Concluyó el XXV Congreso Estatal Ordinario del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), el primero encabezado por Jenaro Martínez Reyes, Secretario General para el periodo 2024-2027 y al que asistieron cerca de 4 mil Delegados y Representantes Sindicales en respaldo a su nuevo líder.

Luego del desarrollo de las mesas de trabajo la tarde del miércoles, este jueves tuvo continuidad el máximo órgano de gobierno sindical, con la lectura y discusión de los resolutivos en la Asamblea Plenaria de congresistas.

 A lo largo de este congreso, los delegados discutieron y aprobaron las demandas prioritarias para la membresía del SMSEM en cinco áreas: asuntos económicos, asuntos profesionales y de cultura general, asuntos médico-asistenciales, asuntos político-sindicales y asuntos generales.

Los acuerdos derivados de estas mesas de trabajo se integrarán en los pliegos petitorios que el sindicato presentará al Gobierno del Estado de México para el año 2025, en busca de mejorar las condiciones laborales y de bienestar de los docentes afiliados.

En la ceremonia de clausura, Jenaro Martínez Reyes, Secretario General para el periodo 2024-2027, agradeció nuevamente la confianza depositada en su equipo de trabajo y reafirmó su compromiso de seguir impulsando la defensa de los derechos del magisterio estatal, así como dar seguimiento a las demandas presentadas en el congreso.

Martínez Reyes subrayó que trabajará para fortalecer el diálogo con las autoridades estatales y federales, con el fin de atender las necesidades del magisterio en áreas como seguridad social, profesionalización y mejores condiciones económicas.

Dotar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de mayores atribuciones, como propone la iniciativa de reforma constitucional enviada por la Presidencia de la República al Senado, debe también incluir la investigación de las estructuras financieras de las bandas del crimen organizado, señaló el Senador Enrique Vargas del Villar.

La inseguridad que prevalece en todo el país será combatida de mejor manera siempre y cuando el gobierno federal cuente con atribuciones que le permitan enfrentar los brazos financieros de la delincuencia, pues mientras los cárteles y las bandas de delincuentes cuenten con recursos económicos, el combate será inequitativo.

El vicecoordinador del PAN en el Senado destacó que esta iniciativa es de gran relevancia, ya que atiende la principal demanda de la población: la seguridad pública. Asimismo, expresó la importancia de abrir la discusión en la cámara alta con el objetivo de enriquecer la reforma y fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad federal.

En el mismo sentido, señaló que debe incluirse como tema de discusión en el debate de esta reforma constitucional la coordinación institucional que la Unidad de Inteligencia Financiera debe tener con la Secretaría de Seguridad, para aprovechar la información con que cuenta la UIF y así atacar las finanzas de la delincuencia organizada.

Cuando Stephany Zarza recibe la llamada de que llegará un cuerpo, se prepara. Toma sus herramientas, limpia la plancha aunque ya esté reluciente, prepara el maquillaje y se alista mentalmente para recibir a quien debe ser despedido.

Para la joven embalsamadora, cada difunto es único y requiere atención particular. Los recibe como si fueran parte de su familia, les habla, les explica que los va a preparar para que quienes los amaron en vida puedan dejarlos ir, y comienza. Si el cuerpo proviene del Servicio Médico Forense, suele llegar sin ropa, tras haber pasado una autopsia; entonces, ella lo baña con cuidado para eliminar los fluidos que emanan del proceso natural de descomposición.

Un líquido sanguinolento corre mientras el agua aclara. Es el momento de trabajar en el interior del cuerpo.

El proceso de embalsamamiento consiste en aplicar sustancias químicas que detienen temporalmente la descomposición, lo que permite que el cuerpo sea velado en un funeral y a familiares y amigos la oportunidad de verlo por última vez.

Fanny aplica el conocimiento heredado por su familia, dedicada por generaciones a esta labor, complementado por cursos de especialización.

Si el cuerpo ha pasado por una autopsia, vuelve a abrirlo y permite que los gases se liberen para frenar la descomposición. El olor a veces impregna la sala, pero ella está habituada. Con respeto, analiza cada paso: si la víctima sufrió un accidente, su labor de reconstrucción cobra especial importancia.

Trabaja con una cera especial, observa fotografías y moldea con precisión hasta restablecer los rasgos. Para la familia, el último adiós es un momento solemne y, si Fanny logra devolverle dignidad al cuerpo, se siente satisfecha.

“Tengo diez años como técnica embalsamadora, pero éste es un negocio familiar. Hay cuerpos que, a veces, parecen no colaborar, entonces hablo con ellos y siento que me ‘ayudan’ a hacer el trabajo más rápido y mejor. Les digo que pronto estarán con su familia”, cuenta.

Si la persona murió por causas naturales, no hay necesidad de abrir, solo busca una arteria y suministra químicos especiales para la conservación del cadáver.

Conforme avanza, observa señales que revelan aspectos del estilo de vida de la persona y, en algunos casos, el abandono al final. Al ver llagas en la piel de algunos cuerpos, experimenta una mezcla de tristeza y coraje.

Cuando termina de aplicar los agentes de conservación, sutura de nuevo, baña al difunto y trabaja en embellecerlo.

Con crema humectante y un cepillo, busca que el cuerpo reciba el mismo cuidado que tendría un ser querido en vida. Si el tono de la piel está apagado o amarillento, utiliza maquillaje especial, iguala el color para lograr una apariencia natural. Al final, cierra los ojos de la persona; ahora parece que duerme, que la tragedia no ha dejado huella en el rostro.

Los viste con las prendas que los deudos eligieron, aunque reconoce que hay quienes llegan con sin ropa o bien, con prendas rotas. La muerte, sabe, es un reflejo de lo que enfrentamos en vida.

Después de que Fanny interviene, la persona que está en su plancha parece descansar en paz, aunque su partida haya sido trágica.

Para ella, embalsamar es un acto de amor, una manera de suavizar el último adiós para los seres queridos y de asegurar que el difunto se vaya con dignidad.

Aunque no lo creas, como parte del patrimonio de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex) se conservan al menos seis momias de distintos municipios del Valle de Toluca, entre ellas la del Padre Botello, una leyenda que ha llegado a nuestros días y que asombra a propios y extraños.

El Museo Universitario de Historia Natural «Dr. Manuel M. Villada”, ubicado al interior del edificio histórico de Rectoría, es el lugar ideal para resguardar este tipo de piezas, que nos recuerdan esas historias que van entre la vida y la muerte y que se entretejen con la historia oral y las tradiciones.

Estas piezas tienen una amplia historia, ya que hace 128 años fueron donadas al antiguo Instituto Científico y Literario. La colección consta de seis cuerpos momificados, de los cuales cinco (dos mujeres adultas y tres niños) tienen sus orígenes en el municipio de Almoloya de Juárez, según documentos que se resguardan en el Archivo Histórico de la Universidad.

La sexta momia corresponde a un hombre adulto, que según cuenta la leyenda es conocido con el nombre del “Padre Botello”, procedente de acuerdo a la evocación popular, del antiguo cementerio de San Gabriel, de la ciudad de Toluca.

Al respecto, el guía de este museo, Jorge Armando Mata González, destacó la leyenda del “Padre Botello”, que según cuenta fue un sacerdote español de “malos hábitos”, ya que se cree se dedicaba a jugar, apostar y beber, “posiblemente también se robaba el vino de consagrar para su uso personal, de ahí el sobrenombre del ‘Padre Botello’”.

También se dice que llegó a abusar de algunas mujeres, mientras ellas se acercaban a confesarse, lo que originó que vecinos de la comunidad de Acahualco, lo aprendieran y lo tuvieran preso en la Iglesia de El Ranchito.

“Se lo llevan y se desconoce exactamente en qué punto se detienen y lo linchan y presuntamente lo ahorcan, por eso, tiene más inclinada la cabeza al pecho”.

Entre estas piezas también se encuentra una momia de un bebé, que se estima tenia una edad de 6 meses, y la leyenda cuenta que fue víctima de un problema epidémico de disentería, que se presentó en la región de Almoloya de Juárez, en la segunda mitad del siglo XIX.

Explicó que gracias a la conservación natural que se dio como consecuencia de la mezcla entre las sales naturales del suelo y la cal, uno de los elementos principales que se utilizaba al enterrar a los muertos en siglos pasados, es que hoy se pueden conocer estas piezas.

Estas momias presentan un proceso natural o espontáneo de momificación, que se caracteriza por la desecación del cadáver por una evaporación de los líquidos, es decir, del agua en los tejidos, adquiriendo así los restos una coloración parda, al igual que una disminución de volumen y peso del cuerpo.

En el caso de estas momias el color amarillento brillante se debe a la acción de un barniz que se les aplico para mantener su conservación.

Con la finalidad de conocer más sobre estos cuerpos conservados, sin dejar de lado las leyendas que existen sobre su origen, se realiza una investigación científica basándose en aspectos como: condiciones de vida, edad, talla, enfermedades, condición social, entre otros elementos, por tal motivo se lleva a cabo un estudio multidisciplinar, en el que se realizan análisis en parasitología, ADN, tomografía computarizada en 3D y radiológicos, así como estudios etnohistóricos y culturales relacionados con las costumbres, tradiciones de los pueblos de la región y temporalidad en el que estas personas vivieron.

En el Estado de México, de cada 100 delitos que se cometieron en 2023, un promedio de 96.54 quedaron impunes, en especial si se trata de abuso sexual, desaparición, despojo y homicidio.

Esto implica que, en promedio, solo seis de cada 100 delitos cometidos en territorio mexiquense logran iniciar un proceso judicial. Así lo revela el reciente informe ‘Hallazgos 2023: Seguimiento y Evaluación de la Justicia Penal en México’, de la organización México Evalúa, dedicada al análisis, monitoreo y evaluación de políticas públicas en el área de seguridad pública y gasto gubernamental.

Los hallazgos del análisis posicionan al Estado de México como uno de los cinco estados con mayores niveles de impunidad en el país, incluso por encima de la Ciudad de México, que registra un índice de 96.11%.

La estadística refleja que la gran mayoría de los delitos en la entidad permanecen sin resolverse, lo que afecta principalmente a las víctimas y socava la confianza en las instituciones.

El estudio de México Evalúa destaca que los delitos de desaparición, violencia familiar y abuso sexual cometidos en 2023, presentan altos niveles de impunidad.

En el caso de desapariciones, 97.75% de los casos siguen sin resolverse, mientras que en secuestros, el porcentaje de impunidad es de 74.85%. Otros delitos graves como la extorsión y el narcomenudeo también registran índices preocupantes de impunidad, con 94.10% y 97.84%, respectivamente.

En el caso de los feminicidios, la impunidad asciende a 76.19%, lo que significa que, por cada 10 feminicidios, solo dos agresores enfrentan una sentencia.

Delitos como el abuso sexual y el fraude también destacan en esta estadística, con 100% de impunidad y 96.94%, respectivamente.

Estos datos, señala el estudio de México Evalúa, demuestran una falla en el sistema de justicia, donde delitos que afectan gravemente a la población siguen sin tener un seguimiento adecuado ni una resolución final.

El informe también revela una baja tasa de vinculación a proceso en el Estado de México, con solo 63.01% de los casos en el fuero común. En cuanto a la resolución judicial, apenas 17.90% de los casos alcanzan una conclusión para los delitos del fuero común y federal. Según México Evalúa, esta baja tasa de resolución está relacionada con la frecuente dilación en los procesos penales, ocasionada principalmente por la insuficiencia de personal, incluyendo fiscales, defensores públicos y asesores jurídicos.

Las audiencias suelen diferirse de forma repetitiva, especialmente en la etapa intermedia del proceso judicial. Las autoridades atribuyen estos aplazamientos a la falta de personal capacitado y a la falta de preparación de las partes involucradas en los casos, lo que contribuye a que los procesos se extiendan innecesariamente, afectando la resolución de los mismos.

Otro aspecto que destaca el análisis de México Evalúa sobre el sistema judicial en el Edomex es la cantidad de carpetas de investigación que terminan en el archivo temporal. Se señala que 77.14% de las carpetas iniciadas en 2023 fueron archivadas, una cifra que supera la media nacional de 60.56%.

Aunque el archivo temporal debería ser una medida transitoria que permite continuar la investigación en espera de nuevos elementos, en la práctica estos casos suelen permanecer en el olvido, convirtiéndose en asuntos no resueltos.

El estudio señala que, una vez que una carpeta se archiva, es poco probable que sea reactivada, lo que genera un cúmulo de casos que representan una carga en las fiscalías. La decisión de archivar un caso puede estar justificada en algunos escenarios, sin embargo, se recomienda analizar los motivos y tipos de delitos que terminan en esta categoría, para que aquellos que requieren más investigación reciban el seguimiento adecuado.

En aquellos casos que logran llegar a una resolución, las alternativas al juicio se convierten en las opciones más utilizadas. Según el informe, 72.97% de los casos concluidos en el Estado de México optaron por el juicio oral, de los cuales 56.75% resultaron en condenas. En contraste, otros mecanismos como la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios fueron menos comunes, con 10.24% y 6.46%, respectivamente.

El uso de acuerdos reparatorios representa una oportunidad para aliviar la carga en el sistema judicial, permitiendo resolver casos en etapas tempranas de la investigación. Sin embargo, el informe sugiere que las fiscalías deben identificar los casos con posibilidad de solución mediante estos acuerdos para evitar la judicialización innecesaria y así agilizar el sistema penal.

Un desafío adicional para el sistema judicial en el Edomex es la alta cifra de delitos que no se denuncian. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que a nivel nacional, los delitos de extorsión, fraude y robo en transporte público son los que más comúnmente no se denuncian.

En extorsión, 97.4% de los casos no llegan a las autoridades, en fraude 96.5% y en robo o asalto en la vía pública 93.4%.

Detienen a dos personas y aseguran narcóticos en inmuebles ubicados en Nezahualcóyotl y Naucalpan

Estos delitos, considerados de alto impacto en la vida de las personas, no son reportados al Ministerio Público debido a la falta de confianza en las autoridades y la percepción de que no se obtendrá justicia.

Lo anterior genera otras problemáticas, ya que estos casos no se contabilizan formalmente y no forman parte de las estadísticas oficiales, lo que contribuye a perpetuar la impunidad y a dificultar la asignación de recursos para mejorar la seguridad y la procuración de justicia.

El informe ‘Hallazgos 2023’ subraya que a nivel nacional se enfrenta una crisis en su sistema de justicia penal, con una alta carga de trabajo en sus fiscalías y un bajo índice de resolución de casos. Para combatir la impunidad, se recomienda fortalecer la capacidad operativa de las fiscalías, reducir el tiempo de los procesos judiciales y promover el uso de alternativas de resolución temprana de conflictos.

Ante la magnitud de la impunidad, se requiere una transformación estructural que no solo agilice los procesos, sino que también genere confianza en la ciudadanía.