Oficiales de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli atendieron la tarde de este viernes un reporte emitido por el sistema de emergencias C4, sobre un incidente con arma de fuego en la avenida San Francisco de Asís, en la colonia Lomas de Cuautitlán, donde se registraron hechos al interior de un establecimiento, lo que derivó en la movilización de cuerpos de atención inmediata.

Al arribar al sitio, personal de seguridad y servicios de emergencia brindaron atención oportuna, mientras que integrantes de Protección Civil confirmaron que una persona se encontraba sin signos vitales en el lugar. La zona quedó bajo resguardo conforme a los protocolos establecidos y se notificó a la autoridad competente, la cual inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información oficial, se trata de un hecho aislado, por lo que no representa un riesgo para la población en general, en el contexto de la seguridad en Cuautitlán Izcalli.

El gobierno municipal reiteró que mantiene coordinación permanente con distintas instancias para atender este tipo de situaciones y llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, así como a evitar la difusión de rumores.

La explosión por acumulación de gas el colapso de un domicilio particular en el municipio de Coacalco dejado ocho lesionados, una docena de casas afectadas y varios vehículos dañados.

El accidente tuvo lugar la mañana de este viernes en la calle La Magdalena esquina con calle Monterrey en la plazoleta principal de la colonia la Magdalena Huizachitla, en San Francisco Coacalco en el Estado de México, entre el eje 8 y la vía López Portillo.

De acuerdo a los primeros reportes, se trató de una explosión caudada por la deflagración de un tanque estacionario, aunque hay quienes señalan que se trató de una fuga de combustible, pero la onda expansiva causó el derrumbe de parte del techo de la vivienda y una barda dejando daños considerables en viviendas aledañas y en vehículos estacionados en las inmediaciones.

El Director de Protección Civil y Bomberos de Coacalco, Raciel Alí Morales García, señaló que la explosión causó daños en por lo menos 12 viviendas y que ocho personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital de Villa de la Flores para su atención médica.

Agregó que la Fiscalía ya se encuentra en el lugar realizando los peritajes del accidente, señalando que no quedaron personas atrapadas en los escombros y que se va a trabajar en la remoción y revisión de las condiciones de las viviendas afectadas para saber si hay condiciones de que las familias que por el estruendo tuvieron que salir de sus casas puedan regresar con seguridad a sus viviendas.

Al lugar llegaron bomberos de Ecatepec, y Tultitlán, así como personal de la Guardia Nacional, la policía del Estado de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fueron los vecinos los primeros en auxiliar a la familia afectada, cuyos ocupantes del domicilio colapsado fueron rescatados de los escombros.

Se informó que las personas trasladadas al Hospital de Villa de las Flores serían canalizadas a un hospital de especialidades por las quemaduras que sufrieron.

Trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango denuncian múltiples irregularidades, acusan a la directora, Abigail Trujillo Neri, de ser la responsable del hostigamiento laboral. Personal médico y de enfermería argumenta que el trato es muy irracional por parte de la administración.

Los médicos argumentan que, para empezar, en este hospital de especialidades, quien dirige es un médico general, sin experiencia, colocada desde la Secretaría de Salud del Estado de México, lo que resulta en la ineficiencia del servicio médico por decisiones improvisadas; en casos específicos ha seguido otros protocolos de recepción a pacientes.

Además, el personal está incompleto y pasan meses sin el servicio: “No contamos con médicos neonatólogos desde noviembre del año pasado y aun así se atreven a recibir neonatos complicados, situación que provoca que efectivamente no se les dé la atención adecuada, ya que solo contamos con médicos pediatras (…) En ocasiones no tenemos espacio físico en terapias neonatales y aun así reciben embarazos de alto riesgo y prematuros extremos o prematuros complicados”.

Para las enfermeras, el caso se convierte en hostigamiento laboral. Denuncian que el nuevo jefe es recomendado de la directora del HREZ, también médico general, y pretende volver todo el sistema administrativo incluyente por pertenecer a la comunidad LGBTQI+. Aseguran que su desempeño es de un elemento “imponente”, como una “diva”; sus funciones están faltas de principios éticos para manejar un hospital; en algunos casos ha negado las dosis de vacunas de VPH al personal, con el argumento de que son exclusivas para su comunidad.

Coinciden en la misión del hospital y las reglas de la salud misma porque a nadie se le pueden negar biológicos o designarlos a pacientes preferentes, por provenir de recursos públicos. Este tema laboral se viene presentando desde hace dos años con el cambio de la directora.

Denuncian que también ha removido personal para dar los cargos a sus amigos, que en su mayoría son personal sin experiencia ni perfiles adecuados para el puesto; los coloca en jefaturas desde su contratación, cuando la normativa del hospital indica que para tener esos beneficios, el empleado debe contar con una antigüedad de 6 meses y 1 día, disposición que no acata.

A este tema agregan que existe acoso laboral de manera verbal o por mensajes de WhatsApp, de lo que tienen evidencias; toma decisiones sin oficios con sellos oficiales, como marca el protocolo administrativo, hace cambios arbitrarios de turno, de cargo, para provocar el retiro voluntario.

La denuncia tiene la finalidad de que llegue a las autoridades de Salud para que procedan a la investigación; lo hacen por defender el perfil, la estabilidad laboral, pero sobre todo la seguridad de la atención de los pacientes, que ha decaído. Aseguran que hay quejas por parte de las familias de los pacientes.

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la policía municipal y de Fuerza de Tarea Marina, realizaron una intervención operativa en apoyo a la policía de Jaltenco, como parte del operativo Blindaje, en la unidad habitacional Alborada Jaltenco, que dio como resultado la detención de dos personas.

Estas acciones forman parte del convenio de colaboración intermunicipal en materia de seguridad entre Ecatepec, Coacalco y Jaltenco.

Los hechos ocurrieron cuando uniformados de Jaltenco realizaban recorridos de prevención del delito en la unidad citada y detectaron a cuatro sujetos que al parecer realizaron detonaciones al aire y emprendieron la huida, dos en motocicleta y dos a pie para introducirse entre los pasillos de los edificios.

Los uniformados, que forman parte del Grupo de Operaciones Especiales y personal de Marina, realizaban patrullajes de prevención del delito como parte del operativo Blindaje la noche del jueves, cuando fueron alertados sobre una solicitud de apoyo en el municipio de Jaltenco.

Los elementos se trasladaron a calle Península para implementar un operativo preventivo y disuasivo, en apoyo al personal de la policía de Jaltenco.

Como resultado de la intervención fueron detenidos Juan Carlos “N”, de 25 años de edad, y Oswaldo “N”, de 24 años, a quienes se les aseguraron ocho bolsas transparentes con características del cristal y una réplica de arma de fuego.

Tras el aseguramiento, las fuerzas policiales realizaron recorridos de prevención y disuasión en la perferia y seguridad perimetral en los andadores de los edificios de la unidad Alborada Jaltenco.

El comisario de la Dirección de Seguridad Pública de Jaltenco, Pedro Ramírez Pineda, agradeció el apoyo perimetral de la policía de Ecatepec para una intervención oportuna y brindar seguridad a las familias de ese municipio.

Las recientes protestas protagonizadas por líderes e integrantes de centros de rehabilitación conocidos como “anexos” han escalado en el Estado de México, dejando afectaciones importantes en la movilidad tras bloqueos en vialidades clave como Periférico Norte, la Vía López Portillo y la caseta de Tepotzotlán, donde los manifestantes han intensificado su presión ante la falta de respuesta de las autoridades.

Las movilizaciones surgen como reacción a los operativos implementados por instancias estatales, los cuales han derivado en la clausura de diversos anexos bajo el argumento de operar fuera de la normatividad. Los inconformes exigen la reapertura de estos espacios, el cese de lo que consideran acciones arbitrarias y la instalación de una mesa de diálogo directa con autoridades estatales y de procuración de justicia.

El conflicto, sin embargo, va más allá de los cierres. Diversos reportes han señalado que una parte de estos centros funciona sin permisos, sin supervisión sanitaria y en condiciones precarias, lo que ha derivado en denuncias por presuntos abusos, que incluyen maltrato físico, encierros forzados, falta de atención médica adecuada y comida escasa o preparada sin la higiene mínima. Esta situación ha motivado la intervención de autoridades, que sostienen la necesidad de regular o clausurar aquellos espacios que representen un riesgo.

No obstante, quienes operan y respaldan estos anexos aseguran que cumplen una función social que el propio Estado no ha logrado cubrir. Para muchas familias, especialmente de bajos recursos, estos centros representan la única alternativa inmediata para atender problemas de adicción, ante la falta de una red pública suficiente y accesible de rehabilitación.

A esta problemática se suma el señalamiento de autoridades sobre posibles vínculos de algunos anexos con actividades ilícitas, lo que traslada el tema del ámbito de salud pública al de seguridad, incrementando la presión para su regulación.

En medio de este escenario, el cierre de anexos sin una estrategia integral que garantice opciones de atención deja a decenas de personas en incertidumbre, lo que explica la intensidad de las protestas. Lo que hoy se observa en las calles no es únicamente la defensa de estos espacios, sino la expresión de un problema estructural: la ausencia de políticas efectivas en materia de salud mental y adicciones.

Así, mientras continúan los bloqueos y las afectaciones a miles de automovilistas, el reto para las autoridades será encontrar un equilibrio entre la legalidad, la protección de derechos humanos y la necesidad urgente de atender una crisis que, lejos de ser nueva, se hace visible en las vialidades del Estado de México.