Los tres feminicidas de Jimena Sarahí, una menor de apenas 14 años de edad, fueron liberados y absueltos del delito de feminicidio por magistrados del Tercer Tribunal de Alzada con sede en Texcoco, pese a que un juez del Estado de México les impuso una condena de más de 100 años de prisión.

Hace unos días los tíos y abuelastro de la menor salieron del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco sin cargos en su contra pese a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) demostró que la menor fue privada de la vida de forma violenta.

“Nosotros estamos con coraje porque salieron los que le hicieron daño a mi nieta y la verdad no se vale, nos la quemaron y ahorita ya salieron, o sea nada más fue un año lo que pagaron y pues nosotros lo que queremos es justicia”, aseguró Claudia abuela de la menor.

En la resolución la autoridad federal desestimó las pruebas y la necropsia que determinó que la causa de muerte fue una laceración medular y el rompimientos de tráquea con un “chinazo”.

Sin embargo, previo a su muerte la menor fue sumergida en cunclillas en agua hirviendo que le dejó quemaduras de segundo grado en 48 por ciento de su cuerpo.

“Han sido parcialmente fundados y suplidos en su deficiencia, los agravios expuestos en favor de los justiciables; en consecuencia, se  revoca la sentencia condenatoria dictada por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, dictándose en su lugar sentencia absolutoria en favor de Manuel Yovani Peñaloza Briseño, Jesús Ángel Peñaloza Briseño y Braulio Jorge Silva Pérez, al no haberse acreditado a cabalidad la circunstanciación fáctica constitutiva del delito de feminicidio”, se lee en la resolución.

Según familiares de la víctima, a los 10 años, la niña fue llevada por su madre a vivir con su abuela y ambas consintieron el abuso sexual que mantuvo su tío Jesús durante meses en su contra.

Derivado del estupro, la menor quedó embarazada y a tan sólo 15 días de haber dado a luz fue asesinada de forma violenta.

La familia pide justicia y que los tres culpables regresen a prisión para purgar la pena de 103 años de cárcel que les había impuesto la autoridad judicial del Estado de México.

“Nos da miedo que nos quiten al niño, porque salieron absueltos, lo único que queremos es que paguen lo que hicieron porque ella era una niña”, finalizaron.

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) suspendió temporalmente el proceso para la sucesión de rectoría y quedará al frente de la casa de estudio un encargado de despacho tras la salida del rector Carlos Eduardo Barrera Díaz este 14 de mayo.

Derivado al ambiente tenso por el que atraviesa la universidad pública mexiquense, el día de hoy no pudieron realizar la auscultación cuantitativa en todos los espacios universitarios para que tanto estudiantes, docentes y administrativos pudieran votar por alguna de las cinco propuestas que contienden por la Rectoría.

El Consejo Universitario considero que no existen condiciones para la elección, por lo que ordenaron suspender el proceso hasta que exista un acuerdo entre las partes involucradas y así se puedan liberar los espacios que hoy se encuentran tomados por estudiantes inconformes.

En el acuerdo, anunciaron que se nombrará a un encargado del despacho de rectoría que estará en el cargo hasta que sea electa la persona que resulte ganadora del proceso de elección para la rectoría 2025-2029.

Además, crearon un grupo de trabajo para que le ponga final a la protesta, este se conformará por 4 directores, 4 profesores, 8 estudiantes, el encargado de despacho, así como la personas que ocupe la secretaría técnica, la secretaría de rectoría y la secretaría de finanzas y administración.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió la Recomendación 01/2025, dirigida al secretario de Seguridad, al subsecretario de Control Penitenciario y al director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, por vulneraciones a los derechos humanos de víctimas directas e indirectas, particularmente, del Derecho a la protección de la salud en un contexto de la privación de la libertad y al Derecho a la promoción de la salud en un contexto de reinserción social.

Derivado del análisis del expediente de queja, la CODHEM documentó, como parte de su investigación, que una mujer privada de la libertad, quien padecía de hepatitis tipo B autoinmune, falleció dentro de su celda, no obstante que contaba con atención médica básica dentro del Centro Penitenciario de Reinserción Social (CPRS), del municipio de Nezahualcóyotl, y con un tratamiento indicado por el Hospital General anteriormente fue atendida.

Los puntos recomendatorios del documento solicitan atención psicológica y/o tanatológica para la hermana y madre de la víctima; la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas a las reconocidas como afectadas directas e indirectas en la Recomendación 01/2025, así como la distribución oportuna del personal médico en el área médica femenil del CPRS.

Igualmente, la CODHEM recomendó la reorganización o reestructuración de los espacios médicos para la reubicación de personas con emergencias de salud transitorias, la creación de un protocolo de actuación en casos de referencia y contrarreferencia de pacientes a instituciones médicas externas, así como de un programa de intervención respecto al tratamiento de enfermedades infecto-contagiosas.

Para el llenado correcto del expediente clínico, la autoridad responsable deberá instaurar una estrategia de mejora que asegure la observancia puntual de esta obligación y vigilar que se dé una capacitación continua en materia de derechos humanos que garantice la protección de la salud y la atención médica oportuna en el contexto penitenciario.

Al respecto, la investigación determinó, tras el análisis de las constancias en el expediente clínico de la PPL, generado dentro del CPRS Neza Bordo, que no había sido llenado correctamente, conforme a lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, lo cual pudo haber tenido relevancia en la atención médica de segundo nivel que recibió la PPL víctima y por lo cual falleció en días posteriores.

En el Estado de México menos del 10% del ganado que se encuentra en el territorio esta aretado, lo que causa un problema en su trazabilidad, refirió el presidente de la Unión Ganadera en el Edomex, Javier Reyes Escamilla.

‘Actualmente los animales ya no están aretados o son los menos los que están aretados porque ya los ganaderos no tienen su registro en la Unidad de Producción Pecuaria’, dijo.

El aretado de ganado es una práctica en el sector, a través de la cual, un veterinario coloca el arete con números en la oreja del animal que sirve para identificar al ganado, explicó el líder ganadero.

Es así que este número permite conocer la trazabilidad del ganado, es decir, conocer dónde ocurrió su nacimiento, si fue transportado a otro espacio para ser criado, hasta su sacrificio o destino final.

‘Sirve para saber dónde se tiene y quiénes son los dueños, quiénes lo están engordando, qué alimento se les da, de qué rancho salió, donde lo sacrificaron. Esa es la trazabilidad’, precisó Escamilla.

De esa manera se puede confirmar que el ganado se encuentra en buenas condiciones, fue alimentado con una reducción de químicos o no presenta enfermedades, compartió el ganadero.

Además, permite tener un mejor control sobre la logística, el almacenamiento y la distribución de los productos ganaderos, agregó.

¿Qué problemas puede presentar un ejemplar sin arete?

Entones cuando un animal no porta un arete se desconoce su procedencia, tratamientos veterinarios y movimientos, lo que causa un problema, principalmente al consumidor final, refirió el entrevistado.

El que no este aretado genera que haya desconocimiento de cómo e llevó a cabo la engorda.

Javier Reyes Escamilla, presidente de la Unión Ganadera en el Edomex.

Destacó que al no tener información clara sobre el animal, se desconoce si la carne se encuentra en buenas condiciones para ser puesta en el mercado.

Es así que el consumidor final, aseguró, sería el afectado ya que podría estar ingiriendo carne contaminada, de dudoso origen, modificada con químicos para engorda rápida o hasta con clembuterol.

Reyes Escamilla señaló que en el tema del aretado ganadero, México se encuentra ‘en pañales’ ya que en comparación con países norteamericanos, no existe un programa de seguimiento.

Manifestó que para lograr una correcta aplicación, las autoridades federales, la Secretaria del Campo estatal, los mandos locales y hasta los encargados de los rastros municipal, deben coordinarse.

De esa manera, dijo, se logrará una regulación y con ello, se espera un aumento en el número de vacas y otros animales que portan un arete.

El líder ganadero solicitó a los consumidores implementar el ejercicio de preguntar al carnicero donde adquieren los productos, de dónde proviene la carne.

Un buen ejercicio es preguntar de dónde viene esa carne porque los carniceros saben donde lo adquieren, donde lo fueron a sacrificar y todo el proceso que hubo atrás.

Aseguró que en el país, pocas personas conocen realmente sobre la calidad de la carne y la compran, normalmente, por el servicio al cliente o el sabor que aporta a los platillos, ‘el consumidor final es muy exigente pero de la carne pocas personas saben; se van por el sabor o el servicio que les da el carnicero’, refirió.

Por ello, invitó a los usuarios a informarse sobre el tema cárnico, interesarse en los alimentos que consumen con frecuencia y adquirir lo que se produce en territorio mexiquense.

Con el objetivo de unificar criterios para la detección y combate oportuno de plagas en zonas forestales, La Secretaría del Campo a través de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) presentó un Protocolo de Sanidad Forestal, durante una reunión con autoridades de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom).

Alejandro Sánchez Vélez, Director de Probosque explicó que con esta medida se establecerá un plan interestatal para emprender acciones y atender de forma eficaz los brotes de plagas y enfermedades en los bosques ubicados en los límites territoriales en ambas entidades.

Los insectos descortezadores y las plantas parásitas son las de mayor registro entre ambas zonas, por lo que las acciones de control y combate serán emprendidas en una franja de cinco kilómetros a lo largo de ambas fronteras, cubriendo una superficie objetivo de 105 mil 212 hectáreas, ubicadas en 17 municipios.

El protocolo de actuación contempla una participación interinstitucional entre dependencias de los tres órdenes de Gobierno, como son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Así como universidades, comités estatales y autoridades municipales, quienes dentro de sus atribuciones supervisarán y ejecutarán programas de sanidad forestal otorgando asistencia técnica y apoyo para la implementación de medidas de control y restauración y promoción del cumplimiento de la normatividad nacional vigente.

Basado en lo anterior, se emitirá una notificación inmediata al Comité Interestatal para la activación del plan de respuesta y llevar a cabo la verificación técnica del brote y delimitación del área afectada.

Posteriormente se realizarán y supervisarán las acciones de control dependiendo de la plaga o enfermedad detectada, para realizar una evaluación de resultados y emitir un informe final.

Además, se impulsarán acciones preventivas como la implementación de monitoreos sistemáticos, instalación de trampas y vigilancia comunitaria, regulación de movilización de productos forestales y la difusión de campañas de sensibilización.

Para supervisar los indicadores de impacto y eficiencia, se llevarán a cabo reuniones de manera semestral para analizar los informes anuales de resultados y hacer los ajustes técnicos necesarios a este protocolo.