Apostadas desde junio en un plantón en Toluca, esposas y madres de indígenas presos en el Estado de México por homicidio esperan que el nuevo gobierno estatal revise las anomalías que, acusan, los tienen encarcelados desde hace varios años.
La vocera del colectivo Haz Valer mi Libertad, Lady Placido, aseguró que se trata de indígenas injustamente presos e inclusive de un líder comunitario considerado preso político. En todos los casos, las detenciones y juicios estuvieron plagados de irregularidades, afirmó.
En entrevista, Placido desgranó sus historias: Tomás Gabriel Crisanto, un otomí de Temoaya, tiene una condena de 44 años por un homicidio con arma de fuego en una pelea en 2013 en la que, dijo, no participó. Sin hablar español, fue golpeado, obligado a firmar una declaración y careció de intérprete en el proceso.
Carlos Martínez Reyes, un mazahua ex policía municipal de Villa Victoria, paga una sentencia de 70 años por un homicidio en 2015. El Ministerio Público acusó que él y otros tres policías entraron a la casa de la víctima y dispararon, pero Placido indicó que ni arma de fuego tenía para sus labores.
Tomás Martínez Mandujano, un albañil y líder de la comunidad indígena de Llano Grande Azcapotzaltongo, en Nicolás Romero, fue condenado a 47 años tras ser detenido en 2022 por la muerte de un agente ministerial en una pelea con pobladores en 2020. Su defensa ha acusado que no participó.
“No existen en ninguno de nuestros casos pruebas científicas y técnicas que acrediten la participación”, planteó la activista.
Las familias de los indígenas mantienen un plantón afuera del Palacio de Gobierno, en la plaza central de Toluca, desde el 1 de junio pasado junto con parientes de otros presos que el colectivo formado en 2020 acompaña, algunas veces encadenándose las manos.
Placido expuso que notan una apertura a ser escuchadas desde que la gobernadora Delfina Gómez asumió el cargo en septiembre pasado, pues la administración pasada no mostró interés en los casos de indígenas presos en el Estado de México.
La gobernadora las ha saludado y pedido que sean pacientes para la revisión de los casos, mientras que el colectivo ya se ha reunido con el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, y con otro funcionario, detalló.
“Es lo que hasta ahorita tenemos, esa apertura de escucha y de que nos dijeron que algo van a hacer con los injustamente presos, pero hasta ahorita como tal no hemos tenido algo que nos dé una luz de decir pues sí van a liberar a los inocentes”, añadió.
Para el colectivo, el nuevo gobierno es “una esperanza grande” para que el sistema de justicia del estado se trasforme y deje atrás malas prácticas cometidas en gobiernos priístas pasados, las cuales Placido atribuyó a una desigualdad y discriminación estructural.
Ella formó el colectivo mientras defendía el caso de su hermano, Daniel Placido, un herrero preso desde 2015 por el secuestro de un taxista en Toluca y sentenciado a 65 años con sólo el testimonio del chofer. Cuando el plagio ocurrió, su hermano realizaba un trabajo para una empresa que aportó la prueba en el proceso, pero no fue tomada en cuenta, dijo.
“No defendemos a personas delincuentes sino a personas a quienes les fabricaron un delito solamente por su rostro, por su pertenencia socioeconómica, por su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena”, aseguró.
Placido manifestó que el encarcelamiento de inocentes ha resultado “catastrófico” para los parientes: problemas de salud y económicos, estigmatización y en algunos casos familias rotas. Crisanto, el otomí, recibió en la cárcel la noticia de que su hija murió de leucemia, ejemplificó.
“Queremos decirle (a la gobernadora) que en nosotros tiene una aliada para realmente hacer justicia en el Estado de México, que es de lo que estamos necesitados, hambre de libertad real y justicia”, añadió.
