La discusión sobre los nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias mantiene dividido al Congreso y al sector de la radiodifusión, luego de que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) expresara preocupación por los posibles efectos que la regulación podría tener sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Durante el debate, legisladores de oposición, principalmente del PAN y el PRI, señalaron que el proyecto contiene disposiciones que consideran ambiguas y sujetas a interpretaciones discrecionales, lo que, advirtieron, podría derivar en mecanismos de censura para los medios de comunicación.
Los legisladores argumentaron que las reglas propuestas no establecen criterios suficientemente claros para determinar cuándo un contenido podría incumplir con los derechos de las audiencias, generando incertidumbre para concesionarios de radio y televisión.
La CIRT manifestó su preocupación por la posibilidad de que las autoridades puedan determinar de manera unilateral qué información podría considerarse falsa o incumplir con los lineamientos, situación que, afirmó, abriría la puerta a decisiones discrecionales.
Asimismo, el organismo consideró que las sanciones económicas contempladas en la propuesta resultan excesivas para los concesionarios, lo que podría generar un efecto inhibidor en la cobertura informativa y en la libertad editorial de los medios electrónicos.
Por su parte, legisladores de Morena y sus aliados rechazaron que exista una intención de censurar a los medios de comunicación y sostuvieron que el proyecto aún se encuentra en proceso de consulta y análisis.
El bloque oficialista aseguró que el objetivo de la iniciativa es fortalecer la protección de los derechos de las audiencias y garantizar que la población reciba información de calidad, sin afectar el derecho a la libertad de expresión.
Los legisladores oficialistas señalaron que las observaciones realizadas por distintos sectores serán revisadas durante el proceso legislativo antes de que exista una versión definitiva de los lineamientos.
La discusión sobre los derechos de las audiencias ha reavivado el debate entre la protección de los consumidores de contenidos audiovisuales y la garantía constitucional de la libertad de expresión.
Mientras organizaciones del sector radiodifusor solicitan reglas claras y objetivas que eviten interpretaciones discrecionales, el oficialismo insiste en que la regulación busca fortalecer los derechos de la ciudadanía sin restringir el trabajo de los medios de comunicación.
