La elección judicial, celebrada el domingo primero de junio, dejó entre ver cómo estará conformado el llamado nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), entre los que destacan los perfiles que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Uno de los nuevos perfiles que podrían integrar el pleno de la Corte es el de Sara Irene Herrerías. Aquí te decimos quién es la virtual ganadora. 

Sara Irene Herrerías es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como doctora en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Hasta antes de posicionarse como virtual ganadora de las elecciones, se desempeñaba como fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Su carrera profesional inició a principios de los años 90, cuando fue proyectista de sentencias en el Juzgado Trigésimo Penal.

Posteriormente, fue secretaria proyectista de sala penal en el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. También fue directora general del programa de igualdad entre mujeres y hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el 2009, fue nombrada fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Además, fue procuradora social para la atención a las víctimas de delitos, asesora de la Oficial Mayor de la PGR, titular de la unidad para la defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y subprocuradora de derechos humanos, prevención del delito y servicios a la comunidad de la PGR.

Otros de sus trabajos fueron como profesora investigadora asociada “A” en el Inacipe, además de asesora jurídica de la organización Humanos del mundo contra Sida y de Gis Sida.

En su perfil de candidata declaró que quería ser ministra para que la justicia sea confiable, entendible y contribuya a la justicia social, para que todas las personas sean oídas.

Entre sus propuestas está actuar para proteger al pueblo, aplicar las leyes dictadas por los representantes populares y no construir reglas basadas en su criterio.

También utilizar lenguaje accesible y dejar claro que el Poder Legislativo plasma los valores de la sociedad en leyes y la realidad social determina el sistema jurídico y no al revés.

Declaró que las sentencias deben ser claras y accesibles para las personas que van dirigidas, porque son manifestaciones vivas de los valores de una sociedad.

También explicó que ninguna formalidad acredita la falta de justicia pronta y expedita.

Además, señaló que retrasar la solución apegada a las leyes dictadas por los representantes populares y los hechos probados, por tecnicismos y formalismos, prolongando las controversias, tiene un costo altísimo para la sociedad y las partes.

Sobre el trabajo de los juzgadores, Herrerías comentó que la justicia debe ser ágil, confiable, humana y restaurativa.

Mientras que sobre la visión que tiene de la impartición de justicia explicó que desde su experiencia ha aprendido la importancia de atender las causas y consecuencias de los conflictos; abordarlos con sensibilidad y eficacia, atender la versión de las personas involucradas y tomar en cuenta las consecuencias que tendrá la resolución.

En el periodo que fue candidata, aseguró que solo hacía campaña por las noches y los fines de semana, debido a que tiene en sus manos diversas investigaciones, como la desaparición de personas.

Y mencionó que buscará llevar toda la experiencia que ha tenido durante su carrera, desde la prevención, investigación e impartición de justicia.

En sus declaraciones ha señalado que el delito de desaparición es el “más terrible” para cualquier familia y por eso es necesario que haya empatía por parte de los funcionarios que tienen a su cargo este tipo de casos.

María Estela Ríos es una de las personas perfiladas como nuevas integrantes de la Suprema Corte. Es identificada por su cercanía con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y por tener una carrera profesional siempre cercana a las corrientes de izquierda.

Es licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Políticas, ambos grados por la UNAM.

En su carrera profesional fue abogada litigante en derecho laboral, principalmente en defensa y asesoría de sindicatos y trabajadores.

Fue profesora interina de la UAM y presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. También fue miembro del Comité ejecutivo de la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras.

En el sexenio de López Obrador como jefe de Gobierno, fungió como su consejera jurídica, lapso en el que se reconoció la capacidad del tabasqueño para interponer controversias constitucionales, como la que se presentó sobre el horario de verano.

En este periodo, también se inició el mejoramiento del Registro Civil con la incorporación de un sistema informático creado ex profeso por el área de informática del gobierno y se hizo la defensa del patrimonio del entonces Distrito Federal.

En 2018, cuando López Obrador se convirtió en presidente, Ríos se convirtió en directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, cargo en el que estableció criterios y procedimientos respecto de los terrenos nacionales; agilizó los procedimientos y brindó certeza jurídica a los solicitantes de servicios de la dirección.

Trabajó en la entrega formal y material de tierras a ejidos que se encontraba pendiente y en el plan para recuperación de las tierras del Pueblo Yaqui en Sonora.

Durante los últimos tres años de ese gobierno, fue consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en donde estuvo a cargo de la elaboración de iniciativas de leyes y reformas constitucionales del Ejecutivo Federal, de decretos expropiatorios y declaratorias de Áreas Naturales Protegidas; acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Actualmente, es directora general de Derecho Parlamentario Comparado y Sistematización Jurídica, en el Instituto Belisario Domínguez del Senado.

En su perfil de candidata, explicó que quiere llegar al máximo tribunal porque está comprometida con la impartición de justicia para los habitantes de este país.

Sus propuestas se centraron en que las resoluciones judiciales sean claras, sencillas, y precisas para que su comprensión esté al alcance de todos y puedan cumplir los derechos y obligaciones que emanan de estas resoluciones.

También destacó promover la agilización de los procedimientos administrativos y judiciales en la SCJN, para hacer posible, tanto para quienes prestan un servicio público o ejercen la función jurisdiccional, como para los destinatarios de esos servicios y funciones, disponer de un tiempo de vida que solo a ellos les pertenece, a la par que se les dará plena certeza jurídica.

Ríos se comprometió a combatir la corrupción y la impunidad, y a hacer efectiva una justicia pronta, completa, imparcial y expedita, sin favorecer intereses ajenos o de personas influyentes, por lo que no se agilizará ni retrasará la justicia en perjuicio de nadie.

Sobre su visión de la función jurisdiccional, explicó que esto implica apegarse al sistema de leyes para dar certeza sobre los derechos y obligaciones de cada persona física o jurídica según la función social que desempeñe; por tanto, debe realizarse de forma objetiva, racional e imparcial en la que prevalezca la justicia cuando haya un conflicto de esta con el derecho.

Y destacó que impartir justicia es lograr el equilibrio entre los intereses en conflicto de las diversas fuerzas sociales actuantes en un determinado sistema económico, jurídico y social, y de forma armónica que haga eficaz el derecho fundamental de todo ser humano a una vida digna con el pleno desarrollo de sus potencialidades.

La elección judicial no sólo representa un cambio en la forma cómo se elegirán a los jueces, ministros y magistrados; sino también en la estructura de las instituciones que conforman al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Como muestra de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pasó de tener 11 ministros a sólo nueve, y entre ellos  Irving Espinosa Betanzo es uno de los virtuales ganadores. Aquí te decimos quién es.

Espinosa Betanzo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, es especialista en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal.

Cuenta con una maestría en Derecho en la UNAM y otra en Gestión Pública para la Buena Administración en la escuela donde estudió dicha carrera.

También realizó un doctorado en Administración Pública, en el Instituto Nacional de Administración Pública A.C. (INAP), aunque está en proceso su título.

En cuanto a su currículum profesional, el nuevo ministro virtual destaca que, desde 2019, formó parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Se ha desempeñado como magistrado de la Sección Especializada, en materia de responsabilidades Administrativas (anticorrupción) de la sala superior.

Hasta antes de la elección judicial, se desempeñó como presidente de la Sección Especializada, en Materia de Responsabilidades Administrativas, de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

También trabajó en la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, siendo subprocurador jurídico de planeación, coordinación interinstitucional y de derechos humanos.

Propuestas de campaña: ¿Cómo fue?

Materia: combate de corrupción

Durante su campaña, el virtual ministro propuso garantizar el acceso a la información, principalmente de forma proactiva, para generar confianza en las personas a través de la atención efectiva, sencilla, pronta y clara de sus cuestionamientos.

Además, de rendir cuentas a la ciudadanía a través de los informes de labores. Colaborar y facilitar la actividad de las autoridades encargadas de investigar y sancionar los actos de corrupción que cometa el personal del Poder Judicial, incluidos los de la propia Corte.

También ha manifestado que se debe juzgar con valores, no con favores.

“Los principios deben guiar la actuación de las personas juzgadoras, por ello deben actuar con honestidad, combatir la corrupción y la impunidad. La función jurisdiccional debe ejercerse con pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana, con profundo amor al pueblo y libre de influencias, privilegios y discriminación; consciente de que las decisiones trascienden en la vida de las personas y de nuestro pueblo”.

En su visión de la impartición de justicia refirió:

“La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia y el progreso sin justicia es retroceso. La justicia tiene que estar al servicio del pueblo, no del mejor postor”.

“No llegar para solo ocupar cargos públicos, sino para transformar al país en beneficio de todas y todos, pero en principio de los más débiles. Privilegiar el interés colectivo sobre el interés particular. Recuperar la confianza de la ciudadanía en las personas juzgadoras, pero principalmente en la justicia mexicana”.

Entre sus principales propuestas destaca el combate a la corrupción, garantizar el acceso a la información, principalmente de forma proactiva, para generar confianza en las personas a través de la atención efectiva, sencilla, pronta y clara de sus cuestionamientos.

Propuso establecer un programa de capacitación constante y permanente en la materia para todo el personal, de tal suerte que no sólo le sirva para realizar la labor jurisdiccional, sino para que le sea útil en su vida cotidiana.

En el caso del personal jurisdiccional, difundir y profundizar en el estudio y aplicación de los diversos protocolos de actuación para quienes imparten justicia, a fin de que todas las personas accedan a la justicia.

De igual manera, resalta la importancia de una cercanía con la ciudadanía.

“Las oficinas de la Corte deben ser de puertas abiertas, para que ello ocurra no solo basta dar una orden. Es necesario capacitar a todo el personal en la atención al público, de tal forma que cualquier persona que acuda sea atendida con dignidad y respeto. Eliminar el formalismo sin que ello implique perder calidad en el estudio y resolución de casos, incorporando el formato de lectura fácil. Usar las redes sociales como vías de comunicación directa con las personas”.

Loretta Ortiz Ahlf es ministra de la Suprema Corte y se perfila a seguir en el cargo tras someterlo a la votación del 1 de junio.

Dentro de estos nueve, según el avance de los conteos, estaría Loretta Ortiz Ahlf, quien asumiría y continuaría con su cargo de ministra en la Suprema Corte durante los próximos 12 años.

Loretta Ortiz, de 70 años, nació el 24 de febrero de 1955.

Ortiz es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 12 de diciembre de 2021, propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y adscrita a la Segunda Sala (Administrativa y de Trabajo).

Loretta Ortiz es egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España.

Además, Ortiz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III.

La ministra también fue directora y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

A nivel nacional ha impartido cátedra en la Universidad Panamericana, en el Instituto Matías Romero y en la Escuela Libre de Derecho.

Cabe destacar que a nivel internacional ha sido docente de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda.

Ahlf cuenta con diversas publicaciones en materia de derecho internacional y derechos humanos, destacando los títulos:

Derecho Internacional Público.

Régimen Interno e Internacional de los Tratados.

Las Tres Vertientes de la Protección de los Derechos de la Persona Humana.

La ministra también se desempeñó como:

Asesora del Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México.

Directora Jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Consejera Legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del TLCAN.

Consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Diputada Federal.

Integrante del Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México.

Consejera de la Judicatura Federal.

También ha sido consejera de la Judicatura Federal y representante del Poder Judicial de la Federación ante el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y ante la Comisión Intersecretarial en Materia de Trata de Personas.

La ministra Ahlf tiene ocho libros publicados entre los que destacan:

Guardia Nacional y Derechos Humanos.

La Industria Eléctrica en México y el Acceso a la Energía Eléctrica como Derecho Humano.

Cuarta edición ampliada del Libro Derecho Internacional Público, entre otros.

¿Cuál es el objetivo de Ahlf?

En su perfil de candidata, ahora ministra Loretta Ortiz Ahlf, informó que aspiraba seguir en el cargo para trabajar por el pueblo de México con honestidad y preparación.

Además explicaba que desde su visión, la impartición de justicia bajo este nuevo modelo implica un replanteamiento de las obligaciones del Poder Judicial.

Lo anterior se refiere a que exige que las personas juzgadoras interpreten la Constitución y los derechos humanos como herramientas vivas, que respondan al dolor que enfrenta nuestro país debido a la pobreza, la discriminación y las distintas clases de violencia, sobre todo la de género.

Entre sus propuestas están que las resoluciones de la Corte tengan un impacto social y para ello impulsaría un mecanismo que permita tanto identificar como atraer asuntos que sean de especial importancia para el pueblo de México, asimismo, que versen sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además de maximizar el derecho de participación social con una perspectiva de acceso a la justicia, la inclusión y la igualdad de trato, lo que sería fundamental para la democratización del Poder Judicial.

Finalmente, el trabajo en territorio, lo que significa salir del Zócalo de la Ciudad de México para atender audiencias en distintos municipios y localidades del país, conforme a un plan de trabajo y calendarización.

Lo cual, contribuiría a la proximidad social y a la contextualización de las problemáticas locales, además de escuchar a quienes son partes en los asuntos.

En sus posturas políticas se ha pronunciado en contra de la prisión preventiva oficiosa y a favor de la despenalización del aborto.

La ministra se ha declarado fundadora de Morena y cercana al ex presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

Una de las sorpresas de la elección judicial fue definir a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia mediante voto pupular.

¿Quién es Aristides Rodrigo Guerrero García?

Es Doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM

Cuenta con una Maestría en Derecho, una especialidad en Derecho Constitucional. También con un Máster en Derecho Parlamentario y Elecciones.

Manifestó tener un curso avanzado sobre Protección de Datos Personales y un Curso Metodología de la Comparación Jurídica por la Universidad de Bolonia, Italia.

Ha laborado como comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

También como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

Titular de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Asesor en la ponencia del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Coordinador de Difusión y Publicación en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. 

Secretario Auxiliar en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. 

Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Asesor en el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Propuso una justicia cercana y transparente. Dijo que la Suprema Corte debe salir de sus oficinas y acercarse al pueblo. 

Propuso la creación de la Corte Itinerante, llevando sesiones públicas a universidades, plazas y comunidades marginadas. 

Además, mencionó que su meta es impulsar el derecho a entender el Derecho, garantizando que las sentencias sean claras, sin tecnicismos innecesarios, accesibles en lenguas indígenas y formatos inclusivos, fomentando así la confianza y el acceso equitativo a la justicia.

Uno de los puntos más importantes para Guerrero García es la modernización del sistema judicial, pues es la clave de una impartición de justucia más ágil. 

 “Implementaré el ecosistema, un sistema de inteligencia artificial para agilizar la redacción de sentencias, reducir tiempos y garantizar coherencia en los criterios judiciales”.

Insiste que la impartición de justicia debe ser cercana, incluyente y accesible, sin barreras estructurales, reales o simbólicas.

“Debe garantizar transparencia y rendición de cuentas, generando sentencias claras y comprensibles para todas las personas. La justicia no puede ser impartida desde el velo y privilegio del escritorio; debe responder a las demandas sociales, fortaleciendo la confianza en las instituciones y promoviendo la igualdad”.

“La justicia debe proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad. Impulsaré la emisión de sentencias en lengua indígena, lectura fácil, braille y audio, asegurando accesibilidad para todas las personas. Además, fortaleceré la presencia de intérpretes y asesores especializados en los procesos judiciales, garantizando que las personas indígenas, con discapacidad y de comunidades marginadas, reciban un trato equitativo y digno”.

Tras las elecciones del domingo 1 de junio, la integración actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantendrá hasta el 31 de agosto de 2025.

Para el lunes 1de septiembre, los candidatos que se van perfilando como ganadores tomarán su cargo dentro de la nueva Corte. 

En la primera elección judicial, Lenia Batres Guadarrama se perfila para continuar como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues ella decidió participar en el proceso.

La abogada y política —quien es ministra en funciones— formará parte de la reconfiguración del Poder Judicial de la Federación (PJF), a partir de la reforma promulgada en 2024.

Batres Guadarrama proviene de una dinastía afín a la ideología de izquierda. Sus hermanos, Martí Batres, actual titular del ISSSTE, y Valentina Batres, ex diputada local de la Ciudad de México, han apoyado a sentar las bases de Morena y la llamada cuarta transformación.

En 2023, Lenia Batres fue propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de la terna para elegir a la figura que sustituiría a Arturo Zaldívar tras su renuncia como ministro de la Corte.

Aquella terna fue conformada también María Estela Ríos y Bertha Alcalde Luján, ambas cercanas al oficialismo, sin embargo, Batres Guadarrama fue designada por el titular del Ejecutivo para un periodo de 15 años, pero con la reforma judicial, su encargo ahora será de nueve años.

Lenia Batres es licenciada, maestra y doctora en Derecho. Cuenta con diplomados en Derecho Urbanístico, Electoral, Parlamentario, Ciencia Política y Seguridad Pública.

Su carrera pública inició a finales de los años 90 cuando fue diputada federal en la LVII legislatura.

De 2000 a 2002 fue directora general Jurídica y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc en el entonces Distrito Federal.

De 2002 a 2004 fungió como asesora de Andrés Manuel López Obrador cuando era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

De 2004 a 2006 fue directora general de Regulación al Transporte en la Secretaría de Transportes y Vialidad.

De 2015 a 2018 participó como asesora de la Jefa Delegacional de Tlalpan, con la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, trabajó como asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda entre 2019 y 2021.​

En su perfil de candidata, Batres Guadarrama expuso que deseaba ocupar el cargo de ministra para servir al pueblo, ya que el servicio público debe solucionar los problemas que impiden el ejercicio de derechos.

Tres ejes principales:

Justicia social. Nadie puede ejercer derechos y libertades individuales si no tiene resueltas sus necesidades básicas. El Poder Judicial debe contribuir a combatir la principal injusticia de la sociedad: la desigualdad.

Acceso a la justicia. Organización de defensorías públicas, comisiones de derechos humanos y procuradurías en la defensa y representación de la ciudadanía en general para garantizar que toda persona tenga la posibilidad de denunciar o defenderse en juicio.

Austeridad. Priorizar el uso del presupuesto en el adecuado servicio de justicia, tanto en infraestructura para atender al público, como en el desarrollo de instrumentos que faciliten su acceso. Erradicar abusos y privilegios para titulares y alta burocracia.

Este martes 3 de junio el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó su avance de los cómputos tras el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEE PJF), realizado a nivel nacional el pasado domingo 1 de junio.

El inédito proceso sobre el que se informó representó la primera vez en que los mexicanos eligieron directamente a integrantes del poder judicial, entre ellos a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); en total se sometieron al voto 881 cargos de entre 3,422 candidatos.

En el primer informe, realizado el mismo 1 de junio a las 23:00 horas de la noche, el INE adelantó una participación ciudadana de entre el 12.57 y el 13.32% de los 100 millones de votantes que tiene el padrón electoral; el intervalo de abstención por su parte podría ir del 86.2 al 87.4% de la lista nominal de electores.

Tras ese primer anuncio, hoy, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, dio a conocer los avances de los conteos hasta la fecha en las 300 sedes distritales donde se realiza el escrutinio y cómputo para la carga de los votos de cada paquete electoral.

Como contexto para entender los tiempos de anuncio de resultados, explicó que en este proceso una persona no representa un voto, sino 39, por lo que la captura sería, con base en la participación, de 117 millones de votos y “decisiones individuales”. En un escenario de marcaje global, destacó que el resultado sería la captura de 507 millones de votos.

“La diferencia del presente es más de 2 a 1, estamos realmente ante la elección más grande de nuestra historia”, aseveró Taddei, comparando la elección del domingo con lo realizado en 2024, cuando se eligieron diferentes cargos públicos, incluyendo la presidencia ahora en manos de Claudia Sheinbaum Pardo.

En cuanto a la jerarquía de cómputo, informó que en principio está la SCJN, le siguen el Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, las salas regionales y se termina con las magistraturas de circuitos judiciales por distrito electoral, y juezas y jueces de distrito.

Una vez que termina el cómputo de una categoría, se pasa a la siguiente inmediatamente, por lo que, al momento del informe en punto de las 13:00 horas, se tenía un corte del 91% de avance en los cómputos.

Con este porcentaje, el INE informó la distribución que se tiene para la Suprema Corte de Justicia:

En mujeres SCJN

Lenia Batres Guadarrama: 5 millones 30 mil 281 votos

Yasmín Esquivel Mossa: 4 millones 484 mil 299 votos

Loretta Ortiz Ahlf: 4 millones 291 mil 109 votos

María Estela Ríos: 4 milones 24 mil 228 votos

Sara Irene Herrerías Guerra: 2 millones 713 mil 493 votos

En hombres SCJN

Hugo Aguilar Ortíz: 5 millones 295 mil 364 votos

Giovanni Figueroa: 3 millones 57 mil 12 votos

Irving Espinosa Betanzo: 2 millones 956 mil 378 votos

Aristides Rodrigo Guerrero: 2 millones 935 mil 363 votos

Aun así, la presidenta que en este momento “nada es todavía definitivo” pese a los comentarios y previsiones de especialistas que se adelantan a dar resultados.

Por otro lado, anunció que el 15 de junio se declarará la validez de las elecciones, se entregarán constancias de mayoría, y asignación a las candidaturas que resultaron ganadoras; ese día se publicarán oficialmente los resultados finales.

En cuánto a las polémicas que han surgido en torno a cómo se asignará la presidencia de la Corte, destacó Taddei que el artículo 94 es “muy claro”, en que solo la asignación de cargos inicia con mujeres, por eso serán 5 y 4 hombres, pero eso no significa que en la presidencia se establezca que también se inicie con mujer: “la reforma quedó clarísima en decir que la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros dos años”, por lo que la paridad de género no jugará un papel clave en la designación.

No hay lugar a dudas, cuando el cómputo finalice […] habremos de otorgar la constancia de mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas.

Bajo este parámetro y a falta de contabilizar votos, el presidente de la Corte sería Hugo Aguilar Ortíz.

Sobre si considera que sea un “problema” entregar los avances al 91% y no esperar al 100%, explicó que “no hay ningún problema en estar entregando esta información”, justificando que brinda certeza y es únicamente un reflejo del cómputo que puede seguirse abiertamente de forma virtual.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre si considera que se entrará en una “crisis por electoral”, Taddei afirmó que no lo ve y que, aunque habrá anuncios “de que habrá solicitudes de anulación”, se hará el trámite, pero “no veo ninguna crisis postelectoral”.

En cuanto su opinión si desde Palacio Nacional se presiona para dar mayor peso a una candidatura para la presidencia de la Corte, especialmente en favor de la mujer más votada (Batres), Taddei fue clara al decir que el INE actuará con independencia y con base en lo que establece la Constitución mexicana: “quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas”.

Al ser cuestionada sobre los bajos niveles de participación ciudadana, la presidenta del INE recordó que en sus inicios, para la primera elección en México, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) tuvo una participación “muy baja” porque la población “no confiaba todavía que fuera un instrumento correcto, transparente, abierto, justo”, pero que tras un trabajo importante de campañas de educación, se ha llegado a la participación actual, como la que se vio en las elecciones federales de 2024.

Bajo esta premisa, destacó que “llevó años construirlo”, considerando que en el caso de la elección judicial hay “un fenómeno muy parecido”.

De cara a los siguientes proceso, aseguró que se deberá reflexionar sobre como convocar con más ahínco a la población, pero pese a todo, destacó que “el INE lo hizo y lo hizo muy bien”.

Por otro lado, atendió el tema de las boletas en blanco que se han registrado, y destacó que esto será algo interesante de revisar, ya que podría ser un indicador de la complejidad del proceso, especialmente en temas de tiempo, estudio y trabajo previo para poder votar una selección de entre decenas de candidaturas.

Toda esa información, de cara a los siguientes procesos, será clave para mejorar la participación, recalcó.

En México, 83 por ciento de los conductores señala que a menudo se distraen con sus dispositivos móviles personales en el último año, de acuerdo con un estudio realizado por Samsara.

La firma dedicada a operaciones conectadas señala en su reporte “Al volante: la Conducción Distraída en las Operaciones Físicas», para 33 por ciento de los conductores hacer llamadas es el principal distractor, seguido de checar las redes sociales para 29 por ciento de ellos.

La empresa detalló que este reporte se basa en la experiencia de mil 550 conductores comerciales de siete países, incluidos 150 en México, para identificar el origen de la conducción distraída y las soluciones prácticas que necesitan los conductores.

Destacó que en México, 99 por ciento de los automovilistas experimentaron personalmente los efectos negativos de este comportamiento riesgoso.

Por ejemplo, daños al vehículo en 45 por ciento de ellos, lesiones personales para 39 por ciento y problemas legales o demandas en 38 por ciento.

Sin embargo, destacó que no todo se reduce al uso personal del teléfono celular, ya que 71 por ciento necesita usar esta u otra tecnología para tareas laborales mientras conduce.

Destacó que los conductores informan que las tres principales formas en las que las empresas pueden ayudarles a reducir el uso de dispositivos móviles para actividades relacionadas con el trabajo mientras se encuentran en la carretera.

Entre ellas, la implementación de políticas que restrinjan el uso del teléfono personal durante las horas de trabajo para 48 por ciento de los encuestados.

Otros políticas ideales para los conductores son aquellas que prioricen la seguridad sobre la velocidad de 43 por ciento, así como sistemas de comunicación mejorados y 42 por ciento.

Estos hallazgos muestran las realidades a las que se enfrentan los conductores y refuerzan la necesidad de contar con tecnología de apoyo y medidas de seguridad sólidas, que los mantengan conectados al trabajo a la vez que reducen las distracciones.

Desde que inició la primavera, uno de los temas de conversación más frecuentes entre la población es el calor extremo que se siente en gran parte del territorio nacional; sin embargo, este fenómeno natral parece no ceder, en especial cuando la canícula está cerca.

Probablemente el nombre no te de una idea de qué es y cómo nos afecta. Para entenderlo mejor, basta decir que la canícula es nada menos que un fenómeno climático que se presenta cada año en diversas regiones de México y su principal característica es que se trata de un periodo de disminución temporal de las lluvias y un aumento significativo de las temperaturas.

Aunque la temporada de lluvias y ciclones tropicales se pronosticó a partir del 15 de mayo, las autoridades meteorológicas recordaron que hay un periodo en el que éste cede y se registra un aumento en el termómetro, es decir, el arribo de la canícula que dura de 20 a 40 días y que incluso, llega a hacernos sudar tanto dado que en varias partes del país el calor es de hasta 45 grados centígrados.

Su nombre, en tanto, proviene del latín «canes» (perros) y se asocia con la constelación del Can Mayor y su estrella Sirio, que en la antigüedad coincidía con un periodo de calor intenso.

¿Cuándo empieza la canícula en México?

En entrevista, el M. en C. Fabián Vázquez Romaña, quine funge como coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no solo explicó lo relacionado con la temporada de ciclones tropicales, sino que además adelantó la posible fecha de inicio de la canícula o bien, el periodo de calor más fuerte que atravesara México a lo largo de este 2025.

Sobre las lluvias, el experto adelantó que: «el pico de la temporada (de lluvias) son los meses de agosto, septiembre y octubre, pero más que nada agosto y septiembre; son los dos meses que digamos, año con año, van compitiendo entre sí para saber cuál es donde se tiene la mayor lámina de precipitación acumulada a nivel nacional, es decir, son los meses más lluviosos».

No obstante, antes de que los meses más lluviosos se registren en el país, será necesario prepararnos para un calor intenso correspondiente a la canícula.

«El centro de México, el sur, la península de Yucatán, van a empezar seguramente con precipitaciones en el mes de mayo como lo estamos pronosticando y a partir de junio ya vemos que comienzan las lluvias en el noroeste de México, que es la parte de Sonora, de Chihuahua, Sinaloa Durango; y en julio estamos esperando que llegue la canícula, que ahí es cuando deja de llover un poco. Hay una disminución en la cantidad de lluvia y las temperaturas se sienten mucho más elevadas porque hay un gran contenido de de humedad relativa», dijo Vázquez Romaña a este medio.

¿Hay una fecha exacta en que comience la canícula?

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional recordó que todo se trata de pronósticos que nos ayudan a poder hacernos a la idea de cómo será el panorama en cuanto al clima se refiere. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), adelantó que será a partir del 3 de julio y hasta mediados del mes de agosto cuando la canícula se haga presente.

¿Cuáles serán los estados más afectados?

Es importante resaltar que la canícula se siente en todo el territorio nacional; no obstante, hay entidades donde el termómetro alcanza temperaturas más altas en comparación con otros estados de la República. Aquellos que puden hacerle frente a 40 a 45 grados son:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Hidalgo

Morelos

Tlaxcala

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

¿Qué hacer para evitar afectaciones por la canícula?

Con el fin de proteger a la población, se lanzaron una serie de recomendaciones para evitar que las altas temperaturas afecten la salud, en especial de quienes radian en los estados donde el aumento del clima se sienta con más potencia. Estas son:

Mantente hidratado; bebe agua aunque no sientas sed.

Evita la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y 17:00 horas.

Usa ropa ligera y de colores claros.

Protege a los grupos de riesgo (menores de edad y adultos mayores) de un golpe de calor.

Mantente alerta a los avisos de autoridades oficiales sobre el cambio de clima.