Amir N y Juan Pablo N, quienes se ganaron un lugar para representar al Estado de México (Edomex) y a sus comunidades en las olimpiadas de lógico-matemáticas, que se celebrarán en Singapur, del 5 al 9 de julio de este año, solicitan apoyo económico a la gobernadora estatal Delfina Gómez Álvarez para cumplir su meta.

A través de un video difundido en redes sociales, estos jóvenes le recuerdan a la funcionaria el logro obtenido hace unos días. Sin embargo, debido a sus condiciones económicas, les es imposible obtener el recurso necesario para cubrir sus viáticos en esta aventura.

Durante la transmisión de este video, uno de los alumnos aprovecha para dirigirse a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mencionando que ella ha impulsado mucho el deporte, ya que también es maestra y conoce las necesidades y oportunidades para salir adelante, según declara Amir N en redes sociales.

Cabe recordar que Amir N es originario del municipio de Tecámac y Juan Pablo N de San Martín de las Pirámides. Ambos son estudiantes de la secundaria Colegio Xochicalli y ganadores de una medalla de bronce, lo que les garantizó su participación en el prestigioso concurso Singapore and Asian Schools Math Olympiad (SASMO) 2025.

¿Qué sentido tiene salir del clóset si el poder obliga a volver a él? Esa pregunta clave —incómoda pero urgente— recorre la realidad de las personas LGBTQ+ en el Estado de México, donde la discriminación es constante y el respaldo institucional apenas existe en el papel.

En el Estado de México, más del 37 por ciento de las personas LGBT+ ha sufrido discriminación en el último año, según cifras oficiales. Pero esa estadística, lejos de generar escándalo o acciones contundentes, parece diluirse entre discursos vacíos y actos simbólicos sin sustento. ¿Qué sentido tiene salir del clóset si el poder obliga a volver a él?

La entidad concentra casi medio millón de personas de la diversidad sexual, pero no cuenta con una política pública sólida que les respalde. En Nezahualcóyotl, el alcalde —el único abiertamente gay en funciones— presume logros como una tarjeta de servicios y una casa de asistencia, pero ambas iniciativas parecen más una estrategia de imagen que una política transformadora. No hay presupuesto serio, ni programas evaluables, ni continuidad. Solo arcoíris colgados en junio, mientras el resto del año reina el silencio.

El problema va más allá del desinterés político. El sistema judicial mismo contribuye a la discriminación. No existen jueces con capacitación en diversidad, ni policías con sensibilidad, ni ministerios públicos que comprendan que una agresión homofóbica es un crimen, no una riña más. Las leyes contra crímenes de odio están, sí, pero archivadas. La burocracia sigue tratándolos como incidentes menores, invisibilizando una violencia que cobra vidas.

Mientras tanto, las instituciones ondean banderas de colores como si eso bastara. La inclusión se vuelve pose. El cinismo institucional se toma fotos, pero no actúa. ¿Qué sentido tiene salir del clóset si la justicia te ignora?

La exclusión también afecta la salud. Casi el 50 por ciento de las personas LGBT+ en el Estado de México evita acudir a servicios públicos de salud, no por capricho, sino por temor: al rechazo, a los prejuicios, al maltrato. Uno de cada cuatro ha tenido pensamientos suicidas; uno de cada siete lo ha intentado. Y sin embargo, no hay una política estatal clara para atender su salud mental. No hay clínicas inclusivas, ni campañas informativas, ni personal capacitado. Junio se pinta de arcoíris, pero los centros de salud siguen grises de indiferencia.

En paralelo, la salida de Juvenal Vargas —controvertido exdirector de Educación Superior— marca un giro en la política interna. Aunque su renuncia fue silenciosa, su figura estuvo asociada al conflicto en la UAEMEX. Su salida podría leerse como un intento por recomponer caminos. Pero es solo un cambio de rostro: las estructuras siguen intactas.

Y si hablamos de estructuras inútiles, la Coordinación de Asuntos Internacionales del Estado de México se lleva una mención especial. Ante las redadas migratorias y los disturbios que afectan a más de un millón de mexiquenses en Estados Unidos., esta oficina permanece muda. No gestiona, responde o representa. Su utilidad es tan decorativa como indignante.

¿Qué sentido tiene salir del clóset si el poder te exige fingir que no existes? La respuesta, quizás, está en transformar el clóset en trinchera, y la resistencia, en agenda. Porque lo simbólico no basta: la dignidad exige políticas reales.

Héctor Macedo García tiene 50 años y desde hace 32 labora en el Poder Judicial donde inició como Técnico Judicial a los 18 años, luego fue secretario judicial en 1997 y proyectista de 1998 al 2001, cuando ascendió a juez de cuantía menor y en 2012 a juez de primera instancia.

Del 2006 al 2008 fue secretario general de acuerdos y nuevamente fue juez de 2008 al 2019, año en el cual asumió la magistratura en la Sala Civil de Texcoco, cargo ganado por oposición y confirmada en 2025.

El largo camino que ha recorrido en el Poder Judicial le ha permitido tejer lazos con gran parte del personal del Tribunal, por ello en enero de 2025 estuvo a punto de registrarse como candidato a la presidencia, pero finalmente se decidió a salir a las calles a pedir el voto y medir su nivel de aceptación entre la gente.

En el PJEM ha logrado conformar un grupo de jueces, juezas y magistrados que lo siguen como mentor. La mayoría son personas que toda su vida la han dedicado a trabajar en el Poder Judicial.

Formación académica

Es doctor en Cultura de Derechos Humanos por el Centro de Estudios Columbia de la Ciudad de México, su maestría fue en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, donde además cursó la licenciatura en Derecho, con especialidad en Derecho Procesal.

En su formación académica destacan cursos, diplomados y seminarios, entre ellos:

Derecho Internacional

Privado y Familiar

Custodia compartida

Difusión del Código de Procedimientos Penales del Estado de México

Perspectiva de Género en la Justicia

Buenas Prácticas de las Familias

Juicio Oral en Materia Familiar

Poder Judicial y Juicios Orales

Derecho Familiar

Argumentación Jurídica

¿Qué propone para el PJEM?

Su visión acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia son de un sistema judicial lejano, con procesos largos, burocracia, corrupción; en lugar de una justicia cercana, rápida, sin barreras, donde se privilegie el Derecho y no sea un privilegio.

Considera necesario y urgente modernizar los procesos, hacerlos claros, erradicar la corrupción con transparencia, capacitar a jueces y servidores públicos, aplicar la ley con ética y responsabilidad, resolver los conflictos con perspectiva de derechos humanos, proteger a los más vulnerables y asegurar que los juicios no sean eternos.

Que la gente entienda y confíe en la justicia, que ésta actúe con independencia, compromiso social; justicia para niños, mujeres, pueblos indígenas y una justicia con rostro humano, donde la alternativa sea la mediación y la conciliación.

Propuso municipalizar los juzgados para acercar el servicio a cada comunidad, llevar a cabo procesos más rápidos, reducir la burocracia y enfocar los recursos en mejorar los juzgados civiles, penales y familiares; una justicia clara, accesible, sin trabas, humana, donde se reorganice el sistema judicial, con una escuela judicial que sirva para capacitar a policías, ministerios públicos y defensores.