Siete personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) luego de ser sorprendidas descargando mercancía de un tractocamión sin poder acreditar su legal posesión, durante un operativo de vigilancia realizado en este municipio.

La detención ocurrió como parte de la Estrategia Operativa Zona Oriente. Policías estatales efectuaban recorridos de seguridad sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la comunidad de Las Conchitas, cuando detectaron a varias personas realizando maniobras de descarga de mercancía directamente sobre la cinta asfáltica.

Al aproximarse al lugar, los uniformados tuvieron contacto con cinco hombres —entre ellos un menor de edad— y dos mujeres, quienes bajaban cajas de madera que contenían equipo de gimnasio. Al solicitarles documentación que acreditara la procedencia legal de la carga, indicaron que no contaban con facturas ni documentos que respaldaran su posesión.

Durante la intervención, los elementos de seguridad identificaron que los detenidos habían habilitado una bodega en un predio contiguo, donde ya habían trasladado parte de los equipos para acomodarlos sobre tarimas.

Las siete personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento no se tiene conocimiento de que el tractocamión o la mercancía cuenten con reporte de robo; sin embargo, las autoridades ampliarán las indagatorias para determinar el origen de los equipos y la situación legal de la unidad involucrada.

Derivado de los trabajos coordinados entre elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal de Jilotepec, fueron detenidos un hombre y una mujer aparentemente vinculados con una célula delictiva, además del aseguramiento de una arma larga y cartuchos útiles.

Los hechos ocurrieron luego de que, mediante grupos de coordinación operativa, policías municipales solicitaran apoyo tras recibir el reporte de un vehículo que circulaba sin placas, en la comunidad de Dexcani Bajo, en Jilotepec.

Elementos estatales y municipales implementaron un despliegue operativo en la zona, donde ubicaron la unidad reportada y solicitaron detenerse a través de comandos verbales; a pesar de ello, los tripulantes intentaron evadir la acción policial y lograron darles alcance metros adelante.

Durante la inspección protocolaria, los uniformados aseguraron un arma larga calibre .223 milímetros, un cargador metálico abastecido con cartuchos útiles, así como el vehículo en el que viajaban.

Las personas detenidas fueron identificadas como Elizabeth “N” y Rafael “N”, ambas de 39 años de edad, quienes conforme a los protocolos de actuación y con estricto apego a los derechos humanos, fueron trasladadas y puestas a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica. Las primeras indagatorias arrojaron que los detenidos podrían pertenecer a un grupo delictivo generador de violencia con orígenes en el estado de Michoacán, por lo que se continuará con las investigaciones

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) que había declarado la existencia de violencia política contra la primera regidora del Ayuntamiento de Coyotepec, Brenda Pino Torres al considerar que el conflicto denunciado correspondía al ámbito administrativo y no a la materia electoral.

Cabe recordar que el TEEM había concluido previamente que existió violencia política derivada de la actuación de la entonces directora de administración del ayuntamiento, además de ordenar medidas relacionadas con la sustitución del personal de la regidora y establecer requisitos para la asignación de nuevas personas servidoras públicas.

Sin embargo, la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez sostuvo que el tribunal local se extralimitó en sus atribuciones al intervenir en un conflicto que corresponde a la organización administrativa interna del municipio.

Explicó que la controversia se originó por la falta de sustitución de una persona subordinada a la regidora, situación que, aunque pudiera representar un problema administrativo o laboral, no implicaba por sí misma una vulneración a derechos político-electorales.

La magistrada detalló que la Sala Regional Toluca ha protegido previamente derechos de regidurías cuando existe una carencia absoluta de personal que imposibilita el ejercicio del cargo; sin embargo, puntualizó que en este caso la regidora sí contaba estructuralmente con personas asignadas para apoyar el desempeño de sus funciones, por lo que consideró que no existía una afectación directa al ejercicio del cargo que justificara la competencia de las autoridades electorales.

Además, la Sala estimó indebido que el Tribunal Electoral mexiquense hubiera ordenado requisitos específicos para la contratación y designación de personal municipal, al tratarse de facultades inherentes a la autonomía administrativa de los ayuntamientos.

La magistrada presidenta Nereida Berenice Vélez Vázquez coincidió en que la controversia no actualizaba materia electoral, ya que el problema planteado estaba relacionado con la presunta falta de responsabilidad de una persona contratada como asesora y no con la imposibilidad absoluta de ejercer el cargo de elección popular.

Con la resolución aprobada por unanimidad, la Sala Regional Toluca revocó la sentencia controvertida y declaró inexistente la violencia política decretada en el ámbito jurisdiccional electoral local.

Asimismo, dejó a salvo los derechos de la primera regidora del Ayuntamiento de Coyotepec para que pueda acudir a otras instancias legales si considera vulnerados sus derechos en el ámbito administrativo o laboral.

Además de caso de Coyotepec, la Sala Regional resolvió un recurso de apelación promovido por Morena contra el dictamen del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la fiscalización de ingresos y gastos de 2024 en diversas entidades, entre ellas el Estado de México. En este caso, la Sala confirmó la mayor parte de las conclusiones del INE, aunque revocó parcialmente una sanción relacionada con la comprobación de gastos por adquisición de bienes de activo fijo, al considerar que carecía de debida fundamentación y motivación.

También se resolvió un juicio general, relacionado con una denuncia por presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada en territorio mexiquense, donde se confirmó la resolución del Tribunal Electoral local al considerar que las publicaciones denunciadas no contenían llamados explícitos al voto ni elementos suficientes para acreditar actos anticipados de campaña.

Otro asunto correspondió al juicio de la ciudadanía, promovido por María del Rosario Franco y Hortensia de Jesús Verona, primera y tercera regidora del Ayuntamiento de Chapa de Mota, quienes denunciaron obstrucción del cargo por el cambio de oficinas dentro del ayuntamiento.

La Sala confirmó la incompetencia del Tribunal Electoral mexiquense para conocer del caso, al tratarse de una cuestión administrativa relacionada con la organización interna municipal.

Asimismo, la Sala Regional Toluca analizó el juicio vinculado con la difusión extemporánea del informe de labores de la presidenta municipal de Tenancingo Nancy Nápoles y aunque confirmó que no existían elementos para acreditar actos anticipados de campaña ni promoción personalizada, revocó parcialmente la resolución para que el Tribunal Electoral local analice de manera exhaustiva si existió uso indebido de recursos públicos o afectación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.