El Estado de México ha sido escenario de diversas reformas legales en los últimos años, con un enfoque creciente a corto y largo plazo en la modificación del Código Penal.
El recrudecimiento de penas en el Estado de México es un reflejo del compromiso de las autoridades y del Poder Judicial por garantizar la justicia en la entidad.
Las sentencias vitalicias, aunque reservadas para los casos más graves, pretenden entre otras cosas, enviar el mensaje de que aquellos que cometan delitos de extrema brutalidad serán castigados.
De ahí que autoridades tanto desde el Poder Judicial, como desde la Legislatura, han insistido en que la evolución del marco legal continúa siendo necesaria para asegurar que la justicia se administre de manera equitativa y que las leyes respondan a las realidades sociales en constante cambio.
Desde 2011, el Estado de México ha integrado la pena de prisión vitalicia como la máxima sanción penal. De acuerdo con la jueza Edna Edith Escalante Ramírez, integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, esta pena se ha impuesto mayormente en casos de feminicidio.
La crueldad del crimen, la relación entre la víctima y el perpetrador, y la vulnerabilidad de la víctima son factores determinantes en la decisión de los jueces para aplicar esta pena máxima.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha reportado que desde la introducción de la pena vitalicia, se han dictado 30 sentencias, 26 de las cuales han sido por feminicidio. Este dato coloca al Estado de México como la entidad con el mayor número de condenas de este tipo en el país.
La prisión vitalicia no se reserva exclusivamente para casos de feminicidio; también se aplica en casos de violación que resultan en la muerte y homicidios con circunstancias agravantes. Estos casos son evaluados cuidadosamente por los jueces, quienes consideran factores como la premeditación, la brutalidad del acto, y el grado de relación entre la víctima y el delincuente.
La jueza Escalante Ramírez subrayó que la gravedad de la pena se incrementa cuando el perpetrador se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima, lo que aumenta el grado de culpabilidad.
Otros factores incluyen el tiempo, modo, lugar del delito, y los medios utilizados. Por ejemplo, en el caso de Andrés Mendoza, conocido como el Monstruo de Atizapán, la acumulación de sentencias por múltiples feminicidios resultó en una pena efectiva de por vida, a pesar de que no se impuso una sentencia única de prisión vitalicia.
Casos como los de Óscar García Guzmán y Juan Carlos Hernández, conocidos como los monstruos de Toluca y Ecatepec respectivamente, también han demostrado la aplicación rigurosa de la ley, aunque no todos recibieron una sentencia vitalicia, las penas acumuladas hacen que su salida de prisión sea prácticamente imposible.
El marco legal actual en el Estado de México permite a los jueces una cierta flexibilidad al imponer penas, basándose en las circunstancias particulares de cada caso. Esta capacidad de adaptación es crucial para garantizar que las penas sean proporcionales a la gravedad del delito, aunque plantea desafíos en términos de garantizar la coherencia y previsibilidad en las sentencias.
Desde hace varios meses, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), ha señalado la necesidad de reformar el Código Penal mexiquense para adecuarlo a las realidades actuales.
Entre las propuestas están la incorporación de nuevas figuras penales como la violencia ácida y el trans feminicidio, y la eliminación de ciertos delitos que se consideran obsoletos.
El magistrado también abogó por un Codigo Penal más moderno, práctico y fácil de aplicar, que elimine los tecnicismos legales que a menudo dificultan la justicia.
La propuesta de reforma, que se espera sea presentada al nuevo Congreso Local, busca construir una política criminal basada en un marco legal claro y efectivo, adaptado a las necesidades de la sociedad.
Sodi Cuellar ha destacado que uno de los objetivos principales de la reforma es simplificar y clarificar el código, de modo que sea más accesible tanto para los operadores de justicia como para la ciudadanía en general.
La expectativa es que un código penal más moderno y coherente no solo facilite la labor de los jueces y fiscales, sino que también brinde una mayor seguridad jurídica a las víctimas y sus familias.
La Legislatura del Estado de México ha jugado un papel clave al aprobar diversas reformas al Código Penal, muchas de ellas propuestas por legisladores de Morena.
Entre las reformas más destacadas se encuentran las que tipifican el delito de robo de mobiliario urbano, sancionan a los servidores públicos que coadyuven a la usurpación de funciones, y posibilitan la querella en delitos como el robo o abigeato cuando son cometidos entre familiares.
Estas reformas, aunque no directamente relacionadas con los delitos que llevan a una sentencia vitalicia, reflejan un esfuerzo más amplio por parte de la Legislatura para fortalecer el marco legal del estado.
Las iniciativas aprobadas en 2023, que incluyen sanciones más severas para delitos que afectan directamente la infraestructura pública y la seguridad de los ciudadanos, son un ejemplo de cómo se está intentando responder a las demandas de una sociedad cada vez más preocupada por la seguridad y la justicia.
De acuerdo con el análisis de la Página Marcaje Legislativo, de más de mil 500 iniciativas presentadas por los diputados mexiquenses, la mayoría se centró en reformas al Código Penal del Estado de México.
Uno de los casos más recientes que ha captado la atención pública es el de Lev Norman, un joven que fue sentenciado a cadena perpetua por el feminicidio de Lucero Hidalgo, ocurrido el 3 de octubre de 2022 en San Mateo Atenco. Este crimen conmocionó a la comunidad no solo por la brutalidad con la que fue cometido, sino también por el intento de encubrirlo.
Lev Norman ingresó a la vivienda de Lucero, donde la atacó y la asesinó. El crimen fue descubierto cuando el hermano de Lucero, Geovanny, llegó a la casa y sorprendió al asesino. Geovanny fue herido en la mano durante un enfrentamiento con Norman, quien huyó del lugar. La escena que siguió a la captura de Norman, vestido con la ropa de su víctima y cargando partes de su cuerpo en una bolsa, fue aterradora para todos los involucrados.
El padre de Lucero, Guillermo Hidalgo, expresó su alivio por la sentencia, afirmando que la condena de Norman impedirá que vuelva a hacerle daño a otra mujer. Sin embargo, la familia de Lucero sigue lidiando con el trauma del feminicidio.
La falta de apoyo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), donde estudiaba Lucero, ha sido un punto de amargura para la familia, quienes denunciaron que la institución brindó más apoyo al padre del feminicida, un científico de la universidad, que a ellos.
Este caso ha puesto de relieve no sólo la necesidad de justicia, sino también las deficiencias en el apoyo institucional a las víctimas y sus familias.
Otro caso destacado es el de Uriel Núñez Martínez, un ex Policía Auxiliar de la Ciudad de México, quien recibió una sentencia vitalicia por su participación en un ataque armado que resultó en la muerte de dos personas y dejó a una menor gravemente herida. Los hechos ocurrieron el 12 de junio de 2023 en la colonia La Joya, en el municipio de Chimalhuacán.
Es así que Núñez, junto con un cómplice, atacó a tres personas en una vivienda, dejando un rastro de destrucción que conmocionó a la comunidad.
La investigación reveló que Núñez había abandonado sus deberes como policía para llevar a cabo el ataque, lo que agravó aún más su culpabilidad ante los ojos del tribunal. Este caso es un ejemplo de cómo las autoridades judiciales han comenzado a aplicar con mayor rigor las sanciones para aquellos miembros de las fuerzas del orden que traicionan su deber, una tendencia que se ha fortalecido en el Estado de México para combatir la impunidad.
El caso de Cristopher Bryan Álvarez Paniagua también resultó en una sentencia vitalicia. Álvarez fue condenado por el feminicidio de Andrea Cañeda Salgado, quien fue asesinada en un hotel de Nezahualcóyotl en marzo de 2021. El proceso judicial que culminó con la sentencia fue largo y arduo, con la familia de Andrea luchando incansablemente para que se hiciera justicia.
El crimen fue descubierto cuando el cuerpo de Andrea fue hallado por el personal del hotel, lo que desencadenó una investigación que terminó con la captura y condena de Álvarez. La sentencia incluyó una orden de reparación del daño por un millón 300 mil pesos, un pequeño consuelo para la familia que perdió a su hija. Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan las familias de las víctimas para obtener justicia, y cómo la presión social y la persistencia pueden ser cruciales para lograr que se impongan las penas más severas.
El tema de incrementar penas y llegar a los extremos, ha sido también oportunidad para que en campañas algunos partidos o candidatos consideren las más radicales sanciones.
El PRI y el PVEM durante varios años consideró necesaria la prisión vitalicia, pena de muerte y cadena perpetua, incluso actores políticos como “El Broco”, habló de cortar la mano a los corrupción, lo cierto es que en el caso de la entidad mexiquense la aplicación de más años de cárcel ha avanzado de forma paulatina en distintos delitos, habrá que esperar si en los próximos años es reformado en su totalidad el Código Penal tal y como lo plantea el titular del Poder Judlcisl y algunos legisladores mexiquenses.
