Una explosión registrada en un taller clandestino de pirotecnia dejó como saldo una persona muerta en un predio ubicado en la colonia Amado Nervo, en el municipio de Tultepec. Se trata del segundo estallido de este tipo registrado en lo que va de 2026.

De acuerdo con fuentes de la policía estatal, el incidente ocurrió minutos después de las 11:00 horas, cuando una fuerte detonación sacudió la zona.

Vecinos del lugar señalaron que escucharon un potente estruendo, seguido de un ligero movimiento en sus viviendas. Al salir para verificar lo ocurrido, se percataron de que se trataba de una explosión en un inmueble donde presuntamente se fabricaba y almacenaba juguetería pirotécnica a base de pólvora.

El estallido ocurrió en un predio ubicado en la calle Rosario Castellanos, esquina con Hombres Ilustres, hasta donde acudieron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos.

Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron el fallecimiento de Marco Antonio “N”, de 38 años de edad, quien presuntamente se encontraba en el sitio al momento de la explosión.

El taller quedó completamente destruido y, de acuerdo con los primeros reportes, operaba de manera clandestina, sin contar con la autorización para la manipulación de explosivos que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además, el inmueble se encontraba dentro de una zona habitacional.

En Tultepec, la zona conocida como La Saucera, ubicada en el poblado de Xahuento, cerca del Circuito Exterior Mexiquense, es el área autorizada por la Sedena para la fabricación y almacenamiento de pirotecnia.

Tras el incidente, en redes sociales algunos usuarios expresaron su preocupación por la fabricación de pirotecnia en viviendas.

“Siempre con la excusa de que es su sustento de trabajo, pero en realidad se exponen y de paso a sus vecinos. Medio Tultepec trabaja la pirotecnia en sus casas, muy mal, nadie hace prevención”, señalaron algunos comentarios publicados en plataformas digitales.

Con este hecho, sumán dos explosiones en talleres de pirotecnia en lo que va de 2026, con dos personas fallecidas.

El pasado 2 de febrero, una explosión en un polvorín clandestino dejó una persona muerta en el Barrio Santa Isabel, también en Tultepec.

El estallido ocurrió alrededor de las 12:30 horas en un inmueble ubicado en la calle Cuitláhuac, donde presuntamente se elaboraba pirotecnia.

Cerca de las dos de la mañana, dos vehículos le cerraron el paso a un tráiler en la Autopista Chamapa-Lechería, en el municipio de Naucalpan, el operador al ver a varios sujetos armados intentó echarse de reversa, pero fue asesinado.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 20+200, con dirección a Toluca, y debido a que la víctima viajaba acompañada fue que la Guardia Nacional y equipos de emergencia llegaron al sitio.

De acuerdo con el acompañante de la víctima, los sujetos dispararon al parabrisas y la ventanilla del conductor por lo que lo hirieron y posteriormente huyeron.

Minutos más tarde, personal de la Guardia Nacional, Guardia Civil y unidades de emergencia llegaron al sitio, sin embargo, el hombre había muerto.

La zona fue acordonada y resguardada por al menos siete horas, hasta el arribo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes iniciaron la indagatoria correspondiente.

Durante las labores periciales que se extendieron por un lapso de media hora, la circulación se cerró en su totalidad hacia Toluca, lo que dejó un rezago vial de más de tres kilómetros.

Por estos hechos, las autoridades no reportan personas detenidas.

La defensa del agua en la comunidad de San Sebastián Atlatelco, en Zumpango, llegó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, luego de que habitantes y organizaciones de derechos humanos promovieran un juicio para obligar al ayuntamiento a entregar información oficial sobre obras hidráulicas que se realizan en la zona.

El recurso legal corresponde al juicio administrativo 627/2025, radicado en la Tercera Sala Regional con sede en Tlalnepantla de Baz.

A través de este proceso, la comunidad busca conocer con precisión el alcance de los trabajos en la red de agua y confirmar que no afectarán el sistema comunitario que históricamente abastece a la localidad.

En entrevista, el coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), Antonio Lara Duque, explicó que la acción legal surgió luego de que el gobierno municipal se negara a entregar documentación sobre la infraestructura hidráulica.

“El ayuntamiento ha señalado públicamente que las obras no afectan el agua de la comunidad, pero esa afirmación no está respaldada con información oficial. Se solicitó la documentación correspondiente y, al no ser entregada, se promovió el juicio administrativo”, explicó.

El litigio, dijo, se sustenta en el derecho humano de acceso a la información y busca dar certeza jurídica a los habitantes sobre la distribución y administración del agua en San Sebastián Atlatelco.

La preocupación de los pobladores surgió con los trabajos de ampliación de red en la zona, lo que derivó en movilizaciones de vecinos y del Comité de Agua Potable comunitario, quienes consideran que las obras podrían representar una intervención en el sistema que administra el recurso en la localidad.

Los pobladores realizaron recientemente una protesta sobre la carretera Zumpango–Los Reyes para exigir respeto al sistema comunitario de agua y transparencia sobre los trabajos hidráulicos, pero fueron agredidos por un grupo de choque.

El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zumpango (ODAPAZ) aseguró que dichas obras “no tienen ninguna injerencia ni invaden la red o el pozo que abastece a la comunidad de San Sebastián”, y sostuvo que la ampliación responde a solicitudes de usuarios y establecimientos comerciales que requieren suministro constante de agua.

Sin embargo, representantes comunitarios y defensores del agua consideran que esas afirmaciones deben ser respaldadas con documentación oficial.

“La comunidad no está pidiendo otra cosa más que transparencia. Si el municipio asegura que no afectará el suministro, lo que corresponde es que entregue la información técnica para demostrarlo”, señaló Lara Duque.

El defensor explicó que el conflicto tiene un contexto regional marcado por la creciente presión sobre los recursos hídricos y el crecimiento urbano acelerado en municipios como Zumpango, donde en la última década se han desarrollado grandes conjuntos habitacionales y zonas comerciales que incrementan la demanda de agua.

Con el propósito de robar el vehículo de la víctima y provocar su muerte, Cristhoper Enríquez Serrano fue sentenciado a 47 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio. Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) quien, luego de acreditar la participación, obtuvo la sentencia en su contra por hechos registrados en el municipio de Tecámac.

Los hechos ocurrieron el 23 de octubre del 2018, cuando la víctima se encontraba en compañía de otra persona a bordo de un vehículo, que se encontraba estacionado en una vialidad del fraccionamiento Los Héroes Tecámac, cuando el hoy sentenciado y otros dos sujetos arribaron al sitio a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con la investigación de lo suscitado, uno de los sujetos que acompañaba al hoy sentenciado sacó un arma de fuego y la accionó en contra de la víctima, ocasionando su muerte, mientras Cristhoper Enríquez Serrano golpeaba la ventanilla de la puerta del vehículo con la intención de abrirlo; un tercer sujeto, esperaba a bordo de la motocicleta.

Cristhoper, al fallar en su intento de abrir el vehículo, huyó del sitio con los otros dos sujetos a bordo de la motocicleta.

Luego del conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició la investigación correspondiente que permitió recabar los elementos de prueba necesarios para que una autoridad judicial otorgara una orden de aprehensión en contra de Cristhoper Enríquez Serrano por su probable participación en el delito de homicidio.

Una vez cumplimentado este mandamiento judicial, el detenido fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social estatal, donde quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien, luego de analizar los datos de prueba presentados por esta Institución, determinó la responsabilidad de Cristhoper Enríquez Serrano en el delito de homicidio en agravio de una víctima, ilícito por el cual fue sentenciado a permanecer en prisión; además, se le impuso una multa por 143 mil 065 pesos, 176 mil 524 pesos como reparación del daño y sus derechos civiles y políticos fueron suspendidos.