Los municipios mexiquenses verán fortalecidas las participaciones y aportaciones con un crecimiento de 6% en 2026, que serán adicionales a los recursos estatales. Además, se permitirá créditos con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, (FAIS) por más de 4 mil millones de pesos para sanear finanzas.

Esta posibilidad está contemplada en las leyes de Egresos e Ingresos de los Municipios del proyecto del Paquete Fiscal 2026, que deberá ser analizado por los legisladores la próxima semana.

Los documentos proyectan que las alcaldías mexiquenses pasen de ejercer 64 mil 847 millones 442 mil 468 pesos a 68 mil 848 millones 595 mil 593 pesos, es decir un incremento de 4 mil millones de pesos.

Lo anterior equivale a que diariamente se destinarán 188 millones 626 mil 289 pesos.

Las participaciones municipales ascienden a 38 mil 786 millones 378 mil 309 pesos.

En tanto, el concepto de aportaciones asciende a 26 mil 013 millones 243 mil 470 pesos, de ellos el FAIS, equivalen a 7 mil 641 millones 302 mil 858 pesos y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios es de 18 mil 371 millones 940 mil 612 pesos.

Mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) por segundo año, se autorizarán créditos para las alcaldías por un monto total de 4 mil 25 millones 397 mil 924 pesos.

Entre los municipios con mayores montos están, Ecatepec; 204 millones de pesos; Toluca, 188 millones 871 mil 864 pesos; Chimalhuacán, 180 millones de pesos; Nezahualcóyotl, 128 millones 853 mil 385 pesos; y San Felipe del Progreso, 116 millones 579 mil 827 pesos.

Cabe destacar que para acceder a los recursos deben comprometerse a saldar los montos antes de concluir el trienio, además de aplicarlos en inversiones públicas productivas como obras y acciones sociales para atender a la población en pobreza.

Asimismo, los municipios mexiquenses permanecen con la bolsa económica de 2 mil 500 millones de pesos del Fondo Estatal para el Fortalecimiento Estatal (FEFOM), que mantiene las mismas reglas de aplicación.

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez publicó la reforma al artículo 269 Bis del Código Penal estatal en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”; un hecho contundente implementado para la erradicación del acoso sexual al promover la denuncia, garantizar la atención y endurecer las sanciones para este delito.

Con el Decreto Número 216, la entidad mexiquense se suma al Pacto Xicoténcatl para homologar las leyes de protección a mujeres en todo el país que impulsa la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de eliminar vacíos legales, asegurar mayor protección y garantizar procesos penales con enfoque de derechos humanos.

• “Comete el delito de acoso sexual, quien realice una conducta de naturaleza sexual no consentida a persona de cualquier sexo, que lesione su dignidad o que sea indeseable para quien la recibe”, un solo acto es suficiente para denunciar.

• Especifica que también se considera esta falta en lugares públicos, instalaciones o vehículos destinados al transporte de pasajeros; ampliando la protección a víctimas en calles, mercados, terminales y transporte de pasajeros.

• Si esta conducta indeseable se realiza de manera reiterada, o aprovechándose de cualquier circunstancia de desventaja, indefensión o riesgo inminente de la víctima, la pena se incrementará en una mitad.

• En caso de que cualquier persona servidora pública integrante de instituciones policiales, de procuración o administración de justicia se niegue a recibir una denuncia por acoso sexual, o persuada a la víctima para no interponerla, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de 200 a 500 días de multa; además será destituida e inhabilitada de su cargo o comisión.

• La interpretación y aplicación de este delito deberá considerarse la perspectiva de género y los contextos de vulnerabilidad de la víctima.

Con este avance, la Mandataria estatal coloca al Estado de México como una de las primeras entidades en ajustar su legislación para fortalecer la persecución de estos delitos y evitar la revictimización durante la denuncia, refrendando su compromiso con las mexiquenses para garantizarles una vida libre de violencia y fortalecer el acceso a la justicia.

Está mañana se registró la explosión de un polvorín en la zona de Canalejas y La Viga en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. En el lugar se encuentran servicios de emergencia atendiendo la emergencia.

El gobierno municipal informó que la explosión del polvorín se registró alrededor de las 11:00 horas, en la comunidad de El Hielo, en un predio ubicado en el kilómetro 23 de la carretera Naucalpan-Toluca, en paraje La Viga.

Añadió en un comunicado que después de suscitados los hechos elementos del Sistema Municipal de Emergencias 24/7 de Huixquilucan y Cruz Roja Mexicana se trasladaron al sitio para atender la explosión del polvorín.

Añade que los primeros reportes señalan que el establecimiento operaba de manera clandestina, ya que no contaba con los permisos de la Defensa para el manejo de pólvora y explosivos.

Hasta el momento, se reportan cinco personas lesionadas del sexo masculino, de 18, 19, 20, 22 y 42 años de edad, quienes son trasladados a hospitales de la zona para su atención; además se registró un hombre fallecido.

Los servicios de emergencia, tanto del gobierno de Huixquilucan como del Estado de México, laboran en el sitio para atender a las personas lesionadas y eliminar otros posibles riesgos.

El Ayuntamiento añadió en su comunicado que se mantiene atentos para seguir brindando los servicios que se requieran y el apoyo a las personas afectadas, tras esta explosión.

El Gobierno del Estado de México presentó una iniciativa de reforma al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), como parte del Paquete Fiscal 2026, que establece un incremento gradual en la edad de jubilación, pasando de los actuales 60 años a 65 años para 2029, además de modificar requisitos de años de servicio y modernizar procedimientos administrativos.

Estos cambios forman parte de las propuestas al Código Financiero del Estado y Municipios para 2026, que buscan garantizar la sostenibilidad financiera del instituto ante el crecimiento sostenido de su población pensionada y la disminución en la relación trabajadores activos por pensionado, que actualmente es de cuatro a uno.

De acuerdo con el documento, la iniciativa responde a la crítica situación financiera que enfrentan los sistemas de pensiones en la entidad mexiquense, caracterizada por el envejecimiento de la población, el aumento en la esperanza de vida —de 72.3 años para hombres y 78.6 años para mujeres en 2025—, así como la disminución en la proporción de trabajadores activos por pensionado.

Según los datos presentados, el ISSEMyM ha experimentado un crecimiento del 547% en su población pensionada en los últimos 24 años, pasando de 14 mil 300 personas en el año 2000 a 92 mil 532 en 2024, con proyecciones de alcanzar 140 mil pensionados para 2030.

Para 2026 se tiene proyectado destinar 46 mil 863 millones 078 mil 207 pesos, 2.8 mil millones más que durante este año, de los cuales 38 mil millones son recursos de libre disposición y 8 mil millones corresponden a aportaciones estatales. Dentro del presupuesto autorizado se incluye una asignación de 26 mil 212 millones de pesos para el pago de pensiones.

La reforma modifica los requisitos para acceder a los diferentes tipos de pensión. Para la jubilación, se incrementará progresivamente la edad requerida a 63 años en 2027, 64 años en 2028 y 65 años en 2029, manteniendo el requisito de 35 años de servicio. Actualmente, la edad requerida es de 60 años.

Para la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se mantienen los 65 años de edad y 17 años de cotización. En la pensión por retiro en edad avanzada se establece como requisito 70 años de edad y 15 años de cotización, eliminando la posibilidad anterior de acceder con menor edad.

La reforma establece que los cambios no serán retroactivos; quienes cumplan con los requisitos vigentes al momento de la entrada en vigor mantendrán sus derechos. Los nuevos requisitos aplicarán para quienes reingresen al servicio público después de una separación mayor a seis meses y un día a partir del 1 de enero de 2026.

En cuanto a modernización administrativa, se implementará una plataforma digital que permitirá consultar en línea los periodos cotizados, agilizando trámites de pensión. También se fijan plazos de 30 días hábiles para emitir dictámenes, salvo cuando se requiera verificación de años cotizados.

Asimismo, la reforma faculta al ISSEMyM para suscribir convenios de pago con municipios e instituciones con adeudos por aportaciones, lo que podrá incluir reestructuras de plazos y la afectación de participaciones federales como garantía, con autorización del Consejo Directivo y acuerdo de cabildo.

Se modifica la integración del Consejo Directivo del ISSEMyM, que incluirá representantes de los tres poderes del estado, municipios, sindicatos y pensionados. La Comisaría, a cargo de la Secretaría de la Contraloría, participará con voz pero sin voto, y se incorpora como invitada permanente una representación de la Consejería Jurídica.

Se implementarán mecanismos de supervisión reforzados mediante auditorías específicas del Órgano Interno de Control del ISSEMyM y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para verificar convenios de pago y uso de recursos.

Con esta reforma se busca equilibrar las finanzas del instituto sin afectar derechos consolidados, mediante una transición ordenada que permita al ISSEMyM adaptarse a desafíos demográficos y financieros, garantizando la continuidad del sistema de seguridad social para futuras generaciones.

Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron las propuestas de tarifas de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales para 21 municipios, entre ellas ajustes diferenciados para Coacalco, Cuautitlán y Huixquilucan.

En total, tres municipios plantearon aumentos o reducciones y 18 solicitaron mantener las tarifas vigentes para 2026, aplicando únicamente el ajuste correspondiente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las comisiones también exhortaron a todas las demarcaciones involucradas a reforzar acciones de recaudación y administración del servicio.

Durante la reunión de dictamen, las comisiones de Legislación y Administración Municipal, Finanzas Públicas y Recursos Hidráulicos autorizaron:

Coacalco: aumento de 4% en tarifas de uso doméstico y no doméstico.

Cuautitlán: reducción de 22% en uso comercial y 14% en uso industrial.

Huixquilucan: incremento de 15% en tarifa residencial media.

La diputada Jennifer Nathalie González (Morena) votó en contra del aumento solicitado por Huixquilucan al considerar que el municipio requiere primero una mejora administrativa.

Para 2026 se ratificaron las tarifas vigentes en:

Acolman

Amecameca

Atizapán de Zaragoza

Atlacomulco

Cuautitlán Izcalli

El Oro

Jilotepec

Lerma

Metepec

Naucalpan

Nicolás Romero

Tecámac

Tepotzotlán

Tlalnepantla

Toluca

Tultitlán

Valle de Bravo

Zinacantepec.

El diputado Gerardo Pliego pidió que los organismos de agua aumenten sus inversiones en reparación y ampliación de redes. Aseguró que, en promedio, solo 37 de cada 100 metros cúbicos suministrados se cobran, debido a fugas, rezago en pagos y deficiencias administrativas.

Mencionó que el organismo de Toluca recibió una deuda de 500 millones de pesos, con una inversión anual de 150 millones pese a un presupuesto de 1,500 millones. Reconoció, además, a las demarcaciones que no solicitaron incrementos para el próximo año.

El diputado Octavio Martínez pidió transparentar las finanzas de los organismos operadores, pues aseguró que existen casos de doble contabilidad y dependencias que no pagan su propio consumo. También señaló que, en municipios como Ecatepec, solo 15 de cada 100 usuarios pagan el servicio, lo que agrava la operación.

Desde el PVEM, la legisladora Miriam Silva consideró que la crisis de abasto es resultado de ineficiencia municipal y de la ausencia de una política hídrica integral.

La diputada Leticia Mejía (PRI) advirtió que la falta de infraestructura adecuada impacta el servicio y planteó destinar parte de la recaudación a rehabilitación y modernización de la red.

Finalmente, la legisladora Ruth Salinas (MC) afirmó que las actualizaciones a tarifas representan un mayor pago para los contribuyentes, pese a que la distribución de agua ha disminuido. “Los municipios buscan cobrar más por un servicio que ha empeorado”, sostuvo.