La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de un lote falsificado y adulterado de Tequila Reposado Gran Centenario Añejo, al advertir que su consumo podría representar un riesgo para la salud debido a que se desconoce el origen de sus ingredientes y las condiciones en las que fue elaborado.

La dependencia federal informó que la alerta aplica únicamente para el producto Gran Centenario Añejo Reposado con número de lote L 061 24, en su presentación de 950 mililitros.

La irregularidad fue detectada como resultado de acciones de vigilancia sanitaria y tras la comparecencia de Casa Cuervo S.A. de C.V., empresa titular de la marca, que confirmó las anomalías en ese lote específico.

De acuerdo con Cofepris, el tequila adulterado fue comercializado a través de plataformas de venta en línea y no cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA/SCFI-2014, que regula las bebidas alcohólicas en materia sanitaria, de etiquetado y comercialización.

La autoridad sanitaria advirtió que al desconocerse las materias primas utilizadas, así como las condiciones de elaboración, envasado, almacenamiento y distribución, no existe garantía de que el producto sea seguro para el consumo humano.

Cofepris señaló que el lote adulterado presenta al menos dos características visibles:

La etiqueta frontal carece de relieve.

El tapón presenta desprendimiento.

La dependencia precisó que estas irregularidades corresponden únicamente al lote L 061 24 de 950 mililitros.

Recomendaciones para evitar riesgos

Ante esta situación, Cofepris exhortó a los consumidores a revisar cuidadosamente cualquier bebida alcohólica antes de adquirirla.

Entre los aspectos que deben verificarse se encuentran:

Etiquetas con buena calidad de impresión, sin errores ortográficos o mal adheridas.

Presencia del marbete fiscal y código QR del SAT.

Sellos y precintos sin alteraciones o exceso de pegamento.

Tapas firmes, sin movimiento ni fugas.

Botellas sin golpes, rayaduras o daños visibles.

Asimismo, la etiqueta debe incluir información como:

Nombre del producto.

País de origen.

Porcentaje de alcohol.

Número de lote.

Nombre y domicilio del fabricante o importador.

Leyenda de advertencia sobre el consumo de bebidas alcohólicas.

Piden no comprar este lote

La autoridad sanitaria pidió a la población no adquirir ni consumir el tequila Gran Centenario Reposado con lote L 061 24 en presentación de 950 mililitros si presenta las irregularidades descritas.

En caso de detectar su venta, Cofepris solicitó presentar la denuncia sanitaria correspondiente para evitar que continúe su distribución.

Por su parte, hizo un llamado a distribuidores y comerciantes para que cuenten con la documentación y facturas que acrediten la adquisición legal de los productos que comercializan.

La comisión aseguró que mantendrá acciones de vigilancia sanitaria y dará a conocer nuevas alertas en caso de detectar más productos que representen un riesgo para la salud de la población.

El caso de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos podría generar nuevos capítulos sobre la relación entre el crimen organizado y distintos actores políticos del país, aseguró el especialista en seguridad nacional Galeb Krame, quien consideró que las próximas declaraciones y filtraciones podrían involucrar a personajes de diferentes administraciones.

Durante una entrevista, el analista habló sobre la polémica generada por las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, luego de que el gobierno mexicano cuestionara sus dichos sobre el caso del líder del Cártel de Sinaloa.

Grame señaló que, tras las críticas iniciales, Salazar modificó el tono de sus declaraciones al precisar que no tenía pruebas de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador o el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tuvieran vínculos con grupos criminales.

“No sabemos si fue bajo presión o no, pero sí hay aparentemente un cambio de discurso de Ken Salazar”, comentó el especialista, al analizar la postura del exdiplomático.

También cuestionó el papel que tuvo Salazar durante su gestión como embajador y afirmó que, desde su perspectiva, su actuación fue diferente a la de otros representantes estadounidenses.

“Una cosa es ser diplomático y otra cosa es ser adulador. Ken Salazar fue adulador”, expresó.

Sobre la información que pudiera aportar Ismael Zambada en territorio estadounidense, Galeb Krame consideró que no se trataría únicamente de un episodio relacionado con una administración presidencial.

“El Mayo Zambada tendrá mucho que hablar, pero no nada más de López Obrador; tendrá que hablar de por lo menos seis sexenios”, afirmó.

El especialista explicó que el narcotráfico en México ha mantenido presencia durante décadas y que las investigaciones derivadas de las extradiciones podrían mostrar diferentes historias dependiendo del grupo criminal involucrado.

“Son como diferentes capítulos, pero lamentablemente estas películas tienen a los mismos actores de reparto: políticos, militares y otros personajes”, señaló.

En este sentido, indicó que los señalamientos podrían alcanzar a distintos sectores, incluyendo funcionarios, empresarios y personas relacionadas con operaciones financieras ilícitas, aunque aclaró que corresponde a las autoridades investigar y determinar responsabilidades.

El analista también anticipó que podrían presentarse nuevos audios, documentos o acusaciones que involucren a funcionarios y políticos.

“No será la última filtración de audios; vendrán muchos más políticos que estarán siendo exhibidos”, advirtió.

Añadió que podría comenzar una etapa de acusaciones internas dentro de los propios grupos políticos, fenómeno que describió como un “fraggings político”, donde integrantes de una misma organización buscan señalar a otros ante escenarios de presión.

“Políticos poniéndole el dedo o exhibiendo a políticos de su mismo partido”, explicó.

Finalmente, Galeb Krame sostuvo que el problema del crimen organizado en México debe analizarse como una red compleja en la que han intervenido distintos actores a lo largo del tiempo, mientras continúan las investigaciones y posibles revelaciones relacionadas con el caso Zambada.

El Gabinete de Seguridad de México rechazó las declaraciones del administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, quien dijo que hay una ‘conexión mortal’ entre cárteles y gobierno mexicano.

En comunicado, el gobierno mexicano calificó como “carentes de sustento” las afirmaciones sobre una presunta conexión entre el Estado mexicano y las organizaciones del narcotráfico. En un comunicado, sostuvo que los señalamientos no corresponden con los resultados públicos y verificables presentados por las autoridades mexicanas en el combate contra la delincuencia organizada.

Como respuesta, el gobierno de México defendió la Estrategia Nacional de Seguridad y afirmó que se basa en una política de “cero impunidad”. Indicó que, desde el inicio de la actual administración y hasta el 30 de junio de 2026, las autoridades detuvieron a 59 mil 582 personas, entre ellas presuntos líderes e integrantes de distintos grupos delictivos.

Asimismo, reportó el aseguramiento de 31 mil 366 armas de fuego y 498 toneladas de drogas. Entre los resultados, destacó el decomiso de 2 mil 363 kilogramos y 5 millones 546 mil 100 pastillas de fentanilo, así como la inhabilitación de 2 mil 627 laboratorios clandestinos.

En relación con los señalamientos sobre una posible complicidad institucional, el comunicado destacó los resultados de la Operación Enjambre. De acuerdo con el Gobierno de México, esa estrategia permitió procesar a más de 80 servidores y exservidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas, incluidos siete presidentes municipales en funciones. Las autoridades sostuvieron que estos resultados demuestran que “no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas”.

El Gabinete de Seguridad también informó que la estrategia nacional contribuyó a una reducción del 48 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

El pronunciamiento del gobierno de México respondió al discurso que Terrance C. Cole pronunció el 13 de julio durante la inauguración de la primera cumbre Fentanyl Free America. En ese evento, el administrador de la DEA afirmó que la agencia dirigiría todos sus esfuerzos contra los narcotraficantes y sus facilitadores, y sostuvo que existe una “conexión mortal entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano”. Además, aseguró que ambas entidades “son una y la misma”.

Durante su intervención, Cole también destacó los resultados obtenidos por la DEA durante la administración del presidente Donald J. Trump y del fiscal general Todd Blanche. Según el funcionario, la agencia incautó más de 568 millones de dosis potencialmente letales de fentanilo como parte de una estrategia orientada a priorizar la seguridad de Estados Unidos.

En su posicionamiento, el gobierno de México recordó que los mecanismos de cooperación bilateral han permitido la detención de diversos objetivos prioritarios requeridos por la justicia estadounidense. Finalmente, reiteró su disposición para fortalecer el trabajo conjunto con Estados Unidos en el combate a las organizaciones criminales transnacionales, siempre bajo los principios de “respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación”.

Ulises Lara López presentó su renuncia a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes oficiales atribuyeron su renuncia a “motivos personales”, pero dentro de la propia fiscalía se menciona que su salida también tiene relación con el revés que sufrió la FGR con la libertad condicional que logró Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el proceso penal que se le sigue por el Caso Agronitrogenados.

La FGR señaló que tras la renuncia de Ulises Lara, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, hará un nuevo nombramiento en la cartera vacía.

Antes de ocupar su cargo como vocero de la FGR, Ulises Lara se desempeñó como fiscal de Morelos y encargado de la Fiscalía capitalina en sustitución de Ernestina Godoy.

Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), obtuvo un doctorado en Derecho por una institución privada previo a ser fiscal encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Previamente, fungió como Director General de Diseño de Estrategias y responsable de la Unidad de Transición de la entonces Procuraduría capitalina.

También es público que Ulises Lara estuvo casado con la ex ministra Lenia Batres Guadarrama.