El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informa que del 23 al 25 de marzo se lleva a cabo un nuevo periodo extraordinario de preinscripción al Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 para educación básica.

Este proceso está dirigido a madres, padres y tutores que no realizaron el trámite en el periodo ordinario, con el objetivo de garantizar el acceso de niñas, niños y adolescentes a un espacio en preescolar, primaria y secundaria para el próximo ciclo escolar.

De acuerdo con el calendario establecido, el registro se realizará el 23 de marzo para preescolar, el 24 de marzo para primaria y el 25 de marzo para secundaria, y durante este periodo todas las solicitudes se atenderán sin distinción de la letra inicial del primer apellido de la o el aspirante.

El trámite deberá realizarse en línea a través de la plataforma oficial https://said.edugem.gob.mx, donde las familias podrán registrar la información de las y los aspirantes y seleccionar las opciones de planteles educativos.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación exhorta a madres, padres y tutores a realizar el trámite en las fechas correspondientes, a fin de asegurar la asignación de un lugar para sus hijas e hijos.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) al 800 696 9696; al Departamento de Información o Sistemas a los teléfonos 722 214 7258 y 722 167 0473; o bien, escribir a los correos electrónicos del subsistema estatal: said.preescolar@edugem.gob.mx, said.primaria@edugem.gob.mx y said.secundaria@edugem.gob.mx.

En coordinación con asociaciones civiles, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) presentará una iniciativa de reforma orientada a brindar certeza jurídica a la operación de los centros de rehabilitación de adicciones; asimismo busca garantizar que el Estado reconozca los procesos de recuperación y reinserción social de las personas con adicciones, con pleno respeto a sus derechos humanos y sin criminalizar esta labor.

Lo anterior se deriva del Foro ‘Escucha y Vinculación con Asociaciones Civiles y Centros de Rehabilitación para la Construcción de Políticas Públicas en materia de Rehabilitación’, celebrado en el Congreso del Estado de México, donde se comprometió a recopilar las propuestas para atender este problema y a diseñar una iniciativa, con la intención de presentarla antes de concluir el actual periodo de sesiones de la LXII Legislatura mexiquense, el próximo 15 de mayo.Política local

Tras señalar que en la entidad el consumo de drogas crece y empieza a edades más tempranas, y que se puede adquirir incluso en escuelas sin que las instituciones se percaten de ello, el diputado Octavio Martínez exhortó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a combatir las estructuras criminales que la venden de manera impune.

Al lamentar que no se le brinde la atención suficiente a esta problemática, reconoció que se agrava más cuando es el Estado lo invisibiliza y criminaliza a las personas consumidoras y adictas, así como a los grupos de ayuda, ya que debería entender y reconocer el papel que estos juegan en la recuperación.

Ante representantes de estos centros de rehabilitación estatales y nacionales, el legislador Martínez Vargas señaló que, a nombre de la bancada de morena y de su coordinador, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, se reconoce la labor de los centros y casas de rehabilitación por el trabajo social en favor de las personas que padecen adicciones.

Luego de indicar que una adicción no es sólo consumir ya que provoca diversas afectaciones como psicopatías, delirios, depresión y agresividad, la diputada Jennifer Nathalie González López (morena), presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social de la LXII Legislatura, abogó por líneas de acción ya probadas en su tratamiento para lograr rehabilitación plena.

Coincidió con el congresista Octavio Martínez en la necesidad de actualizar la legislación estatal para definir políticas públicas que atiendan las adicciones y se pronunció por respaldar a las personas y asociaciones dedicadas a ayudar exitosamente a superar las adicciones, y las llamó a no cometer abusos ni violaciones a los derechos humanos.

En el encuentro, las y los representantes de estas asociaciones coincidieron en pedir al Congreso estatal las condiciones legales necesarias para poder trabajar conforme a la ley y no ser criminalizados, toda vez que muchos de estos espacios sí trabajan con personal calificado y de manera profesional, alcanzando recuperaciones reales.

También solicitaron que se reconozca la labor de los centros operados por personas que han padecido adicciones, ya que lo hacen por convicción; que se validen los convenios con los municipios para permitir su funcionamiento y se reconozcan los ingresos de los residentes en esta condición.

Con el propósito de proteger a las personas mexiquenses y asegurar que los bandos municipales se ajusten a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar los derechos humanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Víctor Leopoldo Delgado Pérez, promovió 80 acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en contra de diversos Bandos Municipales de 2026.

Esta determinación se tomó luego del análisis jurídico de los 125 bandos municipales de la entidad, realizada por la Unidad Jurídica y Consultiva de la CODHEM. De la revisión se advirtió que, en 80 bandos, uno o varios artículos podrían ser contrarios a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, al afectar derechos fundamentales como la seguridad jurídica, el principio de legalidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el principio del interés superior de la infancia y adolescencia.

Entre los principales hallazgos se identificaron multas excesivas y disposiciones que no establecen criterios claros para las infracciones que se aplicarán a los ciudadanos de manera individual. Esto significa que una persona podría ser sancionada sin que la autoridad valore de manera adecuada elementos básicos como la gravedad de la conducta, la reincidencia o su situación económica. Cuando una norma permite castigar sin reglas definidas, se abre la puerta a decisiones arbitrarias, y eso vulnera la seguridad jurídica de las personas.

También se detectaron normas municipales que sancionan conductas que corresponden al ámbito penal, como el maltrato animal, daños al medio ambiente, la discriminación, el uso indebido de los sistemas de emergencia, el quebrantamiento de sellos, el disparo de arma de fuego y ataque peligroso, la exhumación, la trata de personas y conductas contra la dignidad de las personas. En estos casos, el problema es grave: un municipio no puede invadir facultades que corresponden al Congreso del Estado ni crear esquemas que permitan que una misma conducta sea sancionada por dos vías distintas, administrativa y penal, generando incertidumbre sobre qué autoridad puede intervenir y qué sanción procede.

La CODHEM también advirtió disposiciones especialmente preocupantes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, al contemplar la posibilidad de privarlos de la libertad en el ámbito de la justicia cívica. Ninguna norma municipal puede colocarse por encima de la Constitución ni de las leyes que protegen a la infancia. Permitir ese tipo de medidas vulnera el interés superior de la infancia y de la adolescencia, principio que obliga a todas las autoridades a tomar decisiones que prioricen, por encima de cualquier otra consideración, la protección más amplia de sus derechos.

Asimismo, se identificaron supuestos que ya habían sido invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación previamente, mediante sentencia publicada en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, por lo que su reincorporación en normas municipales resulta contraria al orden constitucional y a los criterios ya definidos por el Alto Tribunal.

La facultad de promover estas acciones encuentra sustento en los artículos 28, fracciones I y XVIII, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 88 Bis, fracción III, de la Constitución Estatal; 50, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del artículo 88 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; así como el artículo 26, fracción V, del Reglamento Interno del Organismo.

Los municipios cuyos Bandos Municipales serían impugnados son: Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amatepec, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Axapusco, Ayapango, Capulhuac, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Chapa de Mota, Chiautla, Chiconcuac, Huehuetoca, Hueypoxtla, Isidro Fabela, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Juchitepec, La Paz, Lerma, Luvianos, Malinalco, Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, Ocuilan, Ozumba, Papalotla, Polotitlán, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, San Martín de las Pirámides, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Temamatla, Tenancingo, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Timilpan, Tlatlaya, Toluca, Tonanitla, Tonatico, Tultepec, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xonacatlán, Zacualpan y Zumpahuacán.

Con estas acciones, la CODHEM reafirma que el orden público no puede sostenerse a costa de los derechos humanos. Ninguna autoridad municipal puede imponer sanciones fuera de la ley, invadir competencias que no le corresponden o establecer medidas contrarias a la protección de la infancia y adolescencia. Defender la Constitución también significa impedir que disposiciones locales normalicen abusos o abran espacio a decisiones arbitrarias.