El Estado de México se consolida como un actor estratégico en la cadena de valor del Super Bowl 2025, evento en el que se espera una derrama económica de más de  4 mil 500 millones de pesos, los cuales impactarán directamente a negocios como restaurantes, bares, tiendas de conveniencia, mercados públicos, plataformas de streaming y servicios de transporte, dinamizando la economía local.

Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) del Valle de Toluca, Fernando Reyes Muñoz, quien destacó que la contribución del Estado de México para este evento deportivo, se centra en su capacidad logística para la exportación de las más de 110 mil toneladas de aguacate hacia Estados Unidos.

Refirió que dicho fruto es esencial para la preparación del guacamole, platillo típico del evento. Aunque la producción agrícola se concentra en Michoacán y Jalisco, con el 80 por ciento del total nacional, el Edomex garantiza la eficiencia en transporte terrestre, almacenamiento y distribución hacia puertos y fronteras, consolidándose como un eslabón estratégico en la cadena de suministro global.

En materia de consumo, señaló que municipios como Toluca y Naucalpan reflejarán el dinamismo comercial del estado, con un incremento del 21 por ciento en ventas de alimentos y bebidas durante el evento, superando la media nacional.

Aunque las preferencias de consumo —cerveza (77 por ciento), refrescos (74 por ciento) y bebidas alcohólicas (38 por ciento)— son cifras nacionales, el Edomex destaca como uno de los mercados prioritarios por su densidad poblacional y cercanía con la CdMx, donde se concentran miles de establecimientos que atienden a aficionados.

«México es el segundo mercado más importante para el Super Bowl, con siete de cada 10 adultos como espectadores. En el Edomex, este evento no solo genera empleos y crecimiento para PyMEs, sino que evidencia nuestra capacidad logística para soportar megaeventos globales. Somos un puente entre la producción agrícola y el mundo, y un referente en la creación de experiencias para los aficionados», afirmó el presidente de Canaco.

Finalmente, hizo un llamado a los consumidores a privilegiar el consumo local y a realizar sus compras en establecimientos formales y legalmente constituidos. Asimismo, a adquirir productos y servicios en negocios establecidos que no solo garantizan calidad y seguridad para los consumidores, sino que también fortalecen la economía regional, generan empleo y contribuyen al desarrollo sostenible del Estado de México.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) contará con la ampliación presupuestal de 941 millones 388 mil 460 pesos que solicitó al Ejecutivo estatal para organizar la elección de jueces y magistrados de este 2025, confirmó la Secretaría de Finanzas de la entidad.

El titular de la dependencia, Óscar Flores Jiménez, informó que se determinó autorizar la cifra sin modificaciones debido a que antes de la solicitud se hicieron análisis para optimizar el costo de la elección.

Señaló que la entrega del recurso se realizará conforme a un calendario establecido por el IEEM, de acuerdo con las necesidades del proceso electoral.

«Ya está esto autorizado, se está procediendo a hacer todo el trámite administrativo necesario, habrá una calendarización de pagos de acuerdo con la necesidad del propio Instituto, ellos son los que pusieron en la mesa cómo van a llevar a cabo la administración de los recursos», mencionó.

Flores Jiménez aseguró que la ampliación presupuestal no implicará recortes en otras áreas del gobierno estatal, ya que se cuenta con una bolsa dentro del presupuesto de 388 mil 550 millones de pesos aprobado para este año.

El proceso electoral contempla la elección de 89 cargos judiciales, incluyendo la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 28 magistraturas del TSJEM y 55 cargos de juez.

Cabe destacar que el IEEM detalló el pasado 28 de febrero que la ampliación presupuestal será destinada principalmente a la contratación de personal eventual, impresión de boletas electorales, renta de oficinas y medidas de seguridad.

Por unanimidad, la LXII Legislatura del Estado de México aprobó la eliminación del delito de ultrajes del Código Penal estatal, con el objetivo de evitar restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y garantizar el derecho de la ciudadanía a criticar a las personas servidoras públicas sin temor a represalias legales.

El dictamen reunió las iniciativas presentadas por la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) y por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde establece la derogación del Capítulo VI, del Subtítulo Segundo, del Título Primero, así como de los artículos 126 y 127 del Código Penal del Estado de México.

La legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio, del Grupo Parlamentario del PAN y encargada de presentar el documento en tribuna, mencionó que previo a esta reforma, el delito de ultrajes se definía como toda expresión o acción, directa o indirecta, que implicara ofensa o desprecio hacia una persona servidora pública o una institución del ámbito estatal o municipal.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa plantea anular los artículos 126 y 127 lo cual permitirá la seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y manifestantes, quienes hacen públicas sus puntos de vista, opiniones y expresiones.

Además, su sanción incluía penas de hasta dos años de prisión para quienes incurrieran en ultrajes contra instituciones públicas y hasta un año para aquellos dirigidos contra servidores públicos.

Destacó que la eliminación de este delito se fundamenta en la necesidad de preservar los derechos humanos y la libertad de expresión, considerados pilares fundamentales de una sociedad democrática.

También, se argumentó que la existencia de esta figura legal era anacrónica y contraria al orden constitucional, al vulnerar el derecho fundamental a la libre expresión, reconocido tanto en la Constitución mexicana como en tratados internacionales.

Por su parte, el diputado Jorge Jiménez Martínez destacó que, desde la LXI Legislatura, su bancada había promovido la derogación de este delito y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad y resolvió que las leyes penales no deben utilizarse como herramientas para coartar las críticas de la ciudadanía hacia sus gobernantes.

Con esta reforma, el Estado de México se suma a los esfuerzos por garantizar un marco legal acorde con los principios democráticos y el derecho ciudadano al escrutinio público de las autoridades.