Un grupo de comerciantes, presuntamente propietarios de bares y restaurantes, bloquearon la tarde del pasado sábado la autopista Méx-Qro, para denunciar cierres de sus negocios de manera arbitraria por parte del ayuntamiento de Huehuetoca, que encabeza Juan Manuel López Adán.

La manifestación se concentró en la zona de Jorobas, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Con pancartas y mensajes de reclamo, los inconformes señalaron que el gobierno de Huehuetoca presuntamente clausuró sus establecimientos sin sustento legal en varios puntos del municipio.

Además, señalaron que su actividad económica representa, en algunos casos, su única fuente de ingresos, por lo que los cierres comerciales impactan significativamente a su economía.

No obstante, las acusaciones no se limitan a los cierres, sino también a los presuntos privilegios que el gobierno local otorga a otros vendedores que, de acuerdo con los manifestantes, comercializan bebidas alcohólicas sin permisos y hasta altas horas de la noche, sin que sus establecimientos sean clausurados.

En tanto, los denunciantes exigen que la ley no se aplique de manera parcial, sin importar los intereses personales o económicos de las autoridades. Por el momento, el ayuntamiento no se ha pronunciado al respecto.

Gina Cruz Hernández y Araceli Cruz Hernández fueron sentenciadas a 25 años de prisión cada una por el delito de homicidio calificado, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara su participación en el asesinato de un hombre ocurrido en su propio domicilio.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el 9 de mayo de 2021, en un inmueble ubicado en la colonia La Palma, en Tultepec.

Ese día, dos hombres y las ahora sentenciadas ingresaron al domicilio de la víctima. Los sujetos comenzaron a agredir al hombre con objetos punzocortantes, provocándole diversas heridas.

Posteriormente, cuando la víctima se encontraba en el suelo, las dos mujeres también la golpearon con piedras, mientras que los cuatro participantes continuaron la agresión con golpes y patadas, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

Tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense, se logró identificar a los participantes y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

Gina y Araceli fueron detenidas e ingresadas a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial y posteriormente fueron vinculadas a proceso.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó las pruebas que acreditaron su participación en el homicidio, por lo que un juez dictó sentencia condenatoria de 25 años de prisión para cada una.

Además de la pena de cárcel, ambas deberán cubrir una multa de 62 mil 734 pesos, así como 192 mil 267 pesos por concepto de reparación del daño material.

Con esta resolución, la autoridad judicial determinó la responsabilidad penal de ambas mujeres por el homicidio ocurrido hace más de cinco años en Tultepec.

Agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscritos al Agrupamiento Fuerza de Acción y Reacción (FAR), capturaron este sábado a un hombre de 46 años identificado como Eduardo ‘N’ por su probable implicación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, tras asegurarle 23 envoltorios con una sustancia granulada similar al cristal en calles de la colonia Ricardo Flores Magón, en el municipio de Tepotzotlán.

La intervención se logró gracias a los despliegues tácticos del Operativo Argos, una directriz de las Mesas de Paz que busca blindar las demarcaciones mexiquenses ante la notoria ausencia y falta de reacción de las corporaciones policíacas municipales en materia de seguridad preventiva.

La captura se desencadenó cuando los efectivos estatales realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a un sujeto que alteraba el orden público, quien al notar la cercanía de las unidades oficiales adoptó una actitud evasiva y emprendió la huida corriendo en sentido contrario a la circulación vehicular. Ante esta sospecha razonada, los uniformados le marcaron el alto mediante comandos verbales y, tras hacer caso omiso, iniciaron una persecución que culminó metros adelante con la intercepción del sospechoso.

Tras someterlo a un control provisional preventivo y revisar una mochila tipo mariconera que portaba, los agentes descubrieron 23 bolsas de plástico transparente con cierre hermético que contenían la droga sintética. La posesión de estos narcóticos no solo representa una violación directa a la salud pública, sino que expone el flujo constante de sustancias prohibidas operando en las calles bajo el amparo de la omisión municipal.

Conforme al Código Penal Federal y las leyes estatales en materia de salud, el delito de narcomenudeo en su variante de posesión con fines de suministro o comercio contempla sanciones severas que van desde los 4 hasta los 8 años de prisión, además de multas económicas significativas para quienes resulten responsables. Tras leerle sus derechos constitucionales, el detenido fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente para definir su situación jurídica en las próximas horas.

​A pocos meses de que concluya el año, el panorama político en Tepotzotlán comienza a definirse con mayor claridad de cara a los próximos procesos electorales, revelando una baraja de perfiles que ya calientan motores en territorio y redes sociales.

​Por parte de Movimiento Ciudadano, la inercia familiar y la estructura construida a lo largo de más de nueve años de gobierno apuntan a mantenerse en el centro de la jugada con Paloma Zuppa, apostando por el reconocimiento de marca y la maquinaria operativa ya consolidada en el municipio.

​En el flanco de Morena, la contienda muestra músculo por partida doble. Por un lado, el ingeniero Aarón Vargas registra un ascenso constante en el impacto territorial y el posicionamiento digital; por el otro, la presencia de Kenia Maldonado sigue pesando de forma importante gracias al capital político propio y al trabajo social que mantiene vigente dentro de la militancia y las bases locales.

​En tanto, el PAN parece transitar por una ruta menos accidentada. Enrique Corona se perfila con fuerza y consolidado al interior de Acción Nacional, corriendo prácticamente sin contrapesos internos visibles que le disputen la nominación blanquiazul.

​Mientras tanto, el PRI navega por un escenario de baja visibilidad, con poca presencia perceptible en el radar público que le permita competir de tú a tú en este arranque de configuración electoral.

​El escenario anticipa una disputa competitiva donde el trabajo de tierra, la estrategia digital y la capacidad de cohesión interna definirán qué fuerza se lleva el pulso por el municipio.

Luis Fernando “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el homicidio calificado de un hombre ocurrido el pasado 9 de julio en calles de la colonia Santiago Teyahualco, en Tultepec.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la víctima circulaba en una camioneta Ford Edge azul, acompañada de una mujer, cuando fue alcanzada por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Uno de ellos habría disparado contra la víctima, quien murió a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Tras el ataque, los dos sujetos huyeron del lugar en la motocicleta, seguidos presuntamente por Luis Fernando “N”, quien conducía una camioneta Jeep Patriot.

La Fiscalía también investiga la posible participación de otro hombre, quien habría ordenado la agresión y entregado previamente las armas de fuego al probable autor material y a Luis Fernando “N”.

A partir de las investigaciones, la FGJEM identificó a los probables participantes y solicitó una orden de aprehensión contra Luis Fernando “N”.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Fiscalía, quienes trasladaron al detenido a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez determinó vincularlo a proceso por su probable participación en el homicidio calificado.

El juez estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la prisión preventiva justificada como medida cautelar.

En caso de ser declarado culpable, Luis Fernando “N” podría recibir una sentencia de hasta 70 años de prisión. No obstante, debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia de condena emitida por un juez.