En el país hay varios delitos electorales que se sancionan con diversas penas, las cuales pueden llegar hasta los 15 años de prisión, dependiendo de la gravedad y que pueden ser denunciados ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales.

Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales fue publicada en mayo del 2014 y busca establecer los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno; así como proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular.

Entre las conductas que constituyen un delito electoral se encuentra el uso de bienes o servicios públicos en una campaña, el condicionamiento de servicios públicos y programas sociales con motivos electorales, la compra o coacción del voto, la intimidación durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas, rebasar los montos legales o usar dinero ilícito en campañas.

También destruir o dañar el material electoral, incumplir con la rendición de cuentas, publicar encuestas fuera de los tiempos autorizados, inducir el voto siendo ministro de culto, alterar los datos de la credencial para votar, del Registro Federal de Electores, el padrón electoral o el listado nominal.

En el caso de personas servidoras públicas que cometan cualquier delito electoral, además de la sanción correspondiente se les impondrá una inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal y municipal de dos a seis años, y en su caso, la destitución del cargo.

Hasta tres años de prisión

Se prevén de seis meses a tres años de prisión y de 50 a 100 días multa a quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos, a quien lo haga más de una vez en una misma lección, a quien realice proselitismo o presione electores el día de la jornada electoral para tratar de orientar su voto o para que se abstenga de emitirlo.

También a quien obstaculice o interfiera el desarrollo de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o las tareas de funcionarios electorales; así como a quien introduzca o sustraiga de las urnas, de manera ilícita, boletas electorales, introduzca boletas falsas o solicite declaración firmada sobre la intención o el sentido del voto. La pena aumentará al doble cuando se ejerza violencia contra funcionarios electorales.

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La pena aplicará además a quienes recojan en cualquier tiempo credenciales para votar, a quienes retengan durante la jornada electoral una o más credenciales, a quienes soliciten votos a cambio de dinero u otra contraprestación, o a través de violencia, amenazas o presiones para asistir a eventos proselitistas, votar o abstenerse de hacerlo por alguna candidatura, partido o coalición durante la campaña el día de la jornada electoral, o en los tres días previos a la misma.

La sanción también aplica a quienes amenacen con suspender los beneficios de programas sociales, por no participar en eventos proselitistas, por votar a favor de alguna candidatura, partido o coalición, o para que se abstengan de hacerlo.

Otras conductas que también se sancionan con esa pena son solicitar u ordenar evidencia del sentido del voto o violar el derecho a emitirlo en secreto, votar o pretender hacerlo con una credencial de la que no sea titular, organizar reuniones o transporte de votantes el día de la jornada electoral para tratar de influir.

Asimismo, apoderarse, destruir, alterar, poseer, vender o suministrar de manera ilegal materiales o documentos públicos electorales equipos o insumos para la elaboración de credenciales para votar u obstaculizar o interferir en el traslado y entrega de paquetes y documentos públicos electorales. También impedir la instalación o clausura de una casilla, y si lo hacen personas armadas la pena aumentará hasta en una mitad.

Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial quienes publiquen o difundan encuestas o sondeos de opinión, realicen actos que provoquen temor o intimidación en el electorado o perturben el orden o libre acceso a la casilla estarían cometiendo un delito, y si lo hacen personas armadas, la pena aumentará hasta en una mitad.

También a quien abra los paquetes electorales, retire los sellos o abra los lugares donde se resguarden, proporcione fondos del extranjero a algún partido, coalición o candidatura para apoyar actos proselitistas, expida facturas o documentos comprobatorios de gastos de partidos o candidaturas con costos alterados.

Asimismo a quienes usurpen el carácter de funcionarios de casilla, o provean bienes y servicios de campañas sin formar parte del padrón de proveedores autorizado.

Seis años de prisión

Hasta seis años de prisión por alterar, sustituir, destruir, comercializar o hacer uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, el padrón electoral o la lista de electores, a quien se abstenga de cumplir con las obligaciones propias de su cargo en perjuicio del proceso electoral.

También a quien obstruya el desarrollo normal de la votación, altere resultados electorales, sustraiga, destruya boletas o documentación electoral, a quien no entregue o impida la entrega de documentación o material electoral y a quien induzca o ejerza presión sobre electores para votar o abstenerse.

La sanción aplica además por instalarla en un lugar distinto al legalmente señalado, impedir su instalación, a quien expulse y ordene el retiro de la casilla de representantes de partidos o de candidaturas acreditados, a quien permita la emisión de un voto que no cumple con los requisitos, a quien divulgue noticias falsas, o realice funciones electorales que no le hayan sido encomendadas.

Además, se impondrán de 100 a 200 días multa y de dos a seis años de prisión al funcionario partidista o candidato que ejerza presión o induzca electores a votar, o a abstenerse de hacerlo el día de la elección, o en los tres días previos, a quien realice o distribuya propaganda electoral el día de la jornada electoral, a quien sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales, a quien obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores.

Igualmente a quien divulgue noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o de sus resultados, a quien impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, el escrutinio cómputo traslado y entrega de paquetes, a quien se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de gastos.

A quien durante la preparación de la elección o la jornada electoral solicite votos a cambio de dinero, a quien oculte, altere o niegue información legalmente requerida o altere facturas.

Hasta nueve años de prisión

Se impondrán de cuatro a nueve años de prisión y de 300 a 600 días multa a quien utilice bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza presión al electorado para votar o abstenerse de hacerlo.

La Ley prevé de uno a nueve años de prisión a quien rinda información falsa de los recursos y bienes públicos de los partidos o agrupaciones que hayan perdido su registro, no transmitan la propiedad o posesión de los bienes adquiridos con financiamiento público, o done el patrimonio del partido o agrupación política que haya perdido su registro.

Asimismo, se prevén sanciones de 200 a 400 días multa y de dos a nueve años de prisión a personas servidoras públicas que coaccionen o amenacen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas, voten o se abstengan de hacerlo por alguna candidatura, partido o coalición, a quienes condicionen la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones o la realización de obras a votar por alguien, o abstenerse.

También a quien destine, utilice o permita el uso ilegal de fondos y servicios públicos, o solicite a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a alguien, y a quien niegue la información solicitada por la autoridad electoral.

De igual forma, se impondrán hasta nueve años de prisión a la persona servidora pública que en el proceso electoral use o permite el uso de recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales para incidir en el electorado y posicionarse o posicionar a alguien y la suspensión de derechos políticos hasta por seis años a quienes tras ser electos no se presenten, sin causa justificada, a desempeñar su cargo.

Hasta 15 años de prisión

También se impondrán hasta 15 años de prisión a quien realice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de alguna candidatura, partido o coalición, cuando exista una prohibición legal, o cuando sean fondos o bienes ilícitos o rebasen los límites legales.

Ministros de culto

La ley establece multas de 100 a 500 días a ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o en el ejercicio del culto religioso presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o a abstenerse de hacerlo por alguna candidatura, partido o coalición.

Ex funcionarios

Otra sanción es de 400 a 800 días multa a quienes habiendo ocupado magistraturas electorales, consejerías electorales, secretarías ejecutivas del INE o cargo equivalente en los órganos locales desempeñen o sean designados en cargos públicos por los poderes Ejecutivo o Legislativo en una elección que hayan calificado, o donde hayan participado.

De igual forma se sancionan los delitos de violencia política contra las mujeres.

Por abuso en el consumo de metanfetaminas, mariguana, opiáceos, alucinógenos, sedantes y la mezcla de múltiples drogas, cada vez más adolescentes y jóvenes terminan en los servicios de urgencias del país.

Durante 2023, poco más de 19 mil personas de 10 a 29 años fueron atendidas de emergencia por consumir sustancias psicoactivas, esto es 5.7 por ciento más que las 18 mil auxiliadas durante 2018 y 36.7 por ciento más que las casi 14 mil tratadas durante 2012.

Las urgencias juveniles por abuso de drogas estimulantes –entre ellas las metanfetaminas– fueron las que más crecieron al dispararse 1,350 por ciento entre 2012 y 2023. Según datos de la Dirección General de Información de la Secretaría de Salud (DGIS), pasaron de 109 a mil 580 casos, en sólo 11 años.

En el mismo período se triplicó el número de adolescentes y jóvenes que llegaron de emergencia al hospital por consumir cannabinoides (256 por ciento), opiáceos (225 por ciento) y sedantes o hipnóticos (224 por ciento).

​Los registros oficiales también revelan un incremento de 396 por ciento en las urgencias médicas de jóvenes que combinaron drogas diferentes, pasando de mil 045 a 5 mil 182 eventos entre 2012 y 2023.

Las atenciones hospitalarias por uso de alucinógenos subieron 108 por ciento; y por cocaína, 90 por ciento.

​En cambio, las urgencias médicas por abuso de alcohol, aunque siguen siendo cuantiosas, cayeron 24 por ciento.

A decir de Angélica Ospina-Escobar, investigadora del Programa Política de Drogas A.C. y colaboradora de International Crisis Group, estas cifras están subestimadas ya que la población adicta tiene dificultad de acceder a los servicios hospitalarios por las condiciones de estigma, discriminación y criminalización que enfrentan.

“Quienes llegan a urgencias son los menos, porque necesitan haber pasado por un montón de barreras. Por ejemplo, las ambulancias no siempre quieren levantar a la gente que vive en situación de calle o a la más vulnerable, que es la gente con más riesgo de sobredosis, porque consumen sustancias de menor calidad”, señala la especialista.

Aun así, “lo que vemos en los datos es que sí hay un aumento muy importante tanto en las muertes como en las urgencias por consumo de sustancias”.

Las urgencias médicas no son un indicador para saber en qué punto está el consumo de estupefacientes a nivel nacional, o si este ha crecido o no, pero sí ofrecen un panorama de las consecuencias asociadas a su abuso.

Aunque el alcohol sigue siendo la principal sustancia por la que los jóvenes llegan a urgencias, cada vez hay más casos de sobredosis por otras drogas.

En 2012, 78 de cada 100 adolescentes y jóvenes que llegaban al hospital por abuso de sustancias lo hacían por beber alcohol. Casi cuatro quintas partes. El año pasado la proporción bajó a 43 de cada 100, menos de la mitad de los eventos de emergencia.

En paralelo, el uso de metanfetaminas y otros estimulantes pasó de representar menos de uno por ciento de todas las urgencias juveniles hace 11 años a 8.3 por ciento en 2023. Y las urgencias por la mezcla de estupefacientes pasaron de 7.5 a 27.2 por ciento del total.

​El consumo de cannabis, opiáceos, sedantes y cocaína también constituyen hoy una mayor proporción de las urgencias en relación a lo que representaban hace poco más de una década.

El resultado es que actualmente más de la mitad de las urgencias médicas juveniles por abuso de sustancias se debe al consumo de drogas ilícitas, principalmente metanfetaminas.

Alma Díaz, subdirectora del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, indica que “ha habido una transición epidemiológica, donde se traslada sobre todo el consumo de mariguana hacia el consumo de metanfetaminas o estimulantes de tipo anfetamínico”.

En el diagnóstico coincide José Ángel Prado, director de Operación y Patronatos de Centros de Integración Juvenil (CIJ), quien advierte “un aumento impresionante de consumo de metanfetaminas de tipo cristal” entre los pacientes que solicitan tratamiento en esos centros.

La información con la que cuenta Prado sobre los pacientes que atienden los CIJ es distinta al de las urgencias médicas, aunque revela la misma realidad preocupante: los jóvenes cada vez consumen drogas más duras y lo hacen con mayor frecuencia, lo que se traduce en un mayor daño.

“La gran preocupación, donde sí hemos visto un cambio radical, es el daño en los pacientes consumidores. Hace 15 o 20 años veíamos una gran cantidad de jovencitos experimentadores de mariguana, alcohol y tabaco que llegaban a servicios de tratamiento… Ahora estamos viendo mayor severidad en el consumo de sustancias y un mayor daño en pacientes.

“Por ejemplo, en consumidores de cristal (vemos) una gran cantidad de trastornos mentales: trastornos psicóticos que antes los CIJ casi no veían, personas que vienen agitadas, violentas, alucinando, con depresión, trastornos de ansiedad más severos y aumento de ideación suicida”, alerta el especialista.

Prado también destaca que en los últimos años se ha dado un repunte en el consumo de cocaína y un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas por parte de mujeres adolescentes, que ya iguala al de los hombres.

Para el directivo de los CIJ, el incremento en el consumo de sustancias ilícitas, especialmente las de origen sintético, tiene que ver con la pérdida de percepción de riesgo, la facilidad para conseguir las sustancias y el aumento de la tolerancia social. “Esos tres factores son fundamentales para que el consumo de sustancias se dispare.”

Aunado a la popularidad y facilidad para adquirirlas, también influye que es muy barato producirlas en grandes cantidades. Además, agrega Prado, “hay una gran presión por parte de los grupos de la delincuencia organizada para que se venda y se consuma”.

El pasado 6 de marzo, Evalinda Barrón, directora de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), de la Secretaría de Salud federal, reconoció el aumento en el consumo de drogas sintéticas debido a su bajo costo y alta disponibilidad.

“Ahí tiene el consumo de cristal y metanfetamina, que, en efecto, ha aumentado considerablemente el consumo y tiene que ver con los costos y con la accesibilidad, y factores de riesgo sociales, económicos, políticos, de violencias que hay en el país”, dijo durante la presentación del informe 2023 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

El Instituto Nacional Electoral seleccionó la muestra de las casillas, de las que se recibirán los resultados de la votación el 2 de junio para poder estimar esa misma noche, las tendencias sobre quién ganó la presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno, las ocho gubernaturas y la mayoría en el Congreso de la Unión, con intervalos de 95 por ciento de confianza.

Con un sistema matemático, las más de 170 mil casillas que se instalarán en todo el país se dividieron en estratos representativos de toda la población, con la misma posibilidad de ser seleccionadas.

Tras un proceso de casi cuatro horas, el sistema aleatorio seleccionó siete mil 500 casillas en todo el país para la muestra de la elección presidencial; para el Senado, mil 600 casillas divididas en las 32 entidades; para diputaciones federales, cuatro mil 620 casillas divididas en 300 distritos federales.

Para la gubernatura de Chiapas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se tomaron 600 casillas de todos los distritos electorales; para Guanajuato y Jalisco 500 casillas, para Puebla 450, en Veracruz y Yucatán 350 casillas, y en Morelos y Tabasco 200.

Ante las especulaciones en redes sociales, la consejera Carla Humphrey aclaró el nivel de secrecía con el que se maneja esta muestra que incluso, nadie conoce el bloque completo seleccionado, pues las tres llaves en las que se resguarda, está fragmentado.

De esta manera, sólo se informe directamente a los Capacitadores Asistentes Electores la casilla que deberán informar para el Conteo Rápido y se conoce la muestra completa que se debe recibir, al momento del cierre de casillas.

“Se garantizará la secrecía, desde este momento que se obtenga la muestra, nadie conocerá por completo la muestra, sino que será resguardad por tres claves que tendrán tres personas distintas para que nadie conozca esta muestra por completo, se hará llegar a las vocalías mediante nuestro secretario técnico del COTECORA, el director Ejecutivo del Registro Federal de Electores a las vocalías de organización para que den a conocer a los CAES cuáles son las casillas muestra”.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei destacó que el Conteo Rápido “es una herramienta crucial para la transparencia y la confianza en nuestras elecciones, en nuestros resultados electorales basados en métodos científicos rigurosos”.

Y recalcó que esto no sólo brinda certeza a la ciudadanía y a los actores políticos, sino que también fortalece la democracia y respalda la confianza en el sistema electoral.

«El domingo 2 de junio en la noche, una vez concluida la elección y en el momento en que así lo determine el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, en mi calidad de consejera presidenta haré públicos los rangos de votación de cada candidatura a la presidencia de la República y las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión».

«Mientras que las presidencias locales harán públicos los rangos a sus gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno».

Taddei concluyó su mensaje reconociendo la labor del COTECORA que trabaja durante meses para diseñar un método estadístico, científico y matemático que permita ofrecer a la ciudadanía resultados certeros, los únicos confiables esa noche de las tendencias que se confirmarán cuando se den los Cómputos Distritales con resultados definitivos.

“Todos por igual, ponen al frente su prestigio, no han fallado en procesos electorales anteriores y este proceso electoral no será la excepción, está todo dispuesto para que con la selección de la muestra podamos salir airosos con tendencias irreversibles”.

El consejero Jaime Rivera también respaldó este reconocimiento, pues recordó que las tendencias de los Conteos Rápidos nunca han fallado, por lo que son el método más confiable y auténtico.

“Se trata de un trabajo institucional complejo, muy bien armado, muy bien articulado, que combina una larga experiencia que ya tiene este instituto desde que era Instituto Federal Electoral y que ha refrendado como INE, con la participación de nuevos integrantes del Comité que le inyectan innovación, participación y que refuerzan la calidad de este trabajo”.

Carla Humphrey recordó que las estimaciones se darán a conocer cuando el Comité Técnico lo decida y aclaró que, aunque la Presidencia de la República es la prioridad, pueden darse a conocer otros de manera previa.

“Será el mismo día de la jornada electoral, cuando el Comité Técnico Asesor tenga las remesas completas de información, nos diga que las tendencias de resultados ya son irreversibles y cuando ellos y ellas nos digan que ya se pueden dar a conocer estos resultados es cuando los daremos a conocer, no antes.

“Se darán a conocer todos los resultados, sin importar que haya un traslape o no haya un traslape, es importante que se sepa y que no hay un orden de cómo se podrá salir, depende de cómo vayan llegando las muestras, a todos nos gustaría conocer primero el de la Presidencia de la República, pero así no se hace el trabajo, no hay prelación”.

El próximo domingo 2 de junio se realizarán las elecciones 2024. De acuerdo con el INE, estos comicios son considerados los más grandes de la historia, pues participarán aproximadamente 98 millones de electores en 170 mil casillas a lo largo de la República Mexicana.

Debido a que la también conocida como “fiesta de la democracia” se llevará a cabo en domingo, es posible que algunas personas no trabajen y tengan el tiempo suficiente para ejercer su voto.

Si no es tu caso, aquí te contamos si puedes exigir el tiempo necesario para poder ejercer tu derecho al voto, en caso de que te toque trabajar el domingo 2 de junio.

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo sostiene que los trabajadores obligados a laborar en un día festivo, en este caso en el día de las elecciones, deberán recibir un salario diario normal más el doble.

Además de recibir lo equivalente a tres salarios, al ser domingo, tendrán que otorgarte el pago de la prima dominical que marca el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en caso de que acudas a laborar el domingo 2 de junio, sí deberán darte el tiempo necesario para ejercer tu derecho al voto.

Es obligación de los patrones conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, procesos de revocación de mandato.

Artículo 132, fracción IX.

En caso de que no te dejen salir de tu horario laboral para ir a votar, están incurriendo en un delito que puedes denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE).

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Ante la denuncia, la FEPADE les impondrá una multa de 5 mil 428 hasta 162 mil 855 pesos por no dejarte ejercer tu derecho al voto.