Después de años de trabajo en operativos de búsqueda y rescate, detección de drogas o explosivos, los perros del Agrupamiento Canino de la Secretaría de Seguridad del Estado de México reciben un retiro digno en el Centro Geriátrico Canino de la dependencia.

A diferencia de otros tiempos, cuando cada agrupamiento se encargaba por separado de sus ejemplares retirados, hoy existe un espacio especialmente diseñado para ellos, donde pueden vivir sus últimos años con tranquilidad y cuidados adecuados.

Este centro, ubicado en la comunidad de Santa Juana, comenzó a operar en septiembre del año pasado y actualmente alberga a 31 perros, en su mayoría de la raza pastor belga malinois, además de un pastor alemán y dos labradores.

Su pelaje ‘güero’ y su personalidad juguetona abona a la esperanza de decenas de familias buscadoras

Cada uno de ellos dedicó cerca de nueve años de su vida a diferentes tareas de seguridad pública y, ahora, en la etapa final de su vida, son atendidos por un equipo que vela por su bienestar.

Cambio de rutina, pero no de actividad

Los perros policías no dejan de trabajar abruptamente. Aunque ya no participan en operativos, continúan con paseos y juegos adaptados a su condición. Algunos, a pesar de la edad, siguen mostrando energía y ganas de moverse; otros, con problemas articulares o pérdida de dientes, prefieren una vida más tranquila.

‘Es como cuando una persona se jubila, no significa que ya no sirva, sino que cambia su rutina. Nosotros seguimos interactuando con ellos, porque el contacto con los humanos es fundamental para su bienestar emocional’, explicó el encargado del Centro Geriátrico Canino, Juan Antonio Flores Jarquín.

Además de recibir atención veterinaria diaria, los perros conviven con los cuidadores y continúan con ejercicios ligeros según su estado de salud.

Algunos tienen displasia de cadera, problemas renales o tumores, pero cada uno es tratado con los cuidados necesarios para garantizarles calidad de vida en sus últimos años.

La esperanza de vida de estos perros, después de su retiro, es de cinco a seis años, aunque algunos han llegado a vivir hasta siete.

El esfuerzo físico al que estuvieron sometidos en sus años de servicio influye en su salud, pero los cuidados que reciben en esta nueva etapa les permiten seguir disfrutando de la compañía de los humanos que los han acompañado en su camino.

‘Ellos nos dieron años de su vida en operativos, soportaron frío, lluvia y largas jornadas. Ahora nos toca a nosotros devolverles algo de lo que nos dieron, asegurándonos de que tengan un retiro digno’, señala Flores Jarquín.

El Congreso mexiquense aprobó por mayoría de votos la reforma constitucional en un paso significativo hacia el fortalecimiento de la soberanía nacional y la protección de los derechos humanos, la cual modifica y adiciona párrafos en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, reconociendo el derecho al cuidado digno, así como blindar el país contra presiones externas y fortalecer la seguridad nacional.

Sin embrago, durante la discusión en lo particular, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, expresó un fuerte respaldo a la minuta, subrayando que la soberanía nacional es un tema que no se debe negociar, especialmente frente a amenazas extranjeras. «La soberanía no es negociable», afirmó.

También advirtió sobre el peligro de ampliar el catálogo de delitos susceptibles de prisión preventiva oficiosa, particularmente con la incorporación del terrorismo, lo que podría ser un “pretexto” para abusos de poder y persecuciones políticas.

«La prisión preventiva oficiosa nos ha demostrado ser ineficaz porque ni ha reducido la violencia, ni ha combatido efectivamente a la inseguridad y en cambio ha llenado las cárceles de personas inocentes que no tienen una sentencia condenatoria. Y nos parece muy peligroso que la incorporación del delito de terrorismo sea tan ambigua y su aplicación pueda pervertirse fácilmente para servir a los intereses del régimen y perpetuar el oficialismo para intimidar a todos aquellos que pensamos diferente del partido en el poder…», enfatizó.

Por su parte, el legislador del PRI, Eduardo Zarzosa Sánchez, a nombre de su partido emitió su voto en contra de la reforma, destacando que, en su opinión, la soberanía nacional ya está garantizada por la Constitución. «Esta reforma es innecesaria y puede interpretarse como un rechazo a la cooperación internacional», expresó, por ello, también mencionó que se podría poner en riesgo las relaciones diplomáticas de México con otros países.

Criticó, además, la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, al considerarlo una violación a los derechos humanos y una señal equivocada en términos de justicia y derechos fundamentales.

En tanto el morenista, Octavio Martínez Vargas, manifestó su apoyo rotundo a la reforma, destacando que la soberanía nacional debe ser defendida ante cualquier intromisión extranjera, como la del gobierno de Donald Trump. Aseguró que la reforma constitucional es esencial para garantizar que la seguridad del país y la integridad de su soberanía estén protegidas de manera adecuada, particularmente frente a los desafíos internacionales y los crecientes problemas de inseguridad en México.

La reforma establece que “se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa” a cualquier persona extranjera que realice actividades al margen de la ley, y a cualquier persona nacional o extranjera involucrada en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas.

Además, puntualiza que no se consentirá intervención en investigación y persecución alguna, sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables; y determina que la persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosamente por el delito de terrorismo.

El Congreso del Estado de México avaló por mayoría de votos la minuta proyecto de decreto, enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para reformar la constitución federal a fin de establecer que el cultivo de maíz, en el territorio nacional, debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas.

En su calidad de Constituyente Permanente, la LXII Legislatura mexiquense avaló la reforma que dispone que todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales, para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población.

La reforma, leída en tribuna por la diputada Leticia Mejía García (PRI), añade que debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico y la promoción de la investigación en esta materia.

Al destacar que México es centro de origen y diversidad del maíz, el documento indica que este es un elemento de identidad nacional, alimento esencial del pueblo, base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos, por lo cual se enfatiza que su cultivo debe ser libre de modificaciones genéticas.

Con la reforma, se garantiza que el Estado promueva las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina su bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.

Además, el Estado fomentará la actividad agropecuaria y forestal, cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial el sistema milpa, para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos de maíz genéticamente modificado, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación, investigación, innovación, conservación de la agrobiodiversidad y asistencia técnica, fortaleciendo las instituciones públicas nacionales.

Al respaldar la minuta, el diputado Israel Espíndola López (morena) mencionó que no se puede permitir que los intereses de corporaciones extranjeras, con aliados nacionales, amenacen la biodiversidad y la salud con semillas modificadas que contaminan los campos, debilitan las tierras y ponen en riesgo la autosuficiencia alimentaria del país, por ello celebró que al maíz se le otorgue un rango constitucional como alimento básico, sustancial y libre de modificaciones genéticas.

Mientras que la parlamentaria Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) señaló que su bancada está en contra de la minuta, ya que carece de análisis científico, está renuente a la innovación y sólo busca posicionar un discurso antes que garantizar beneficios para el campo y las familias mexicanas.

Finalmente, tras precisar que Ixtlahuaca es el segundo productor de maíz en el Estado de México, con casi 80 mil toneladas al año, la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) expresó que su bancada apoya la minuta, porque se defiende un producto que da identidad a México, es la base de la agricultura campesina y el alimento principal de la población.