La diputada Luisa Esmeralda Navarro adelantó que en el próximo periodo legislativo impulsará el reforzamiento de la iniciativa sobre crímenes de odio en el Estado de México, al considerar que la legislación vigente resulta insuficiente para garantizar justicia y protección efectiva a las personas de la diversidad sexual frente a agresiones motivadas por discriminación, homofobia y discursos de odio.
En entrevista, subrayó que casos recientes como el asesinato de Brian Vicente, regidor de Reynosa y líder de la comunidad LGBT+, evidencian la urgencia de endurecer las sanciones y asegurar que la ley se aplique con todo el peso del Estado contra quienes atenten contra la vida y la integridad de las poblaciones LGBT+.
“No se trata de privilegios, se trata de derechos que históricamente no han sido garantizados en igualdad de condiciones”, sostuvo.
La vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, Lizeth Mejorada instó en legislar leyes contra la discriminación para prevenir crímenes de odio, relacionados con el rechazo, la invisibilización y la opresión
Navarro reconoció que, de las iniciativas que ha presentado en la materia, sólo la tipificación del transfeminicidio ha logrado ser dictaminada, lo que refleja tanto avances como rezagos en la agenda de derechos de la diversidad sexual y firmó que, pese a las resistencias, ha habido diálogo y cabildeo con distintas bancadas para lograr consensos y avanzar con paso firme en el siguiente periodo legislativo.
Uno de los puntos más controvertidos ha sido precisamente la discusión sobre el transfeminicidio, que generó un debate intenso entre las fuerzas políticas, por lo que la diputada señaló que desde algunas bancadas, particularmente Acción Nacional, persiste una visión excluyente sobre las identidades de género, al limitar el reconocimiento únicamente a hombres y mujeres, sin considerar la existencia de hombres trans y mujeres trans.
“Cuando se habla de dignidad humana, debe entenderse como el respeto a todas las personas, sin excepción”, enfatizó.
La legisladora consideró que gran parte de la discriminación y la violencia que derivan en crímenes de odio tienen su origen en la falta de información y sensibilización social, así como en posturas conservadoras que han estigmatizado históricamente a la diversidad sexual. Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer el marco legal, pero también de acompañarlo con políticas públicas de concientización.
En ese contexto, reiteró la importancia de avanzar en una Ley de Diversidad Sexual que obligue a los 125 municipios del Estado de México a contar con áreas especializadas para la atención de las poblaciones LGBT, con el objetivo de prevenir la discriminación desde el ámbito local y generar entornos institucionales más incluyentes.
La activista mexiquense Tanya Vázquez, primera mujer trans en el Valle de Toluca tras realizar su cambio de identidad, reconoció avances legales como la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario, pero advirtió que la comunidad aún vive exclusión laboral, violencia y discriminación social.
En este sentido, señaló que, hasta ahora, solo algunos municipios cuentan con áreas dedicadas a diversidad sexual, y muchas veces estas dependen de otras direcciones como Juventud o DIF; por ello, la ley estatal buscará homologar estas estructuras y garantizar que las poblaciones LGBT+ tengan acceso efectivo a servicios, orientación y protección, reduciendo brechas de inequidad y fortaleciendo la cultura de respeto hacia todas las identidades de género y orientaciones sexuales.
Finalmente, Navarro aseguró que continuará promoviendo espacios de discusión y foros desde el Congreso. Reconoció que los derechos de la diversidad sexual siguen enfrentando resistencias legislativas, aunque confió en que el diálogo político permita destrabar las iniciativas pendientes y consolidar un marco jurídico que garantice seguridad, igualdad y justicia para todas las personas.
