El 23 de enero de 2019, la señora Guadalupe Chávez Ortiz, entonces de 96 años, fue víctima de un presunto despojo de su vivienda ubicada en la colonia Lomas Hipódromo, en el municipio de Naucalpan.
Ese día, ella descubrió que su propiedad fue ocupada ilegalmente por terceros que alegaban haberla adquirido por medio de contratos de compraventa.
El caso de doña Lupita fue expuesto en conferencia de prensa por el abogado Carlos Mata, director del despacho jurídico Delos y del grupo Enjambre Ciudadano.
El litigante lamentó que el despojo de propiedades en el Estado de México se ha convertido en una grave problemática que afecta principalmente a personas adultas mayores.
Detalló que, hace seis años, la señora Chávez, acompañada por su nieta Gabriela Vega Aguilar, acudió a su domicilio de manera habitual para verificar servicios y pagos.
Al llegar, se encontraron con que su llave no abría y que el inmueble estaba ocupado por dos hombres que realizaban labores de mantenimiento, quienes se negaron a permitirles el acceso, alegando instrucciones del supuesto nuevo dueño.
Tras estos hechos, acudieron a la asociación de colonos de Lomas Hipódromo, donde fueron atendidas telefónicamente por Silvia Villarreal, quien solicitó una prueba de vida de la señora Chávez, insinuando que ya no vivía.
Al día siguiente, el 24 de enero, se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, iniciándose la carpeta NUC: TLA/FNC/NAU/060/020632/19/01.
Como medida inmediata, se ordenó el resguardo del inmueble. No obstante, durante ese proceso, se presentó René Emilio Sa Zacarías, presidente del Consejo de Administración de la empresa Sare de México, quien aseguró haber comprado la casa.
Sa Zacarías presentó un contrato de compraventa fechado el 12 de diciembre de 2018, en el que figura como vendedor Gregorio Rosales Cárdenas.
Este, a su vez, presentó otro contrato supuestamente firmado en 2012 por Guadalupe Chávez. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral determinó que la credencial de elector presentada como identificación de la víctima era falsa, lo cual quedó asentado en un oficio fechado el 26 de marzo de 2019.
Peritajes oficiales en grafoscopía confirmaron que la firma en dicho contrato no corresponde a la de la señora Chávez.
Además, una investigación en la Notaría No. 19 de Oaxaca, donde presuntamente se firmó el documento de 2012, reveló que no existen registros de la comparecencia de la víctima.
Pese a los elementos probatorios, la defensa de Sa Zacarías buscó desestimar el caso mediante diversos amparos interpuestos entre 2020 y 2022. También exigieron la comparecencia física de Guadalupe Chávez, lo cual fue cumplido por la víctima el 6 de febrero de 2019.
Aun con la evidencia pericial, la propiedad fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad, y los sellos del inmueble fueron retirados hasta el 6 de noviembre de 2019, cuando la denunciante acreditó la titularidad de la vivienda.
El 19 de noviembre de 2024 se solicitó la expedición de la carpeta certificada del caso debido a irregularidades en su foliado y la falta de documentos relevantes, lo que ha levantado sospechas sobre la posible omisión o manipulación dentro de la fiscalía.
Carlos Mata advirtió que el caso de doña Lupita no es aislado. Afirmó que su despacho ha documentado al menos 46 casos similares, en los que las víctimas, en su mayoría personas mayores, han perdido su patrimonio a través de mecanismos fraudulentos y complicidades institucionales.
Los municipios con mayor incidencia son Naucalpan, Ecatepec, Chalco y otras zonas del oriente del Valle de México.
