Compañeros de los cinco universitarios de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC) Campus 4, que fallecieron al caer el automóvil en el que viajaban a las aguas residuales del Colector Emisor Poniente, montaron un altar para despedirlos y recordarlos.

En el altar, en memoria de Carlos Tadeo Salazar Murillo, Daniel Elías Gil Rodríguez, Emilio Daniel Pacheco García, Jonathan Ignacio de la Cruz Vite y José Alberto Espinosa Aranda, sus compañeros, como una muestra de cariño y respeto, colocaron veladoras, flores y fotografías.

Este jueves, estudiantes, profesores y personal administrativo de la FESC se reunieron en la explanada del plantel para dar el último adiós a los 5 estudiantes que cursaban los últimos semestres de Medicina Veterinaria Zootecnista.

Durante el homenaje tocó la banda escolar y se llevó a cabo el último pase de lista para recordar  a los universitarios; sus compañeros les dejaron cartas.

Personal docente, amigos y compañeros les dedicaron unas palabras. “Hemos perdido compañeros valiosos, y aunque su ausencia nos llena de tristeza, hoy queremos recordar quienes fueron y lo que significaron para todos nosotros”, pronunció uno de los profesores.

“Estamos unidos en el dolor, pero también en el recuerdo y el respeto. Hoy no solo nos despedimos, también les agradecemos por haber sido parte de nuestra historia, por lo que compartieron, por lo que nos enseñaron, su memoria permanecerá viva en nuestros salones y, sobre todo, en cada uno de nosotros”, son algunas de las palabras que se les dedicaron el homenaje.

Mediante las redes sociales, “Fanny” compartió el mensaje: “No murieron, los asesinaron, entre ellos mi sobrino, hay testigos que vieron cómo el camión de las tarimas los chocó y los aventó al canal. Es injusto que digan mentiras”.

De acuerdo con el colectivo Xochitla Vive, el Consejo de Representantes Estudiantiles de la FESC ha solicitado a la dirección de la institución proteger la integridad de los estudiantes en los alrededores, ya que, señalan, han sido invadidos de manera desordenada por empresas de transporte pesado, además de la proliferación de centros de consumo (bebidas embriagantes) en las cercanías de la institución.

Otros de los comentarios compartidos acusan que el plantel se encuentra “a un lado de un canal de aguas negras, en medio de un pueblo abandonado, en una vía de transportes de carga pesada, sin carriles para alumnos, ni senderos para caminar”.

Una camioneta ligada a los presuntos asesinos de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue captada circulando por el municipio de Tonanitla, Estado de México, con dirección al AIFA.

De acuerdo con las investigaciones, los responsables utilizaron una camioneta blanca, como tercer vehículo, para escapar de los arcos de seguridad que se implementaron en la capital del país tras el crimen de ambos funcionarios.

A través de monitoreos realizados en el Valle de México, las autoridades ubicaron la unidad sobre el Circuito Exterior Mexiquense con dirección hacia el municipio de Tonanitla, cercano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Según las indagatorias, tras cometer el crimen los presuntos responsables realizaron dos cambios de vehículo que más tarde abandonaron. Luego siguieron su trayecto con dirección al oriente del Estado de México, desde donde ingresaron a la vía de cuota.

Tras los hechos, les autoridades han desplegando un fuerte operativo de seguridad en tierra y de forma virtual en las inmediaciones del AIFA, así como en entidades vecinas como, Estado de México, Hidalgo y Querétaro.

Ayer, autoridades capitalinas informaron sobre la identificación de cuatro personas presuntamente involucradas con el homicidio; un agresor directo, así como tres sujetos que facilitaron la logística de la huida.

Presuntamente, el grupo utilizó una motocicleta y dos vehículos, con alteraciones en sus números de serie y con reporte de robo, para escapar de la zona del ataque.

El mensaje fue encabezado por los titulares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

En el sitio del ataque se encontraron 8 casquillos, calibre 9 milímetros, y se confirmó que el arma utilizada no está vinculada, hasta el momento, con otros delitos.

Informaron, que según los indicios apuntan a un ataque directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa.

Un individuo identificado como César Gabriel Acosta Gonzaga fue sentenciado a 18 años y 9 meses de prisión, después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su responsabilidad en el delito de trata de personas, en la modalidad de trabajos forzados, con las agravantes de utilizarse la violencia y que sea cometido en agravio de un menor de edad.

Las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por el Agente del Ministerio Público, fueron determinantes para que la Autoridad Judicial emitiera esta condena contra el responsable, además le fijó multa de 2 millones 085 mil 120 pesos y como reparación del daño la cantidad de 137 mil 696 pesos.

Las indagatorias de la Fiscalía estatal precisaron que, a partir del mes de diciembre del año 2015, el ahora sentenciado trasladó y obligó a un niño de entonces 7 años de edad a comercializar rosas y chocolates en diversos establecimientos de los municipios de Cuautitlán, Tultitlán y Tultepec. El dinero obtenido por las ventas debía entregarlo a César Gabriel Acosta Gonzaga.

En caso de que la víctima se negara a llevar a cabo esta actividad o no reuniera la cantidad de 4 mil 500 pesos diarios, era agredido físicamente por el implicado.

Esta situación finalizó en junio del año 2020, cuando la víctima fue rescatada por elementos de la Policía Municipal de Cuautitlán y personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familias (DIF) de esta demarcación. Derivado de lo anterior fue iniciada la investigación respectiva por parte de la Fiscalía Edoméx.

Como parte de la investigación por este caso, César Gabriel Acosta Gonzaga fue detenido en cumplimiento a orden de aprehensión girada en su contra por este ilícito e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, a disposición de la Autoridad Judicial, quien le dictó esta sentencia de condena.

La Dirección de Seguridad Pública de Tonanitla, al mando del comisario Silverio Romero García, participó en una acción coordinada con la Policía de Nextlalpan y el trabajo de investigación de la Fiscalía de Recuperación de Vehículos de Coacalco; en conjunto, lograron el aseguramiento de dos masculinos que circulaban a bordo de una motocicleta con reporte de robo en el interior del fraccionamiento Villas de Santa María.

Los hechos se suscitaron esta tarde cuando, ante la actitud sospechosa de los sujetos, los uniformados les marcaron alto, pero los individuos intentaron darse a la fuga, por lo que dio paso a una persecución que dio alcance metros más adelante con apoyo de policías de Nextlalpan.

Durante la revisión preventiva, se les aseguró una cangurera de color negro que contenía varios envoltorios con hierba verde con características propias de la marihuana, así como un arma de fuego, mientras se pudo investigar que la moto tenía reporte de robo.

Los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que determinen su situación jurídica con los cargos del delito contra la salud en modalidad de narcomenudeo y portación de arma de fuego sin permiso previo.

Estiman que los sujetos, jóvenes de aproximadamente 22 años de edad, no portaban identificación, consideran que, en la condición en que fueron detenidos, pueden responder a otros ilícitos.

Para el caso de reconocer a los detenidos o denunciar algún otro delito en el que hayan participado, la Comisaría de Tonanitla pone a disposición de la ciudadanía el número 5559321022 con atención las 24 horas del día.

Una mujer identificada como Claudia N fue sentenciada a 46 años y 8 meses de prisión tras ser hallada penalmente responsable por la desaparición de dos personas en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México. La resolución fue emitida por un juez del Poder Judicial mexiquense luego de una investigación que concluyó que la acusada actuó en complicidad con otros individuos aún no identificados.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2019, cuando las dos víctimas fueron privadas de su libertad en circunstancias distintas y posteriormente trasladadas a un inmueble en la colonia Ricardo Flores Magón, donde perdieron contacto con sus familiares. Desde entonces, no se ha confirmado su paradero. La denuncia de desaparición activó protocolos de búsqueda y permitió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) recabar pruebas para judicializar el caso.

Durante el proceso judicial, se presentaron elementos que vincularon a Claudia N con los hechos, entre ellos testimonios, análisis de telefonía y ubicación, así como datos que acreditaron su participación en la retención de ambas personas. La autoridad determinó que existieron elementos suficientes para acreditar el delito de desaparición cometida por particulares.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo establece una multa económica y la reparación del daño a favor de los familiares de las víctimas. La Fiscalía reiteró su compromiso con el combate a este tipo de delitos y destacó que se mantendrán abiertas las investigaciones para identificar y procesar a los demás involucrados.

En acción conjunta, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jilotepec, cumplimentaron orden de aprehensión en contra de David “N”, quien es investigado por su probable intervención en el hecho delictivo de trata de personas, en la modalidad de trabajos forzados, con la agravante de que tenga relación sentimental con la víctima.

La investigación de esta Institución precisó que a partir del mes de abril de este año, el probable implicado habría obligado a una mujer adulta a vender dulces, primero en los estados de Puebla e Hidalgo y posteriormente en el municipio mexiquense de Jilotepec.

El dinero que obtenía la víctima debía entregarlo al ahora detenido, ya que en caso de no hacerlo o negarse a trabajar, presumiblemente era agredida verbal y físicamente por este individuo.

Una vez que esta Institución tomó conocimiento de los hechos, inició una investigación y recabó datos de prueba con los cuales solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra el probable implicado, mandamiento judicial que fue otorgado y cumplimentado.

El detenido quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, quien habrá de determinar su situación jurídica, no obstante, debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia de condena en su contra.