El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) obtuvo la Certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) otorgada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), convirtiéndose en el único aeropuerto certificado en 2025 bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-064-SCT3-2023.

La certificación avala que la terminal aérea cumple con los estándares nacionales e internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de seguridad operacional y gestión de riesgos.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, el proceso se realizó a través de cuatro fases de evaluación, en las que se verificó la implementación de protocolos de seguridad, gestión de riesgos y mejora continua en las operaciones aeroportuarias.

El cumplimiento de estos requisitos permitió al AIFA obtener el aval oficial dentro del nuevo marco regulatorio establecido por la NOM-064-SCT3-2023.

La certificación representa un avance para el sector aeronáutico nacional, al fortalecer la armonización regulatoria y elevar los estándares de seguridad en el transporte aéreo, expresó el AIFA mediante un comunicado.

Autoridades destacaron que este reconocimiento también contribuye a mejorar la competitividad de la aviación mexicana y a consolidar prácticas alineadas con las normas internacionales.

El aeropuerto se ubica en el municipio de Zumpango, Estado de México (EMX), en la zona de Santa Lucía, y forma parte de la red aeroportuaria que atiende la demanda aérea del centro del país.

Con esta certificación, el AIFA refuerza su posicionamiento como infraestructura clave dentro del sistema aeroportuario nacional.

En poco más de un mes, 44 personas fueron detenidas en el Estado de México por hacerse pasar como integrantes de la Fiscalía mexiquense o de otras corporaciones de seguridad; utilizaban prendas, insignias y vehículos con características oficiales para intimidar a víctimas y presuntamente cometer extorsiones, secuestros y robos con violencia.

Las detenciones se realizaron del 19 de enero a la fecha en acciones coordinadas entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad y corporaciones municipales.

A los implicados se les investiga por simulación de vehículo oficial, uso indebido de uniforme o insignias, portación y disparo de arma de fuego, entre otros delitos.

De acuerdo con las indagatorias, los detenidos instalaban filtros de seguridad irregulares donde efectuaban revisiones a vehículos particulares y de carga.

Tras seleccionar a sus víctimas, solicitaban documentos y advertían sobre supuestos reportes de robo o vínculos con hechos delictivos; bajo esa premisa exigían dinero para no presentarlos ante la autoridad ministerial o los obligaban a llamar a familiares para realizar transferencias.

En carreteras como México-Pachuca, México-Querétaro y Arco Norte, los implicados mostraban insignias apócrifas y encendían luces estroboscópicas para obligar a operadores de transporte a detenerse; después de inspeccionar unidades y mercancías, en algunos casos proporcionaban información a otros sujetos que más adelante interceptaban a los conductores para despojarlos de vehículos y carga.

Durante las acciones operativas se aseguraron armas de fuego, réplicas, cargadores, cartuchos útiles y diversas dosis de narcóticos, además de vestimenta con colores, escudos y leyendas similares a las utilizadas por corporaciones oficiales.

Entre los casos recientes destaca la detención de seis personas en Huehuetoca que viajaban en una camioneta con luces estroboscópicas; tras una persecución se les aseguraron armas y prendas con insignias.

En Acambay, dos individuos fueron interceptados en la carretera Panamericana cuando circulaban en un vehículo con aditamentos similares; portaban gorras y chamarras con leyendas institucionales sin acreditar pertenencia.

En Tultitlán, otro conductor que afirmó ser integrante de la Fiscalía fue detenido luego de accionar un arma de fuego contra agentes.

Las personas aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público y se encuentran en distintas etapas procesales ante un órgano jurisdiccional; se les considera inocentes hasta que exista sentencia condenatoria en su contra.

El Estado de México dispondrá de cerca de 200 mil espacios en educación media superior para el ciclo 2026-2027 bajo el esquema de asignación directa sin examen de admisión, de acuerdo con la Secretaría de Educación del Estado de México, que precisó que la oferta cubrirá los 103 municipios bajo competencia estatal, mientras la federación atenderá la zona conurbada del Valle de México.

Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de educación estatal, indicó que la planeación se estructuró con base en la demanda proyectada y en la capacidad instalada de los planteles públicos, en un escenario de estabilización de la matrícula derivado del comportamiento demográfico en la entidad.

La convocatoria para el ingreso ya se encuentra activa y forma parte del nuevo modelo nacional que elimina el examen de selección como requisito de acceso al bachillerato público, con el propósito de ampliar la cobertura y evitar que aspirantes queden fuera del sistema educativo en una de las entidades con mayor volumen de estudiantes del país.

“Hay suficientes espacios para todos, todos los alumnos tienen un lugar, eso que quede claro, estamos trabajando para que ningún alumno se quede fuera y, en el caso del nivel medio superior, estamos ofertando más o menos cerca de 200 mil espacios en la parte estatal, mientras la federación atiende la zona conurbada”, afirmó el secretario.

En el nivel superior, el funcionario señaló que universidades públicas estatales ajustarán su capacidad académica para absorber a quienes egresen del bachillerato bajo este esquema, en coordinación con autoridades federales, con el objetivo de mantener continuidad en el acceso a estudios profesionales.

La autoridad educativa agregó que el alumnado inscrito en planteles públicos de media superior conservará el acceso a la Beca Benito Juárez, apoyo federal dirigido a fortalecer la permanencia escolar, como parte de la estrategia de cobertura universal en prepa y universidad en territorio mexiquense.

Tener terreno propio ya no será suficiente: ahora jóvenes mexiquenses de entre 18 y 29 años podrán acceder a un paquete gratuito para construir su vivienda a través del programa ‘Mi Primer Hogar’, impulsado por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS).

El esquema busca atender a personas sin casa propia que viven en condición de pobreza o con carencias en calidad y espacios de vivienda, siempre que cuenten con un predio a su nombre.

El programa no entrega dinero en efectivo. Consiste en un paquete de materiales para la autoconstrucción o autoproducción, cubierto al 100 por ciento por el Gobierno del Estado de México (GEM) encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con la convocatoria difundida en el Diario Oficial del Estado de México, el terreno debe cumplir condiciones específicas; mínimo 80 metros cuadrados (8×10); no estar en zona de riesgo o restricción ecológica; tener acceso a servicios públicos e inclinación menor al 3 por ciento. Además, el beneficiario deberá aportar mano de obra y cumplir con verificaciones.

¿Quiénes pueden aplicar?

Jóvenes de 18 a 29 años

Residentes del Estado de México (EMX)

Sin vivienda propia

En situación de pobreza o hacinamiento

Con terreno propio acreditado

Es importante señalar que se dará prioridad a personas con discapacidad, madres o padres solteros, víctimas de violencia, indígenas, habitantes de zonas rurales o afectados por desastres naturales.

El trámite es personal y gratuito. Se realiza primero mediante prerregistro en línea (SIPRESOL) y posteriormente de manera presencial en módulos.

Autoridades advirtieron que proporcionar información falsa o usar el apoyo con fines distintos puede generar sanciones, incluyendo la inhabilitación por cinco años.

El programa forma parte de la estrategia estatal para ampliar el acceso a vivienda social y atender el rezago habitacional en jóvenes, uno de los sectores con mayores dificultades para independizarse en la entidad más poblada del país.

Con ‘Mi Primer Hogar’, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez apuesta por impulsar la autoconstrucción como alternativa real para que nuevas generaciones levanten su propio patrimonio.

Áreas como ginecología y obstetricia, odontología general, cirugía pediátrica, medicina familiar, urgencias y medicina general son las áreas médicas más señaladas ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM), además de los sectores administrativos al interior de las unidades médicas, tanto de carácter público como privado.

En una revisión del Informe de Actividades 2024, de este organismo —el más reciente publicado a través de su sitio oficial se identificó que del total de inconformidades presentadas ante este organismo, al menos 91 procedimientos concluyeron.

De este total, 21 estuvieron relacionadas con especialidades odontológicas; 11 con cirugía general; seis, ginecología y obstetricia; seis de traumatología y ortopedia; cuatro de urgencias; así como tres de cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Con dos casos cada una se encuentran urología y algún tipo de trámite o atención administrativa, oftalmología; y con un caso, respectivamente, se encuentran cirugía pediátrica, medicina familiar, medicina interna, neonatología, neurología, otorrinolaringología, otras especialidades o profesiones del área de la salud (enfermería).

En cuanto a los servicios relacionados, se debe hacer una precisión, ya que el sector salud se divide en instituciones públicas y privadas, en las públicas se consideran las instituciones como Issemym, IMSS e ISSSTE) y las instituciones sin seguridad social (ISEM, DIFEM e IMIEM); en las instituciones privadas, junto con la asistencia privada (Cruz Roja Mexicana) se considera a clínicas y hospitales privados.

En este informe se indica que el número de inconformidades atendidas del sector privado fueron 558, siendo cinco de asistencia médica privada (Cruz Roja Mexicana) y 553 de instituciones propiamente privadas.

Del sector público fueron 710 de las instituciones con seguridad social (Issemym, 342; IMSS, 315; ISSSTE, 50; Sedena, dos; Servicios Médicos Estatales, una) y 390 sin seguridad social (ISEM, 330; DIFEM, 15; IMIEM, 16; Servicios de Salud IMSS-Bienestar, 17; Secretaría de Salud, siete; DIF, tres; IMSS-Bienestar, dos).

De otras, fueron 421 (tres de otras instituciones, 415 sin prestador del servicio implicado y tres usuarios no proporcionaron información).

En total se atendieron dos mil 79 inconformidades, brindando orientación y asesoría a los usuarios y gestionando su atención cuando así lo ameritaba. Se recibieron 91 quejas, de las cuales 51 fueron conciliadas, en 11 se emitieron opiniones técnico médicas y 16 remisiones y vistas a otra instancia; nueve desistimientos; dos ventiladas ante la FGJEM; un sobreseimiento y un desistimiento.

Los procesos se llevaron a cabo de manera ágil y eficiente, brindando a los pacientes una respuesta oportuna y justa a sus reclamos, evitando largos procesos legales.

Por otro lado, se emitieron 114 dictámenes técnico-medico institucionales como apoyo a instituciones administrativas e impartidoras y procuradoras de justicia, los cuales se efectuaron con total imparcialidad y siguiendo un proceso de transparencia.

Cabe señalar que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 precisa que uno de los objetivos es “contribuir por un sistema de salud más justo y equitativo en beneficio de las y los usuarios que decidan acudir para que su inconformidad sea atendida, así como a las diversas instituciones que soliciten la intervención de esta Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México en el ámbito de sus funciones y atribuciones».

En el Estado de México operan más de 2 mil centros contra las adicciones, de los llamados anexos, pero de estos sólo 14 tienen registro formal para poder operar, aunque se estima que al menos la mitad sí cumple con un perfil adecuado en cuanto a costos, nivel de tratamiento y buenas prácticas y en la otra mitad podrían existir diversos problemas, entre ellos violaciones a los derechos humanos, reconoció el titular del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, José Raúl Naveda López.

En entrevista durante una visita al Congreso local para analizar la iniciativa de Ley de Salud que envió la gobernadora, el funcionario estatal indicó que el último censo que tienen data de 2013 y en ese entonces se calculaba que existían mil 500 centros en todo el Estado de México; ahora, con el alto nivel de demanda, se estima que la cifra puede superar los 2 mil centros.

Esta cifra, indicó, amerita contar con una infraestructura de recursos humanos muy amplia para poder supervisar todos estos espacios. Actualmente, el sector salud cuenta con un Comité de supervisión, conformado por la Fiscalía estatal, la Comisión de Búsqueda del Estado de México, áreas de salud que atienden a pacientes y áreas que supervisan temas sanitarios. Llevan a cabo entre dos y tres supervisiones al mes, con el fin de ubicar y corregir las fallas que pudieran existir en los centros.

Con el Comité se llevan a cabo revisiones integrales y se logra hacer un trabajo regular, donde se toman en cuenta muchos rubros, no sólo de salud, “donde se hace un trabajo sólido, aunque es a paso lento”. Actualmente existen 14 centros residenciales reconocidos, aunque aclaró que los reconocimientos los emite la Comisiona Nacional de Salud Mental y Adicciones, “y al Comité sólo le toca supervisar que todas las reglas se cumplan”.

El funcionario estatal aclaró que los centros no están obligados a contar con la certificación, pero sí con las licencias sanitarias, por lo cual algunos recurren a reconocimientos internacionales o de otro tipo.

El que no cuenten con registro nacional no significa que operen mal o con deficiencias, pues al menos la mitad de los espacios cumplen absolutamente con todo, simplemente no han tenido acercamiento con el Instituto.

Las denuncias que reciben de la población suelen incrementarse a finales y principios del año, donde la gente busca apoyo para mantenerse en abstinencia, aunque muchas veces las inquietudes son por el tipo de servicio, porque no es integral, generalmente obedece a apoyo mutuo, sin atención psicológica ni psiquiátrica, “pero eso no es ilegal, simplemente es un método distinto, aceptable en diversas partes del mundo”.