana con motivo del segundo aniversario de su victoria presidencial, Sheinbaum desestimó la investigación estadounidense sobre los funcionarios de Sinaloa calificándola de campaña de desprestigio con motivaciones políticas contra su gobierno de izquierda.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, criticó sus comentarios. «La lucha contra los cárteles debería unirnos, no dividirnos», escribió Johnson en X. «Cada momento que dedicamos a convertir este desafío de seguridad común en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra colaboración y proteger a las personas a las que servimos».

La escalada retórica se produce en un momento crítico para ambos países, que el próximo mes iniciarán una revisión de su tratado de libre comercio con Canadá.

A lo largo de los años, los fiscales estadounidenses han presentado ocasionalmente casos de corrupción contra antiguos funcionarios mexicanos, entre ellos Genaro García Luna, un exministro de Seguridad que fue condenado a prisión en 2024 por aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa.

Pero apuntar a los líderes electos actuales es un enfoque nuevo —y más conflictivo—. Los miembros de la administración Trump insisten en que es necesario porque el tráfico de drogas depende en gran medida de los funcionarios que lo protegen.

En una reunión celebrada en mayo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, comunicó a Sheinbaum que la administración Trump espera que México envíe a Rocha Moya a Estados Unidos, según fuentes.

Sheinbaum afirmó que su administración decidirá el destino del gobernador basándose en su propia evaluación de su conducta, y advirtió a Mullin de que nuevas acusaciones estadounidenses contra líderes electos se considerarían una injerencia política en los asuntos de México.

Sheinbaum podría optar por procesar a Rocha Moya en México, lo que demostraría a su base electoral que se toma en serio la corrupción, pero que no está dispuesta a ceder ante la presión de Estados Unidos.

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses tienen pocas esperanzas de que Rocha Moya u otros políticos sean condenados en los tribunales mexicanos.

Ponen como ejemplo al exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Los Ángeles en 2020 acusado de tráfico de drogas por Estados Unidos y fue entregado a México después de que López Obrador se comprometiera a llevar a cabo una investigación. Menos de dos meses después, el Gobierno mexicano exoneró a Cienfuegos. Más tarde, López Obrador le concedió una de las más altas condecoraciones militares.

Trump ha convertido la lucha contra los cárteles de la droga latinoamericanos en una prioridad emblemática de su política exterior, adoptando un enfoque maximalista que ha incluido declarar a las bandas como organizaciones terroristas, volar en el mar presuntos barcos de narcotraficantes y autorizar ataques militares estadounidenses en Ecuador y Guatemala. Ha amenazado repetidamente con lanzar ataques contra objetivos de los cárteles en México, lo que, según Sheinbaum, México consideraría un acto de guerra. Denunció las revelaciones sobre la reciente participación de funcionarios de la CIA en una redada contra un laboratorio de drogas en el norte del estado de Chihuahua, afirmando que se trataba de una violación de la soberanía.

La cancelación de visados es una estrategia más discreta, pero potencialmente poderosa.

El año pasado, Reuters informó de que Estados Unidos había revocado, sin hacer mucho ruido, los visados de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, aunque pocos han confirmado públicamente que los hayan perdido. Una de las políticas que ha reconocido haber perdido su visado es la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado tener vínculos con el crimen organizado.

El Centro Nacional Antiterrorista de EE. UU. ha tomado la iniciativa en la cancelación de visados, según informaron fuentes al Times. El centro, que forma parte de la Dirección de Inteligencia Nacional, se centra ahora más en los cárteles que han sido designados como grupos terroristas y en los políticos que presuntamente colaboran con ellos que en posibles amenazas procedentes de Oriente Medio, según las fuentes.

Y recuperar un visado de turista cancelado es poco habitual y difícil, según personas familiarizadas con el proceso, especialmente si se sospecha que la persona tiene vínculos con grupos criminales o terroristas.

Pero fuentes familiarizadas con la nueva estrategia afirmaron que no todas las agencias policiales estadounidenses están de acuerdo con un mayor número de cancelaciones de visados, ya que, según ellas, esto puede interferir en ocasiones con las investigaciones criminales.

Dentro de la administración de Sheinbaum, la imputación de Rocha Moya ha dado lugar a un juego de adivinanzas lleno de inquietud sobre qué funcionarios mexicanos podrían ser los siguientes en ser imputados, según afirmaron personas familiarizadas con el asunto.

La persecución de los funcionarios se produce mientras Sheinbaum se encamina hacia las elecciones de mitad de mandato de 2027, en las que están en juego toda la Cámara Baja del Congreso mexicano —donde su partido ostenta actualmente la mayoría— y 17 gobernaciones estatales. Según los analistas políticos, debe elegir con cuidado a los candidatos a los que respalda, ya que promocionar a candidatos a gobernador que podrían acabar siendo objeto de investigación por parte de las fuerzas del orden estadounidenses podría sumir a las elecciones en el caos y poner en peligro la mayoría del partido.

Sheinbaum ha instado en privado a los miembros de su partido a dimitir si están involucrados en casos de corrupción. Públicamente, ha adoptado una postura desafiante ante las acusaciones estadounidenses de colusión generalizada entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. El martes respondió al embajador Johnson pidiéndole que se abstuviera de comentar sobre los asuntos internos de México. «Los asuntos de México son cosa de los mexicanos», afirmó.

Aristegui Noticias